En estos días, la interventora del INADI protagoniza un escándalo por las irregularidades hacia su empleada doméstica. Del mal ejemplo personal a la ausencia de políticas públicas para las tareas de cuidado, el caso confirma los límites insalvables del “feminismo” oficial.
“Somos un organismo con presencia en todo el país que vela por el respeto de los derechos y garantías de todas las personas que habitan Argentina” es el lema del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, organismo autónomo cuya titular es Victoria Donda, dirigente del grupo político Somos y funcionaria del gobierno nacional. Donda cobra del erario público dos sueldos mensuales por más de $ 300.000: $ 286.000 del INADI y $ 14.000 de la UBA. En este caso vemos al menos tres problemas:
- 1. Si su empleada Arminda Banda Oxa, boliviana, de 62 años, la cuidó muchos años y suponiendo que trabajara para ella desde 2016 y no desde 2007, el hecho de que Donda no le regularizara la totalidad de su salario es un típico caso de precarización laboral.
- 2. Resulta muy llamativo que desde hace casi cinco años hasta hoy ese salario no haya variado de la misma exacta cifra de $ 5.000 por mes. Con la excusa de que Arminda “trabajaba cada vez menos horas” Donda no logra justificar su propia irregularidad.
- 3. Si Arminda se quería jubilar, que en vez de saldar los aportes adeudados como marca la ley Donda le ofreciera a cambio un plan social de $ 10.000 o un contrato en el Estado muestra el uso de su cargo político para resolver un incumplimiento suyo. Quizás no sea delito, pero sí cuestionable desde la ética pública más elemental.
A esto se suma que Donda, aparte de ser mujer, es la titular del INADI que debe combatir la discriminación, se considera feminista y es una alta funcionaria política de un gobierno nacional que también se precia de tal. Con su accionar, muy mal ejemplo público da de respeto genuino a los derechos laborales y de género que dice defender.
Trabajo doméstico: el más precarizado
En abril de 2020, el Ministerio de Trabajo publicó un análisis sobre las Condiciones de empleo, trabajo y salud de las Empleadas Domésticas de Casas Particulares, basado en la Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS) 2018. Dicho estudio confirma que ese sector es el más precarizado de todo el mundo laboral:
- En nuestro país son 1.4 millones de personas, cuyo 99,3% son mujeres.
- A su vez representan el 8,1% del total de la clase trabajadora y el 17,4% de las asalariadas.
- Sobre ese total, el 44% son jefas de hogar y el 9,1% son migrantes, a veces en situación irregular lo que las hace más vulnerables.
- La cobertura de derechos sociales y previsionales está vinculada a la cantidad de horas trabajadas y alcanza sólo al 50% después de los cinco años de trabajo. O sea, una de cada dos está precarizada.
- A $ 19.564 de sueldo por mes si es “con retiro”, $ 21.754 si es “cama adentro” y $ 158 y $ 171 la hora respectivamente, ganan menos de la mitad de la canasta básica familiar.
Las tareas “del cuidado” del hogar, marido e hijes les son asignadas a las mujeres y en promedio equivalen a 3,5 horas diarias de trabajo no remunerado, gratuito, durante décadas. Cuando se tercerizan a otras mujeres, es siempre el sector laboral más precarizado porque combina la explotación de clase y la opresión de género. Más allá del caso particular de Arminda-Donda, esa es la triste realidad del trabajo doméstico en esta sociedad capitalista y patriarcal tan desigual.
Para lograr igualdad, socializar las tareas de cuidado
Con uno u otro discurso, la doble carga de la mujer es sostenida por el Estado capitalista y todos sus gobiernos, porque la tarea de reproducir y cuidar a la mano de obra de hoy (marido) y de mañana (hijes) beneficia económicamente a la clase capitalista. Lamentablemente, ese feminismo reformista y para la platea como el de Donda o la ministra Gómez Alcorta legitima esa situación de desigualdad estructural.
A su vez, la magra jubilación para el ama de casa es un reconocimiento estatal indirecto del valor económico que tiene esa tarea, pero no la compensa. Por otra parte, la reforma jubilatoria, votada el mismo día que la ley de aborto, apunta a rebajar las jubilaciones al desplazar la inflación para el cálculo de los aumentos. Además, el FMI pretende subir la edad jubilatoria de la mujer con la excusa de su “igualdad” con el hombre, ninguneando el peso de la tarea doméstica femenina.
Hay intelectuales feministas, como Silvia Federici, que enfatizan el valor de la tarea reproductiva y plantean un reconocimiento salarial. Sería como una AUH aumentada. Nosotres creemos que no deja de ser un paliativo, que al no ser parte de una política integral termina reforzando el rol de la mujer dentro del hogar en vez de acrecentar su autonomía económica, social y política.
Junto con combatir la precarización actual del trabajo doméstico, las y los socialistas tenemos un modelo alternativo para alivianar realmente a la mujer de las tareas del hogar. Si toda la sociedad se beneficia del cuidado, pues entonces lo debe asumir el Estado como prestaciones públicas y de calidad, con participación y control social. Es decir, ir en el rumbo que inició la Revolución Rusa, que a partir de 1917, hace más de un siglo, abrió centenares de guarderías comunitarias, jardines de infantes, comedores populares y lavaderos públicos para socializar lo más posible dichas tareas. En igual sentido, el Estado debería invertir y habilitar establecimientos geriátricos y para personas con discapacidad.
Con medidas así podremos empezar a construir un país y un mundo en donde todos los géneros seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.
Jeanette Cisneros y Pablo Vasco