El pasado domingo 10 de julio, en la localidad de La Falda se conoció la muerte de Jonathan Romo de 36 años, quien padecía problemas de salud mental y estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Jonathan fue detenido por la policía pasado el medio día cuando, aparentemente, había tenido un brote psicótico en la calle. Hoy la pericia determinó que la causa de muerte fue “asfixia mecánica”.
Tras la divulgación de videos del momento de su detención y los recientes resultados periciales, la familia y la querella alegan que fue un acto de violencia policial lo que concluyó con la muerte de Jonathan. En los videos que se han difundido se puede ver cómo varios policías reducen violentamente a Jonathan que no opone casi ninguna resistencia. A estas horas todo indica que fue detenido, golpeado y asfixiado hasta morir en manos de policías de la Departamental Punilla.
La familia de la víctima denuncia además varias irregularidades en la detención. En primer lugar plantean la falta de cualquier protocolo para el arresto, dentro de la policía hay dos puntos a tener en cuenta: el uso de la fuerza es la última opción, y a pacientes psiquiátricos no se los lleva a una dependencia de la policía sino a un centro de salud; nada de eso hicieron los oficiales. Además, Jonathan fue aprehendido cerca del mediodía, y muere en la comisaría; sin embargo la familia recién fue notificada, por un vecino, a las 21 horas. Al momento de comparecer en la comisaría, la familia se encuentra con distintos altos mandos de la policía de La Falda y la fiscal Kelm, ex encargada del caso de Cecilia Basaldúa. Ellos le explicaron a la familia que Jonathan se había descompensado y había fallecido, circunstancias muy poco claras que inducen a sospechar de un encubrimiento.
Debido a las dudosas circunstancias del caso, el Ministerio de Seguridad de la provincia definió desplazar de sus cargos a tres comisarios: el director de la Departamental Punilla Norte, comisario Diego Alejandro Bracamonte; el director general de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial, comisario Julio César Faría, y el director de Entrenamiento Profesional Permanente, comisario Marcos Germán Manrique.
Además, ayer fueron detenidos seis policías, cuatro por homicidio y dos por encubrimiento. Por presunto homicidio calificado quedaron presos el sargento Miguel Ángel Aguilera, el cabo Juan Pablo Zunino, el cabo Hernán Suárez y el sargento Walter Geri. Y por presunto encubrimiento agravado quedaron presos el subcomisario Pablo Antonio Zárate y el agente Lucas Giménez.
Graves antecedentes
El comisario inspector Diego Alejandro Bracamonte, removido de la jefatura de la Departamental Punilla Norte, tiene algunos antecedentes que siembran aún más sospechas: en 2020 se desempeñaba como segundo jefe del Departamento de Investigaciones de Punilla y estuvo a cargo de la investigación por la desaparición de Cecilia Basaldúa, quien fue asesinada en Capilla del Monte. Bracamonte ordenó la detención de Lucas Bustos, considerado un «perejil» que sufrió apremios ilegales y torturas para autoincriminarse, quedando preso por dos años, para ser finalmente absuelto recientemente en el juicio por el femicidio de la mujer. El juicio demostró que la detención e incriminación de Bustos fue un acto de encubrimiento para no investigar a fondo el asesinato de Cecilia.
Además, el fiscal a cargo de la investigación del caso en reemplazo de la fiscal Kelm es Raúl Ramírez, un ex comisario que aceptó haber sido parte de la D2 (ex centro de detención tortura y exterminio durante la última dictadura) que debe investigar la muerte de un detenido en una sede policial.
Mientras tanto el gobernador Schiaretti salió a pronunciarse vía Twitter con un consabido “queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias”. Un intento de lavado de manos que intenta eludir la evidente responsabilidad del gobernador, en tanto es el jefe político de una policía que presenta un record de denuncias por abuso y asesinatos, con los recientes casos de Blas Correas y Joaquín Paredes.
Lautaro Allassia