Luego de cortes recurrentes y la represión salvaje de la policía de Larreta a vecinos de Villa Lugano que se encontraban reclamando por la falta del servicio, el gobierno nacional anunció que nombrará a “veedores técnicos” y, además, le cobrará una multa de $ 1.000 millones a Edesur. Un chiste de mal gusto, a sabiendas que en los inicios de este año el Frente de Todos le condonó a la misma empresa una deuda por más de $ 66.000 millones. Mientras, el modelo de las privatizadas sigue intacto.
Crónica de un reclamo anunciado
Con temperaturas que estos días han superado los 40°C de sensación térmica, la falta de luz es algo inadmisible. Más aún tras el tarifazo que aplicó Massa y, si nos queremos retrotraer en el tiempo, peor es el marco si consideramos el aumento del 3.000% que permitió Macri durante su gobierno. Sin embargo, a pesar de convalidar aumentos indiscriminados, el servicio que brindan las privatizadas fue y sigue siendo deplorable.
En el caso de los vecinos porteños de Villa Lugano, como en tantos otros barrios, la situación no daba para más. A la ola de calor se sumó una ola de cortes en el suministro de energía eléctrica. El propio Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) detalló que entre el viernes y el domingo pasado se registraron más de 200.000 usuarios de Edenor y Edesur sin servicio. La tónica del comienzo de semana, no cambió. Eso fue lo que generó la bronca de las familias que fueron a cortar la autopista Dellepiane, ya que ni desde Edesur ni desde el Estado le brindan una respuesta a sus reclamos.
Ante esta situación, lejos de mostrarse duros con una empresa que incumple con el contrato que tiene como empresa distribuidora de energía, los diferentes gobiernos se dividen el trabajo para mantener el negocio de las privatizadas. Mientras Larreta barría la autopista por medio de una represión salvaje y una posterior militarización de las casas de los vecinos de Villa Lugano por parte de la Policía Metropolitana, Sergio Massa, junto a otros funcionarios, dio a conocer sanciones irrisorias que nada cambian la situación actual.
Una multa irrisoria ante una condonación de deuda mayor
Ni bien se hicieron virales las imágenes de la represión, diferentes funcionarios nacionales salieron a mostrarse alertas por la situación, como si recién estuviesen comenzando su gobierno. Flavia Royón, secretaria de Energía de la Nación, fue quien salió a decir que “cientos de familias llevan días sin electricidad”. Y por tal motivo indicó al ENRE para “que inicie las actuaciones administrativas correspondientes para solucionar de forma inmediata, y definitiva, este tipo de situaciones que se repiten año tras año”. A pesar de que lo que denuncia la funcionaria es cierto, vale recalcar que estas situaciones que se repiten año a año son las mismas que dejan que ocurran desde su gobierno.
La única medida del gobierno nacional tras el episodio de ayer fue el anuncio de que se nombrarán “veedores técnicos” y una multa de $ 1.000 millones. Toda una política acordada con la propia Edesur, tras una reunión de sus autoridades con Sergio Massa, Royón y Walter Martello (interventor del ENRE).
Estas decisiones que el ministro de Economía quiso propagandizar como una política ejemplificadora, no tienen más que el carácter de un chiste. A principios de año el mismo gobierno nacional condonó una deuda millonaria a Edesur. De esta forma, la deuda que poseía con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), por disposición de la propia Secretaría que maneja Royón, se diluyó de la siguiente forma: “En el caso de Edesur, la deuda al 31 de agosto era de $ 113.838 millones que bajaron a $ 66.366 sin los intereses. Una vez condonado parte del capital quedó en $ 47.225 millones que también abonará en cuotas y con plazo de gracia incluido”.
Por tanto, la medida que Massa pergeñó con los directores de Edesur a duras penas significa migajas para una empresa que, según los últimos Estados Financieros que presentó a la Comisión Nacional de Valores (CNV), facturó $ 18,5 millones diarios en 2022.
Hay que terminar con el modelo de las privatizadas
Con lo sucedido ayer, una vez más queda a las claras que este modelo privatista heredado del menemismo no va más. Es insostenible mantener un servicio elemental como un nicho de negocios y no como un derecho a garantizar para todas las familias.
Terminar con Edesur tiene que ser una política a implementar ya, como así también debe serlo echar a los dueños de la misma, el holding italiano ENEL. Este último, además de estafar a los porteños con Edesur, también cuenta con diferentes empresas que se dedican a otros rubros de la energía: 3 plantas generadoras y 3 empresas dedicadas al transporte de la misma.
Ante este pulpo de la energía hay que implementar una expropiación de la empresa. Pero esta expropiación tiene que ser sin paga alguna. Está demostrado que han incumplido los contratos firmados, estafando a todos los usuarios. Quien diga que es imposible por pertenecer a capitales internacionales, miente. Conjuntamente con la expropiación hay que romper con el CIADI, institución dirigida por el Banco Mundial, que es la garante de que estas empresas sigan estafando a países como los nuestros.
Además de la expropiación, hay que sumar que la misma se dé bajo el control de los trabajadores de la empresa y también de los usuarios. Solo por esa vía tendremos la garantía de asegurarnos la energía como un derecho y no como un negocio de rapiña capitalista. Estas son las propuestas que sostenemos desde el MST en el FIT-Unidad.