Durante diciembre, enero y lo que va de febrero en varios hospitales de la provincia no se han hecho entrega de los medicamentos oncológicos a pacientes que se encuentran en tratamiento. Mientras el gobierno provincial le atribuye la responsabilidad al ajuste de Nación, quienes sufren son los usuarios y sus familias.
Un grupo de usuarios que recibían de manera gratuita sus medicamentos para tratamientos oncológicos en el Hospital San Roque denuncian que desde el mes de diciembre dejaron de hacerles entrega con la excusa de “pedidos rechazados” o problemas administrativos. Frente a eso, comenzaron a organizarse. Algunos realizaron reclamos judiciales y administrativos con abogados y todos juntos se movilizaron. Se organizaron solidariamente para conseguir los medicamentos por otras vías y consiguieron donaciones. Realizaron reclamos y notas a las autoridades e hicieron que su caso se visibilice en uno de los principales programas de la televisión cordobesa. Y habían dejado planteada una nueva movida para el dia jueves 22 en las puertas del Hospital. Pocas horas después comenzaron a llegarles los avisos de que podrían retirar la medicación en los próximos días, pero siguen comunicados entre sí y en alerta por si el gobierno vuelve a incumplir.
Este es el emergente de una situación más profunda. En sus discursos, el gobernador Llaryora habla de la necesidad de avanzar en un nuevo paradigma en salud y apuntar a la integración de los sectores públicos con los sectores privados y académicos, una forma amable de decir privatización. En el área de farmacia y dispensa de medicamentos eso ya se realizó: la gestión y auditoría de las farmacias de hospitales públicos está a cargo de la firma Instituto San Agustín SRL. Pero las y los cordobeses no tenemos a la mano información de fácil acceso sobre las funciones que esta empresa desempeña, cómo se la contrató, sus responsabilidades y ante quiénes debe rendir cuentas. Una verdadera caja negra.
Nuestra compañera legisladora, Luciana Echevarría, recibió de parte de trabajadores de distintos hospitales denuncias de faltantes de medicamentos en servicios de psiquiatría y oncología entre otros; y elaboró un pedido de informes al gobierno de la provincia para que dé las explicaciones sobre esta gravísima situación y qué rol tiene en ella la empresa San Agustín.
Según un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CeProFar) el precio de los medicamentos más usados aumentó 319,1% entre enero y diciembre de 2023. En el contexto de crisis económica y social, el poder de compra de los sueldos se desvanece ante la inflación y hace cada vez más difícil acceder a los medicamentos.
El gobierno nacional mantiene cerrada la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) del Ministerio de Capital Humano de la Nación, que entre otras cuestiones asiste con medicamentos oncológicos a personas en situación de vulnerabilidad social. Y anunció recortes que pueden afectar a programas con los que el Estado nacional interviene en el sistema público de salud de la provincia como el de Salud reproductiva, el de Enfermedades poco frecuentes o los de lucha contra el dengue. Pero esto no puede ser usado como excusa por Llaryora para incumplir su obligación de asegurar el acceso a la salud de las y los cordobeses.
El caso de los pacientes del San Roque muestra que solamente si nos organizamos y movilizamos podemos asegurar que estos gobiernos ajustadores respeten nuestros derechos, incluso los más básicos.
Iván Amado