Compartimos a continuación un artículo de opinión de Alfredo Grande sobre la objeción de conciencia, que fue publicado originalmente en la Agencia de Noticias “Pelota de Trapo”.
Profunda alegría por la media sanción de la ley que habilita la interrupción legal del embarazo. Alegría que propicia el desarrollo del pensamiento y sentimiento crítico. Si la derrota debe ser pensada, para que la derrota no sea fracaso, el triunfo debe ser pensado para estar advertidos de que cuando se hace una ley, desde antes ya están hechas muchas trampas. Este texto intenta hablar de una esas trampas. Es mejor hablar de las trampas antes de caer en ellas. El nombre de una esas trampas es “la conciencia que objeta”.
La expresión de objeción de conciencia proviene originariamente de la negativa para realizar el servicio militar obligatorio debido a personales o religiosos motivos morales para no matar. Los objetores de conciencia eran sistemáticamente castigados con los denominados trabajos civiles que casi siempre eran trabajos forzados en lugares lejanos a su residencia habitual. El rechazo a la guerra como escenario de crueles masacres donde adultos mataban a adultos sin tener la oportunidad de conocerlos. De abrazarlos. De amarlos. La idealización de la guerra tenía uno de sus emblemas en la aberrante consigna falangista: “viva la muerte”.
Sin embargo, en los últimos años, el concepto ha sido usado por la profesión médica para negarse a proporcionar servicios con los cuales ellos personalmente discrepan, como la eutanasia, aborto, anticoncepción, esterilización, reproducción asistida u otros servicios de salud – aún y cuando estos servicios son legales y dentro del ámbito de sus cualificaciones y práctica. En concreto, la Iglesia Católica y el movimiento antiabortista se han apropiado del término “objeción de conciencia” para incluir la negativa por parte del personal sanitario a proporcionar o referirse al aborto (y cada vez más, a la anticoncepción); entienden que el aborto es asesinato y se oponen a ello de forma imperativa. Como dijo el Papa Juan Pablo II: aborto y eutanasia son ambos crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar.
La corporación médica empresarial sostiene la vigencia de mi aforismo “detrás de cada prohibición hay un negocio” La deformación biologicista y confesional formatea conciencias. Y establece con la certeza delirante de la derecha la escisión mente cuerpo y una moral que gerencia mandatos. Una moral que ordena lo que se debe hacer con los cuerpos. El hada que nunca fue invitada a ese banquete es el deseo. Y la que siempre fue invitada es el hada económica financiera. Las leyes secas solamente permiten desplegar industrias clandestinas de alta rentabilidad. Industria clandestina de una impunidad sólo comparable con la industria de “la trata”.
La moralina capitalista habla de moral cuando necesita encubrir la ética del lucro. La objeción de conciencia siempre fue una decisión individual. De intimas convicciones. La ampliación a la objeción de conciencia institucional es el triunfo de la moral corporativa. Es dejar impune la formación médica saturada de reduccionismos, mandatos religiosos, prejuicios de clase, de género, de etnia. Lo digo como médico recibido en el año 1973. Si la objeción de conciencia esgrimida por los médicos es tan sólo para rendir pleitesía a la obscenidad clerical, al ampliarla como institucional entra en el terreno de la pornografía política. Cuando una institución apela a la objeción de conciencia institucional instaura un régimen de negación de servicios que contraría el derecho a la salud, y subvierte su misión como integrante del sistema de salud.
La objeción institucional genera una variedad de daños. Al hacer la trampa, la ley hecha puede devenir estéril. O dar inicio a infinitas demandas para las cuales nunca faltarán abogados penalistas que también sostienen la ética del lucro. Hoy podemos decir: fue ley. Y seguiré diciendo que debe prolongarse en la construcción de una legitimidad consistente. Legitimidad que tiene que ver con el fundamento deseante del sujeto y con lo que cada cultura establece como “bien común”. La legalidad sostenida desde la legitimidad logra una sinergia invencible.
Como toda lucha, esta lucha tendrá una victoria sin final. Porque ahora tendremos que objetar a las y los que objetan. Y mucho más en su dimensión institucional. Las trampas hechas para despojar a la letra de la ley de su espíritu pueden y deben ser desarmadas. Lo importante es tener la convicción, la firme convicción, que la única lucha que se pierde es la que deja de sostenerse en forma colectiva y autogestionaria.