El tema de los abusos, denuncias y su abordaje en instituciones educativas, cobra notoriedad al llegar a duros estallidos de violencia. Como pasó este miércoles 9, en el Jardín 406 de Comodoro, en Chubut. En una situación similar a la vivida en el Jardín Nº 1.000 de La Matanza. Sin llegar a estos extremos de tensión, se han dado otros hechos en el país y la Provincia.
En abril hubo denuncias hacia una auxiliar del Jardín N° 919 en Mar del Plata. En mayo, contra un profesor de la Técnica 11 de Santiago del Estero. En junio, en la Normal de Virasoro en Corrientes. En julio, en el Jardín 31 de Neuquén. En agosto se confirman las denuncias del Colegio Del Salvador por un jesuita profesor, pero por hechos de 20 años atrás.
En ese mes también, en un jardín de San Miguel, en José C. Paz; hacia un docente en Aimogasta, La Rioja; en la Primaria N° 12 de Gral. Rodríguez y en una escuela de Paraná, Entre Ríos. En setiembre, hacia un profesor del colegio San Francisco de Sales, del barrio porteño de Almagro. Y en octubre, en el colegio marista Ceferino Namuncurá de Cinco Saltos, en Río Negro.
También se dan denuncias de abuso entre menores: En mayo, en La Pampa, en julio en el colegio secundario platense Nuestra Señora de Fátima. En setiembre, en la Primaria del barrio Ayacucho, en Córdoba. En octubre, en Godoy Cruz de Mendoza; en Tartagal, Salta y en la Primaria N° 60 de Moreno. Un problema complejo que requiere un abordaje adecuado.
Situaciones que generan tensiones, protestas, debates
Para reflexionar sobre eso y avanzar en las posibles directrices para intervenir, queremos analizar en profundidad el caso contra el docente Lucas Puig, por denuncias de abuso sexual y corrupción agravada de dos menores (de 3 y 4 años en aquel entonces), en un jardín católico de La Plata. Porque este caso generó y sigue provocando intensas polémicas, con posturas diferentes en la docencia, entre los gremios y las corrientes de la Multicolor.
En particular, luego del fallo de agosto que lo condenó a 35 años de cárcel, al reabrirse el caso por disposición del Tribunal de Casación Penal de la Provincia, después que Puig ya había sido absuelto en noviembre de 2015, en un juicio oral y público.
Desde un comienzo, en el año 2010, este caso estuvo cruzado por polémicas, controversias y críticas a la justicia, de un lado y del otro. Con marchas importantes y el apoyo que recibía este profesor de música, acusado de abuso en el colegio privado “San Benjamín” de Los Hornos en La Plata.
Con apoyos de parte de la comunidad y del personal jerárquico, de docentes, supervisores y de gremios como SUTEBA, UDOCBA y SADOP. Se planteaba, hasta unos días antes del fallo del 2015, lo débil de la acusación.
Absolución después de años y posterior nulidad del juicio
Los elementos considerados hasta entonces y esa sentencia, vendrían a darles la razón en cierta medida, ya que Puig fue absuelto en noviembre de 2015, después de 5 años y 7 meses de proceso. Fue un fallo por mayoría del Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, con un voto por su absolución directa (Moya Panisello), por su absolución ante el beneficio de la duda (Andrés Vitali) y por su condena (Carmen Palacios).
Las familias de las víctimas recurrieron entonces a la Cámara de Casación Penal que, un año después, declaró la nulidad y ordenó rehacer el juicio. El mayor argumento fue que los hechos habrían ocurrido “al menos desde el año 2009, luego de las vacaciones de invierno, y hasta por lo menos el 13 de marzo del año 2010”. Es decir, por un período muchísimo más largo y no solo en marzo de 2010.
La decisión de volver a juzgar a alguien por el mismo delito, fue resuelta por dos jueces cuestionados, uno de ellos el ex juez Martín Ordoqui, que se encuentra hoy detenido por integrar una asociación ilícita para cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos.
