miércoles, 24 abril 2024 - 14:57

Córdoba. Luciana Echevarría denunció penalmente al gobierno provincial y a Aguas Cordobesas

La legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad, denunció penalmente al gobierno de la provincia y a Aguas Cordobesas por la contaminación del agua que beben por lo menos el 70% de los cordobeses, también pidió que se investigue al gobierno municipal.

La Legisladora Junto al Profesor Exequiel Di Tofino – que viene investigando el Dique San Roque hace más de 10 años- fundamento su denuncia afirmando que “tomamos mediciones cuyos resultados son alarmantes, el agua de la canilla que provee Aguas Cordobesas presenta casi el doble de microcistinas que lo permitido por la OMS”.

Las microcistinas son toxinas peligrosas para la salud humana que pueden producir infecciones gastrointestinales, respiratorias, neurológicas, de la piel, de los oídos y de los ojos y son emanadas por las cianobacterias que proliferan en el lago San Roque, donde se provee el agua potable para 70% de la ciudad de Córdoba, por el exceso de materia orgánica, fundamentalmente desechos cloacales.

De la denuncia presentada se desprende que la situación del lago es más que preocupante y los responsables de su cuidado, saneamiento y preservación no hacen absolutamente nada. Hace más de 30 años se votó una ley para sanear el San Roque, pero nunca se aplicó. Ni el gobierno a través del Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) o de la Secretaría de Ambiente, ni el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) como ente de control de los servicios públicos han tomado medidas para garantizar que el agua que tomamos los cordobeses sea realmente apta para consumo humano. Tampoco lo ha hecho la Municipalidad que actualmente es la titular del servicio. Mientras tanto la empresa Aguas Cordobesas sigue lucrando, poniendo en riesgo la salud de gran parte de la población.

El objetivo de esta denuncia es que la justicia investigue a fondo a todos los responsables de esta grave situación que afecta la salud y la vida de la población. Al respecto, Luciana Echevarría afirmó: “Estos hechos ponen en evidencia que un servicio tan elemental como el agua no puede estar en manos de empresas que se guían por la lógica de la ganancia y hacen negocios a costa de nuestra salud”.

Esta denuncia demuestra que es urgente la re-estatización del servicio de provisión de agua y encarar un plan de saneamiento del San Roque y de todos los cursos de agua de la provincia y a la par declarar la Emergencia Hídrica Provincial, proyecto que Luciana ya está preparando para presentar próximamente en la Legislatura provincial.

Link a  la denuncia y al informe técnico:  https://www.lucianaechevarria.com.ar/denuncia-penal-por-el-agua/.

La defensa del agua es una lucha de todes

Ante esto la Legisladora junto al profesor Di Tofino convoca a un conversatorio es viernes a las 17:30hs en local del sindicato de Luz y Fuerza (Deán Funes 672) a los fines de poner en marcha una campaña en defensa del agua que contenga un programa que implique:

  • Declarar la Emergencia Hídrica en toda la provincia.
  • Encarar una política seria de manejo de cuencas, con la comunidad como protagonista en las decisiones y con especialistas que guíen científicamente los pasos a seguir.
  • Anular las obras faraónicas absolutamente resistidas por las comunidades como la autovía de Punilla y la Ruta 5 por el alto impacto sobre nuestras cuencas y montes.
  • Preservar la vegetación nativa en las sierras para evitar la erosión hídrica: prevenir incendios, frenar los desmontes, parar la expansión inmobiliaria, forestar con especies nativas y controlar la expansión de especies exóticas invasoras muy demandantes de agua.
  • Realizar todas las obras necesarias para el tratamiento de los efluentes cloacales que de­sem­bocan en los lagos y ríos para evitar la contaminación y la proliferación de algas; y prevenir los desbordes cloacales, ya que ponen diversos agentes patógenos en contacto con la población y desembocan en los cursos de agua por los desagües pluviales. El Estado provincial debe jugar un papel clave, no pudiendo quedar estas obras en manos de la capacidad o no que tenga cada municipio
  • Actualizar las normas sobre plaguicidas y cianotoxinas en agua potable.
  • Reestatizar el servicio de agua con control de trabajadores y usuarios, para que tan vital derecho no se rija por la lógica empresarial

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