El funcionario que concentra el plan de privatizaciones del gobierno libertario pasó de intervenir los medios públicos a comandar la venta, concesión o cierre de empresas estatales. Con vínculos previos con grupos empresarios y un discurso de “eficiencia” como bandera, Chaher se convirtió en una pieza clave del proyecto de desguace del Estado impulsado por Javier Milei.
El rostro menos conocido del ajuste
Mientras Javier Milei concentra la escena política con sus discursos contra el Estado, detrás de la motosierra hay funcionarios encargados de transformar esas consignas en medidas concretas. Uno de los nombres centrales de ese esquema es Diego Chaher, el abogado que quedó al frente de la estructura encargada de avanzar con las privatizaciones de empresas públicas.
Su figura ganó relevancia desde los primeros meses del gobierno libertario, cuando fue designado interventor de los medios públicos. Desde allí quedó asociado a una política de vaciamiento, ajuste y reestructuración de organismos como Radio Nacional, la TV Pública, Educ.ar y Télam, antes de pasar a ocupar un rol más amplio dentro del plan económico oficial.
Con la creación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Chaher pasó a controlar una de las áreas más sensibles del gobierno: decidir qué empresas continúan, cuáles se privatizan y cuáles quedan condenadas al cierre.
La promesa oficial es repetida una y otra vez: achicar el Estado, eliminar “privilegios” y entregar al sector privado aquello que, según el discurso libertario, el Estado administra mal. Pero detrás de esa narrativa aparece otra pregunta: ¿se trata realmente de eficiencia o de una transferencia de recursos públicos hacia sectores privados?
La vuelta de una receta conocida
El programa no es nuevo. La Argentina ya atravesó una ola privatizadora durante la década de 1990, cuando bajo el gobierno de Carlos Menem se vendieron empresas estratégicas como YPF, Entel, Gas del Estado y los ferrocarriles.
Aquel proceso fue presentado como una modernización inevitable. Décadas después, buena parte de sus consecuencias todavía forman parte del debate: pérdida de capacidades estatales, concentración económica y servicios convertidos en negocios. El gobierno de Milei busca reeditar esa lógica, aunque con un lenguaje renovado.
Chaher es una pieza fundamental de esa estrategia. Su tarea no es solamente vender empresas: también busca modificar la relación entre el Estado y la economía. En declaraciones públicas llegó a sostener que el objetivo es que una eventual vuelta atrás de las privatizaciones sea difícil y costosa para futuros gobiernos. Es decir, no solo se intenta privatizar, sino dejar cerrada la puerta para recuperar esas herramientas estratégicas.
Un privatizador con pasado empresarial
La trayectoria de Chaher también es parte del debate. Antes de llegar al gobierno nacional tuvo pasos por el sector privado, particularmente vinculado al mundo de medios y telecomunicaciones, incluyendo empresas relacionadas con el grupo empresario de Daniel Vila y José Luis Manzano.
Desde esa experiencia llegó a ocupar un lugar central dentro del gobierno que proclama terminar con “la casta” y los privilegios empresariales. Sin embargo, para sus críticos, el problema es justamente el contrario: un hombre formado en el mundo corporativo quedó a cargo de decidir qué bienes estatales serán entregados al mercado.
La discusión no es solamente sobre una persona, sino sobre una orientación política. ¿Quién decide qué vale una empresa pública? ¿Quién define si una compañía estratégica debe funcionar por su rentabilidad inmediata o por el servicio que presta a la sociedad?
El Estado como negocio
El argumento oficial plantea que las empresas estatales son un peso para las cuentas públicas. Pero esa discusión suele omitir un punto central: muchas empresas públicas no existen solamente para generar ganancias económicas directas, sino para garantizar servicios esenciales, soberanía e infraestructura.
El transporte, la energía, las comunicaciones, el agua y los recursos naturales no son áreas neutrales. Son sectores donde se define quién tiene poder económico. Cuando pasan a manos privadas, la lógica cambia: la prioridad deja de ser garantizar derechos y pasa a ser maximizar ganancias. La experiencia argentina muestra que muchas privatizaciones terminaron con monopolios privados, tarifas crecientes y pérdida de control estatal sobre áreas estratégicas.
El negocio detrás del discurso anti-casta
El gobierno de Milei llegó al poder prometiendo terminar con privilegios y con una supuesta élite política que manejaba el Estado en beneficio propio, pero el proceso privatizador abre otro interrogante ¿Quiénes serán los grandes beneficiarios de esta nueva transferencia?
Porque detrás de cada privatización aparecen grupos económicos interesados en quedarse con activos estratégicos. La historia argentina tiene demasiados ejemplos donde empresas estatales fueron primero deterioradas, presentadas como inviables y luego entregadas a privados bajo condiciones favorables. El ciclo suele repetirse: ajuste, desprestigio, venta.
La resistencia al desguace
Frente a este panorama, la discusión no pasa simplemente por defender el Estado tal como existe. También existe un debate sobre qué tipo de Estado se necesita.
Una alternativa desde los trabajadores plantea que las empresas estratégicas no deben ser cajas de negocios privados ni estructuras manejadas por funcionarios de turno, sino herramientas bajo control social, con participación de trabajadores y usuarios.
Porque la pregunta de fondo no es solamente si el Estado debe intervenir o no. La pregunta es quién decide sobre los recursos de un país. El plan encabezado por Diego Chaher busca avanzar en una transformación profunda: convertir bienes colectivos en oportunidades de negocios para pocos.
La pelea contra las privatizaciones no es una defensa del pasado. Es una disputa por el futuro y por quiénes van a pagar las consecuencias de una nueva entrega del patrimonio nacional.