En este nuevo juicio, iniciado el 14 de junio, el fiscal pidió 25 años de condena y los abogados de las familias, 40. La defensa insistió con su inocencia, pero el 30 de agosto y por unanimidad, el Tribunal decidió condenar a Puig por entenderlo autor penalmente responsable.
La dura condena es por incorporar y sumar delitos muy graves: “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante de dos hechos en concurso real”. Por el “uso de arma” en un caso (amenaza con cuchillo). Y en ambos “en concurso ideal con corrupción de menores agravado por ser encargado de la educación”. Por ello le dictan 35 años y fue detenido.
Las víctimas hablan, condena a 35 años
¿Qué cambió? Lo principal es que las víctimas hablaron. Ya en el primer juicio, si bien las pericias del tipo cámara Gesell tenían acuerdo en que hubo abusos, no pudo determinarse su autoría. Ahora, ya siendo adolescentes de 15 y 16 años, las víctimas dieron su testimonio y lo señalan como responsable.
Las transcripciones de sus relatos así lo describen: “No es algo lindo de recordar. Yo quiero que se condene a Lucas Puig por lo que me hizo a mí y a E. Quiero que se me escuche” (ver página 95 del fallo) La otra víctima, al preguntarle si quería agregar algo, concluye en igual sentido: “Yo quiero que se lo condene y se lo meta preso. Él tiene que pagar por todo esto que nos hizo a nosotros” (pág. 96 del fallo).
En muchos casos la condena puede sentirse como el alivio o la “justicia” que en algún punto se necesita. Aunque todo el proceso tiene mucho de cuestionable. Por eso, luego de este nuevo juicio, pasaron a ser los abogados y familiares de Puig quienes plantean apelar por “someterlo ilegalmente por segunda vez a un juicio, redireccionando la nueva acusación”. Incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que Lucas resultó absuelto tras 25 jornadas de juicio, donde se escucharon más de 45 testigos, peritos y hasta concurrió el Tribunal que lo juzgó en aquella oportunidad, a recorrer y revisar el establecimiento (El Día, 23/9).
Un poder judicial patriarcal, machista y oportunista
Desde el inicio del proceso en 2010, se reubicó a Lucas en otras tareas, sin estar con menores. Una correcta separación preventiva mientras se investiga. Entonces se denunciaron inconsistencias en el proceso, se habló de la “familia judicial”, de vínculos con la parte acusadora y que no se incorporó todo el material probatorio administrativo. Pero esa “justicia” cuestionada, decidió absolverlo.
Como todo proceso judicial, el peso está puesto en la intención de condenar o absolver. El problema es que no se garantiza una investigación seria ni la búsqueda de la verdad. Seguramente, el fallo de ese primer juicio contuvo a Lucas, a su familia y a quienes lo defendían.
Pero no hubo investigación sobre quién o quiénes habrían sido autores de los abusos, ya que se dictaba la absolución de Puig. Seguro las víctimas se sintieron desamparadas y dejadas de lado. La justicia no investigó más sobre la autoría de los abusos, sabiendo incluso que este colegio tuvo denuncias en 2004, cuando estaban los “curas italianos”.
Entonces se tomaron algunas medidas parciales, pero nadie fue investigado y nada más se supo. Pese a que el tema se lo menciona varias veces en las preguntas a testigos del jardín en el nuevo juicio, tampoco se continuó la investigación para encontrar posibles responsables.
Las dos familias de las víctimas siguieron con su apelación y el caso fue reabierto. La familia de Puig denunció entonces que, con “un proceso viciado de ilegalidad, se torció ese fallo”. Aunque sus presentaciones fueron desestimadas en varias instancias. Ahora apelan a la Corte Interamericana.
Comisión Investigadora Independiente para ir a fondo
Muchas preguntas surgen de todo esto. Al tratarse de una justicia patriarcal, en un sentido integral, que pasa de justificar a la mayoría de los denunciados varones, en base a una cultura machista; a juzgar y condenar en muchos casos por presión social y sin mucha investigación.
