En el día de ayer frente a los tribunales provinciales se manifestaron organizaciones ambientalistas reclamando a la Justicia por todas las causas ambientales que se encuentra judicializadas en la actualidad. Esta acción estuvo fundamentada en la evidencia de que la provincia se encuentra en una situación socioambiental límite, y que a pesar de la gran cantidad de amparos ambientales y cautelares presentados por las comunidades afectadas en la Justicia, en particular en la Cámara en lo contencioso administrativo de Córdoba se niega a aplicar los principios precautorios y preventivos que forman la columna vertebral del marco jurídico ambiental que actualmente está vigente y que tiene jerarquía constitucional.
Esto se traduce en una demora excesiva e injustificada en resolver los amparos colectivos ambientales y especialmente las medidas cautelares que, en esencia buscan paralizar las obras que están generando un impacto socioambiental irremediable, hasta tanto se resuelva el amparo.
La inacción de la Justicia obliga al activismo a recurrir a vías de hecho para impedir la continuidad de las obras, lo que despierta la inmediata respuesta represiva de la policía de Córdoba, que despliega violentos operativos de saturación y hasta verdaderas “razias”, valiéndose de procedimientos absolutamente violatorios de los derechos humanos. Esto se ha visto en los operativos realizados en el valle de Paravachasca, en Sierras Chicas y en Punilla. El resultado en todos los casos son imputaciones arbitrarias de pobladores, activistas, e inclusive de abogadas y abogados que patrocinan a los afectados.
Las asambleas ambientales piden a la Justicia que se aplique el orden público ambiental, el principio precautorio de la ley de presupuestos mínimos y el Acuerdo de Escazú que en su art. 9 contempla la figura de los “Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales”, a quienes debe garantizárseles un entorno seguro para el desarrollo de sus actividades.
De la acción participó la legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad Luciana Echevarría junto a una delegación de Red Ecosocialista, al respecto la legisladora afirmó: “En todas las causas ambientales la Justicia cordobesa encubre y garantiza impunidad para los responsables, tanto del gobierno como de las empresas Por eso con las organizaciones ambientales y asambleas reclamamos frente a Tribunales provinciales”.
Ingreso y ocupación de Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
Avanzada la tarde, un grupo de asambleístas socioambientales lograron ingresar al TSJ para entregar un pliego de reclamos y hablar con los vocales del mismo. En la sala fueron atendidos por la Secretaria penal del TSJ, debido a que ningún vocal quiso atender personalmente a los asambleístas.
Ante esto los asambleístas expusieron cada una de las problemáticas socioambientales de la provincia. El abogado Lucas Cocha, patrocinante de la denuncia presentada por Luciana Echevarría contra Aguas Cordobesas, el gobierno provincial y el gobierno municipal, intervino resaltando que la Fiscalía en lo Penal Económico N° 2 a cargo del Fiscal Mondino donde recayó la denuncia constituye un «fuero de conveniencia» que solo garantiza la impunidad de los funcionarios políticos, y que carece por completo de alguna formación en materia de delitos ambientales, lo que se combina un criterio vetusto de la jurisprudencia de Córdoba, sumamente restrictivo para permitir la intervención de activistas ambientales y damnificados como querellantes particulares en este tipo de causas.
Finalizada la exposición, los activistas solicitaron algún compromiso por escrito de las autoridades del Poder Judicial que implicase resolver las medidas cautelares solicitadas aplicando el orden público ambiental, que los jueces de control revisen de manera urgente la situación procesal de los activistas y abogados imputados, y que se dicte un auto de habeas corpus para resguardar la integridad física y la libertad ambulatoria de los activistas ambientales y pobladores afectados por la traza de las obras que afectan el ambiente.
En un principio la Secretaria penal del TSJ, de palabra se comprometió a asumir por escrito la gestión de una acordada del TSJ dirigida a los de organismos de control y a la Cámara contencioso administrativa donde están radicadas la mayoría de las causas socioambientales. Así mismo recibió un habeas corpus que fue redactado en manuscrito en ese momento por los abogados presentes.
Sin embargo, avanzada la tarde, la Secretaria del TSJ se retractó y manifestó que por instrucción de sus superiores no podía asumir por escrito ningún compromiso, pero que daba su palabra de ocuparse de inmediato de resolver lo solicitado.
Alrededor de las 18 horas se retiró. Antes pidió a los activistas que se retiraran, porque su permanencia en el lugar era ilegal. Los asambleístas, luego de deliberar en asamblea decidieron permanecer en lugar hasta tanto alguna autoridad del poder judicial diera una respuesta por escrito a los reclamos. Tribunales quedó cerrado, con numeroso personal policial custodiando la sala de audiencias donde se encontraban los activistas.
Cabe resaltar que en todo momento el presidente del TSJ, Sebastián López Peña estuvo presente en su despacho, pero se negaba a recibir a los activistas. Alrededor de las 19 horas empezó un desfile de autoridades: primero se hizo presente la jueza de Control de 9na nominación de Capital, a quien le recayó el habeas corpus presentado horas antes. Allí tomo conocimiento directo de todo lo relatado por los asambleístas. Luego se hizo presente el fiscal de turno, quien tuvo una audiencia con los letrados presentes.
Avanzada la noche, cerca de las 22 horas, el fiscal realizó la siguiente propuesta: el presidente del TSJ estaría dispuesto a recibir a 1 asambleísta acompañado de 2 letrados, siempre y cuando simultáneamente el resto de los ocupantes se retirara de la sala.
Luego de debatirlo los asambleístas resolvieron retirarse sin hablar con el vocal del TSJ, en cuanto no aceptaban sus condicionamientos y entendían que debían ser recibidos todos los asambleístas. La acción realizada logró hasta el momento la unificación de todas las causas por violencia institucional contra activistas en una sola fiscalía y el compromiso de palabra de revisar la situación procesal de los imputados.
Las abogadas fueron recibidas esta mañana de viernes 29 de julio por la jueza de control en el marco del habeas corpus presentado. También se acordó una reunión con la Secretaria del TSJ para el jueves 4 de agosto, para abordar el tema de las cautelares ambientales. Claramente el resultado de la acción colectiva llevada adelante por las organizaciones socioambientales, comunidades indígenas y asambleas logró instalar con más fuerza el reclamo en contra de las políticas de depredación y extractivismo ambiental llevadas adelante por el gobierno provincial con la complicidad de la Justicia, y obligó a las máximas autoridades del TSJ a tomar cartas en el asunto.
La acción ha fortalecido este legítimo reclamo y demuestra nuevamente que la organización y la lucha son las únicas herramientas efectivas para ponerle freno al modelo de saqueo y contaminación que implementan los gobiernos.