La escandalosa expulsión de una de las principales investigadoras de agrotóxicos del país expone el entramado político e institucional que gobierna el establishment agroindustrial argentino. Mientras el Poder Ejecutivo promueve normativas a medida de las corporaciones transnacionales como Bayer-Monsanto y Syngenta para imponer el régimen de UPOV 91 -patentes y el cobro de regalías por semillas-, la ciencia pública independiente es perseguida y censurada por demostrar que el modelo fumigador no alimenta al pueblo, sino que enferma y envenena los cuerpos, las fuentes de agua, el aire y la tierra.
Por Lucila Amaría Juari
Virginia Aparicio exonerada: los responsables institucionales y políticos del boicot ala ciencia pública
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió aplicar la sanción de exoneración a la investigadora Virginia Aparicio mediante la Resolución N° 366. Esta medida administrativo-disciplinaria, la más grave prevista en la Ley de Empleo Público Nacional, constituye la única expulsión de un científico registrada en los 70 años de historia del organismo y acarrea su inhabilitación para ejercer cargos en el CONICET y en universidades públicas nacionales. La persecución político-administrativa atraviesa de manera continuada a dos administraciones estatales.
El proceso de censura comenzó durante la gestión del Frente de Todos bajo el gobierno de Alberto Fernández, cuando las máximas autoridades del INTA -el presidente Mariano Garmendia, la vicepresidenta Nacira Muñoz y el director nacional Carlos Parera– ordenaron frenar la difusión de las investigaciones y dispusieron la salida informal de Argentina del consorcio internacional en diciembre de 2023. El castigo se ejecutó con la llegada de La Libertad Avanza al gobierno nacional, el ataque disciplinario se profundizó bajo la conducción de Nicolás Bronzovich -presidente del Consejo Directivo del INTA, vinculado a Aapresid y a la Sociedad Rural de Balcarce– y del vicepresidente y dirigente ruralista Carlos Vera. En esa misma línea de amedrentamiento, el director del Centro Regional Buenos Aires Sur, Horacio Berger, se presentó en la oficina de Aparicio en la Estación Experimental Balcarce para intimar su retiro inmediato sin esperar a que se agote el recurso de reconsideración. Asimismo, el director de la EEA Balcarce, Facundo Quiroz, fue suspendido por 15 días tras ser sancionado en la misma resolución por no haber ejercido un control eficaz sobre la investigadora. Previamente, la conducción del INTA a cargo de Juan Cruz Molina Hafford ya había prohibido la utilización institucional de términos como “agroecología”, “cambio climático”, “género y biodiversidad”.
El golpe administrativo final depende de la firma del Secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta -quien se define como empresario del agro y cuenta con representación en el Consejo Directivo a través de María Inés Amuchástegui-, en consonancia con la política de desregulación coordinada por el ministro Federico Sturzenegger. Frente a los cuatro cargos administrativos esgrimidos por el organismo, la defensa legal a cargo del abogado Mario Bolla remarcó que las acusaciones no registran beneficio económico ni perjuicio patrimonial contra el Estado.
Proyecto SPRINT: la evidencia incómoda que buscan silenciar
La razón de fondo detrás del ensañamiento institucional radica en la coordinación ejercida por Aparicio en Argentina del Proyecto SPRINT (Transición Sostenible de la Protección Vegetal: un Enfoque de Salud Global), una iniciativa financiada por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y conducida por la Universidad de Wageningen. Los resultados del diagnóstico ambiental y biológico realizado en la provincia de Buenos Aires expusieron datos alarmantes para el agronegocio: se hallaron residuos de agrotóxicos en el 100% de las personas analizadas, detectándose entre 2 y 10 sustancias en sangre, entre 6 y 13 en orina y hasta 18 en materia fecal. El glifosato apareció en el 86,1% de las muestras de orina de los participantes locales y en el 100% de la materia fecal en territorio bonaerense, mientras que se confirmó la presencia de clorpirifós en el 37,7% de los voluntarios, pese a tratarse de un insecticida prohibido por SENASA. Los resultados señalan un ambiente saturado donde el entorno habitacional y productivo se registraron entre 6 y 22 plaguicidas en alimentos, entre 10 y 28 en agua de superficie y entre 43 y 86 en el polvo de las casas.