Se podría sentir tranquilidad al pensar que eso es mejor, pero no es lo que una justicia con perspectiva de género debería contemplar. Las prácticas del proceso judicial están plagadas de maltratos y dilación, sin hablar de la falta de políticas reales para las víctimas.
Las complejidades del proceso, con las idas y vueltas de esta “justicia”, generan más incertidumbre que certezas y requieren de una investigación seria, que actúe con independencia del proceso judicial viciado. Con intervención de especialistas en educación, en género, peritos y otros integrantes de conducta incuestionable, reconocidos por todos.
Por eso propusimos una Comisión Investigadora Independiente, que garantice buscar la verdad, alcanzar a todos los responsables, con distintas hipótesis, analizar los hechos y testimonios, asegurando la perspectiva integral de género para no re-victimizar a las víctimas, pero acompañándolas para encontrar justicia.
Esto es importante porque no creemos que la docencia deba dividirse en tomar posición sobre la inocencia o culpabilidad. Sí reclamar una investigación autónoma que escuche a las víctimas. Y dé garantías de un proceso lo más imparcial posible, sin los parámetros de esta “justicia” cuestionada.
Por esta razón, en el Plenario de SUTEBA Multicolor realizado el 9 de setiembre, no compartimos que desde Tigre se insistiera en poner a votar una moción sobre la condena a Puig, porque no se había debatido en las escuelas, no estaba en el mandato propuesto colectivamente y no la veíamos correcta.
Tampoco tuvo apoyo esa moción de Bahía Blanca ni de otras agrupaciones, por lo que el resultado fue un voto muy dividido: 56% a 44%. Estos temas se deberían poner en debate. No dividir ni forzar a que se nos definamos por si alguien fuese inocente o culpable. Porque no es el rol de la docencia.
Los reclamos docentes y las denuncias de abuso
Las denuncias de abuso, las corroboradas o las que no se logran comprobar, se ligan a una situación escolar que no puede eludirlas “per se”. Porque en estos casos saltan a la luz las condiciones de trabajo extremadamente deficitarias. Las que denunciamos y reclamamos como docentes, junto a SUTEBA Multicolor, trabajadores de la educación y las propias familias, pero que este gobierno de Kicillof y los anteriores, con Vidal o Scioli, no han atendido ni resuelven.
Ante escuelas sin recursos, sin personal, con espacios pequeños y lugares reconvertidos para el ámbito escolar, pero sin las comodidades ni los requerimientos necesarios para eso. Además de la carencia o falta de aplicación de un protocolo preventivo y de asistencia concreta ante las denuncias. Se constituyen así en grandes problemas a la hora de tocar estos temas.
La no aplicación de protocolos y esas carencias, exponen a cualquier docente a una posible denuncia, ante situaciones problemáticas que surgen en la convivencia. Carencias que tampoco actúan en poder detectar si hubiere alguna situación de abuso, en qué ámbito y cómo. El reclamo de docentes y auxiliares, evidencia que esto no puede separarse.
Por ejemplo, hay veces que les niñes quedan esperando a su familia en la escuela, porque no vienen a buscarles, no pueden, trabajan o no resulta posible ubicarlas. Esa acción que busca cuidar a las infancias podría derivar en reclamos, según la reacción familiar. ¿Cómo actuar con poco personal, ante una emergencia sanitaria? ¿Ante una agresión o para ayudar a cambiarse? Ocurre que algunas de estas situaciones terminan en reclamo o en denuncias, por responsabilidad del gobierno que no garantiza lo necesario.
Otra dificultad es la falta de aplicación real de la ESI, Educación Sexual Integral. Si bien se avanzó, es desigual y la negativa suele venir de las familias, en el marco de infancias más sexualizadas, pero con poca información real incorporada, lo que no preserva a les niñes.
