El gobierno subirá las tarifas de gas hasta un 50% para los usuarios residenciales y permitirá aumentos en los ingresos de las empresas transportistas y distribuidoras como Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS, entre otras. Esto es parte de su programación para bajar subsidios y cumplir las metas de achique del déficit fiscal que exige el FMI.
El aumento tarifario arrancará con el 39% para los sectores de ingresos bajos (N2), que representan 3,5 millones de hogares. Este porcentual surge de aplicarles el 40% del Índice de Variación Salarial (CVS).
En los sectores medios (N3) que suman 2,3 millones de hogares, el aumento autorizado no puede superar el 80% del CVS del 2022, lo que significa un porcentual del 72%.
En los ingresos altos o que no hayan reclamado el mantenimiento de los subsidios (N1), unos 3,4 millones de hogares que vienen perdiendo el total del subsidio -en marzo se les retirará un 40%-, el aumento de sus boletas superará el 50% de lo que ya venían pagando. Este porcentual también se aplicará sobre los excesos de consumo de los sectores medios por encima del cupo subsidiado.
En el caso de las industrias y empresas se calcula que los incrementos tarifarios sumarán un 70%, un aumento que luego trasladan a los precios que pagamos todos.
El aumento del gas para recortar en forma paulatina los subsidios con que el Estado compensaba a las empresas ha subido geométricamente en los últimos 8 meses para los sectores no subsidiados o que tienen un subsidio parcial. El costo del metro cúbico de gas pasó de $ 5 en agosto de 2022 a $ 33 en el próximo marzo. Un total de 385%.
El costo del gas
La tarifa está compuesta del costo del gas en sí, de su transporte a los centros de consumo, su distribución domiciliaria y los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los subsidios que se están reduciendo responden a los acuerdos con el FMI. La mayoría del gas que consumimos se produce en el país.
La importación viene a cubrir los faltantes, marcando diferencias de precios muy grandes. Mientras el millón de BTU de producción nacional estriba en los U$S 3,5, el gas importado de Bolivia de cotiza a U$S 9,91 y el GNL (gas licuado) importado, una vez regasificado, U$S 43,47. El costo total anual que declara la Secretaría de Energía para el 2023 alcanza los U$S 2.935 millones.
El altísimo costo de las garrafas
Otra noticia reciente ha puesto en el candelero que toda la propaganda oficial de cuidar el precio del gas que consumen los más pobres es una falsedad. La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), que reúne a unas 17 Pymes encargadas de envasar el gas en garrafas y asistir a unos 20 millones de argentinos que no tienen gas natural, acaba de denunciar que el gobierno les debe $ 3.500 millones y amenazan con desabastecer el mercado.
Una familia tipo consume alrededor de dos garrafas por mes solo para cocinar. Las garrafas se consiguen entre $ 2.000 y $ 2.200 en almacén del barrio. Las que se consiguen a $ 1.200 en la planta duran mucho menos porque están llenas de agua. El plan del gobierno para subsidiar a las familias ya no llega, cubría apenas $ 600 por garrafa las veces que se cobraba. Así que mientras una familia que tiene gas natural puede pagar alrededor de $ 1.200 a $ 1.500 por mes, otras familias pobres que consumen garrafas pagan más del doble y solo para cocinar.
Cambiar el modelo
Con una inflación del 100% anual, salarios e ingresos populares cada vez más retrasados, estos aumentos y tarifazos resultan insoportables. Nuestro país tiene numerosas fuentes de energía para que todos podamos consumirla en forma abundante y a precios baratos. Para ello hay que romper con el actual modelo que solo beneficia a las grandes empresas que realizan enormes ganancias contaminando nuestro medio ambiente y son responsables de cortes de servicios por falta de inversión, obediente a los mandatos del FMI y los buitres de la deuda. Hay que nacionalizar todas las empresas de energía y ponerlas bajo control social.