Esta evidencia afecta de forma directa las ganancias de las transnacionales de insumos como Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina, Corteva y BASF, así como de las corporaciones agroexportadoras como Cargill, Bunge, Dreyfus y Viterra, y de las patronales agrarias representadas en la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, Aapresid, CREA, Coninagro, Federación Agraria). Las investigaciones de Aparicio ya habían servido de prueba pericial para fijar zonas de resguardo de 1.095 metros contra fumigaciones en la causa penal de Pergamino y en demandas contra campos del grupo Eurnekian en Chaco. Por este motivo, el establishment recurre al amedrentamiento científico, replicando persecuciones históricas contra la Ciencia Digna como el hostigamiento sufrido por Andrés Carrasco tras revelar las malformaciones en embriones producidas por el glifosato o los casos internacionales de Larissa Mies Bombardi en Brasil, Tyrone Hayes frente a Syngenta y Shiv Chopra ante los productos veterinarios de Monsanto.
Ofensiva sobre la Ley de Semillas: privatización de la vida y saqueo corporativo
El sofocamiento de la investigación pública independiente avanza en paralelo con la reforma del marco regulatorio agrario para consolidar el control privado sobre la producción de alimentos. A través de medidas administrativas dictadas sin debate parlamentario por el Ministerio de Desregulación de Sturzenegger y la Secretaría de Agricultura de Iraeta, se impulsaron modificaciones estructurales sobre la Ley de Semillas N° 20.247. Por un lado, la Resolución Conjunta N° 3 (firmada por el INASE y la Secretaría de Agricultura) faculta a empresas privadas a tomar muestras en los acopios para fiscalizar la identidad varietal de los granos, delegando el poder de policía estatal en manos corporativas para iniciar querellas judiciales por el cobro de derechos de propiedad. Por otro lado, la Resolución N° 197 derogó la histórica Resolución N° 283 del INPI que prohibía el patentamiento de plantas, secuencias genéticas y materia viva, reabriendo el camino para que Bayer-Monsanto y Syngenta cobren patentes sobre los componentes biológicos de las semillas.
Esta avanzada responde al lobby de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y a las exigencias diplomáticas de la cámara empresarial estadounidense AmCham. En el marco del acuerdo comercial bilateral, el Gobierno busca forzar la adhesión argentina al régimen de la UPOV 91. Este esquema elimina el histórico derecho de uso propio protegido por la UPOV 78 que permite a los agricultores guardar parte de su cosecha para volver a sembrar, e impone el pago obligatorio de regalías perpetuas bajo una modalidad equivalente a un “canon o suscripción anual” por el uso de semillas multiplicadas en el propio campo.
En países como Colombia, la implementación de normativas de desposesión semillera (Resolución 9.70) derivó en la persecución de agricultores, el decomiso y la destrucción de cosechas por parte de fuerzas policiales. La entrega del eslabón inicial de la cadena productiva al oligopolio de cinco transnacionales acelera la pérdida del 75% de la agrobiodiversidad mundial alertada por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Food and Agriculture Organization en inglés) y restringe definitivamente la soberanía de los pueblos sobre sus bienes comunes.
Crónica de una prohibición anunciada
La persecución contra la ciencia independiente y las modificaciones antidemocráticas a la Ley de Semillas forman parte de un mismo engranaje: la subordinación de la salud pública, la integridad ambiental y los bienes comunes a las tasas de ganancia de un reducido grupo de multinacionales. El discurso corporativo que presenta al modelo extractivo como un generador de empleo o como un medio para alimentar a la población se derrumba ante la realidad empírica. En tres décadas de agricultura transgénica inaugurada en 1996, la concentración del campo provocó la expulsión de más de 83.000 pequeñas y medianas chacras, el despoblamiento rural y la deforestación de 8 millones de hectáreas de bosques nativos.
Las 18 millones de hectáreas cultivadas con soja y maíz transgénico no están destinadas a abastecer la mesa del pueblo argentino, sino a la exportación masiva de commodities concentrados para la alimentación de ganado e insumos industriales en Europa y Asia. En este proceso se vuelcan anualmente más de 500 millones de litros de venenos sobre el territorio (un promedio de 12 litros por habitante al año), utilizándose de forma masiva sustancias tóxicas como la atrazina que se encuentran prohibidas en países vecinos como Uruguay desde 2016. El impacto en la salud de las poblaciones es devastador: investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario confirman que los jóvenes que habitan en pueblos fumigados tienen 2,5 veces más probabilidades de padecer cáncer en comparación con quienes no están expuestos a los químicos.
Frente al envenenamiento de las fuentes de agua, el aire, la tierra y los cuerpos, resulta indispensable prohibir de manera absoluta los agrotóxicos y los cultivos transgénicos en la Argentina. La razón es obvia: el modelo actual representa un negocio millonario concentrado en pocas corporaciones que destruye puestos de trabajo reales y no alimenta a la población. Revertir este modelo extractivo exige emprender una transición agroecológica sustentada en la reforma agraria, la defensa de las semillas criollas y nativas, y el resguardo de una ciencia pública al servicio del bienestar de los pueblos.