Todo esto lleva a un sector de la docencia a sentirse cuestionada injustamente. Y se plantea “con les niñes no, con la docencia tampoco”, como expresión de quienes deben actuar en soledad, ante la no intervención de la Dirección de Escuelas, del gobierno y las otras instituciones o áreas del Estado.
Hay cambios que nos obligan a reflexionar
Tenerlo presente es clave para intervenir correctamente. Porque en el proceso hubo movilizaciones y críticas justificadas a la justicia, de las que participamos. Y un sector que siente: “no vienen solo por Lucas, vienen por todos”. Que éste como otros casos podría ser un “caso testigo” para sentar precedente. Pero el punto es que ahora se escuchó a las víctimas. Tuvieron voz. Y por supuesto, eso nos convoca a reflexionar sobre todo el proceso.
Partimos de no dudar de sus palabras y en esto, el planteo de Comisión Investigadora es clave porque estamos ante una justicia patriarcal, que no cree en las víctimas. La proponemos como un dispositivo real, que permita poner en marcha a todos los actores a investigar a fondo.
¿Cómo tener certeza sino, que se buscó la verdad y no solo condenar? ¿Cómo asegurar que los testimonios, las pruebas y todo lo aportado, fueron examinados sin dejar lugar a duda, de manera imparcial, a fondo, considerando todas las contradicciones e inconsistencias y que resulta la verdad?
Para la comisión de familiares de Lucas Puig, resulta inadmisible pedir que se investigue así, porque sostienen su inocencia, más allá de los testimonios de las víctimas. Hay agrupaciones de la Multicolor en SUTEBA que lo ven también así e insisten en reclamar que se anule el juicio, esencialmente para lograr su libertad y su absolución. En cambio, para las familias de las víctimas, esta condena es reparadora bajo la firme posición de culpabilidad del profesor de música.
Como docentes no debemos ponernos de un lado u otro. Sí ser más cautelosos, garantizando el acompañamiento a las víctimas y una legítima defensa. Más allá de las posturas de quienes tengan posición sobre su inocencia o no, porque esto genera debates y posiciones en un sentido u otro, naturalmente también dentro de cada una de nuestras organizaciones. Incluso ante la nueva situación, escuchando a las víctimas, vemos necesaria una investigación independiente que supere todo lo irregular del proceso para alcanzar la verdad.
Los debates en la Multicolor y el momento actual
Por todo esto es que damos batalla en la Multicolor para no insistir con consignas que quizá, antes de la palabra de las víctimas y alejadas de la ola feminista, pudieran ser vistas como correctas. Es necesario reformularlas, sin dejar de denunciar a los gobiernos, a esta (in)justicia y a las deficientes condiciones de trabajo, pero en un nuevo momento que llama a la reflexión.
Allí donde la docencia se siente atacada, sabiendo los sinsentidos “judiciales”, una comisión independiente da ese marco para poder ver que es posible tener en cuenta la voz de las víctimas que necesitan que les crean. Porque nuestra docencia es feminista y debe partir de creer, pero al servicio de investigar a fondo. Para lograr superar todas las contradicciones o inconsistencias y así despejar hasta la última duda, en un proceso que sea justo a su vez para quien resulta sospechado.
Ya pasaron más de dos mes de la condena. Como todo proceso abierto, tiene su dinámica. Quedan posturas encontradas, una sensación de confusión, el debate no se cierra y comienza a impactar en el nivel de movilización. Junto a eso, la familia y amigos de Puig toman las decisiones, sin mucha claridad. Cambian por acciones los sábados y a sitios donde no están los responsables de ir a fondo. Pero las movidas en su defensa persisten.
Por nuestra parte, tratamos siempre de compartir la necesidad de una investigación independiente. Y buscamos ser lo más integral posible, al incorporarse hechos nuevos. Somos marxistas, no ocultamos la realidad. Creemos necesario acompañar a las víctimas y garantizar un proceso justo, que acerque al pedido de justicia.
Andrea Lanzette y Francisco Torres
Alternativa Docente, en la Multicolor y la FND
ANCLA, Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática
MST en el Frente de Izquierda Unidad