lunes, 22 abril 2024 - 13:06

Cordoba. Audiencia preliminar por el procesamiento a les 27 estudiantes de la UNC

El próximo 16 de febrero la justicia federal buscará concretar una audiencia preliminar preparatoria de inicio del juicio de la causa en la que procesa a estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba por defender la universidad del recorte presupuestario, que en ese momento llevaba adelante Mauricio Macri – hoy amigo de Milei y cia.-
A les estudiantes se les imputa por un supuesto delito que no es tal: usurpación por despojo. Esta carátula, que es completamente arbitraria, no aplica a la lucha estudiantil del 2018, donde fueron miles les que participaron del conflicto educativo que recorrió el país, con asambleas y tomas de facultades y pabellones. Como hemos alertado desde el inicio de la causa, no hay elementos que permitan asociar las ocupaciones pacíficas de edificios públicos por parte de docentes, estudiantes y otros trabajadores universitarios, con la acusación de usurpación por despojo. La insistencia tanto de la fiscalía como del juzgado en buscar individuos con responsabilidades penales en una protesta colectiva, hacen de este proceso judicial un intento de amedrentamiento al movimiento estudiantil, a quienes defienden la educación pública y a quienes defienden derechos en general.

Educarse y protestar no son delitos, son derechos

La criminalización de la protesta social es una práctica que se quiere profundizar con el inconstitucional protocolo antipiquetes de Bulrich que busca atacar el derecho democrático a reclamar, hoy cuestionado por el Juez Casanello gracias a la presentacion de un amparo por parte de nuestra compañera Cele Fierro. Cuestionamiento que esta teniendo lugar en la audiencia publica que se esta desarrollando estos dias en Comodoro Py.

Todo un intento de avanze autoritario mientras el actual gobierno ataca todos nuestros derechos mediante el DNU y la ya derrotada “Ley Omnibus”. Las políticas reaccionarias del Ejecutivo plasmadas en el mega DNU y la Ley Ómnibus afectarán brutalmente las condiciones de cursada, sumando mayor peso a la crisis económica que viene golpeando al conjunto de la comunidad educativa hace largo tiempo. La declaración de la educación como servicio esencial en el “mega decreto”, por nombrar solo uno de los puntos de ataque a la educación y a la protesta, restringe el derecho a huelga de los docentes, quienes hace tiempo vienen sufriendo la degradación de su poder adquisitivo por los aumentos insuficientes en un contexto inflacionario que no da respiro.

Otro punto controversial de la nueva legislación que se intenta imponer es el cobro de aranceles a estudiantes extranjeros, lo cual no solo abre el camino para un futuro arancelamiento total de la universidad pública, sino que deja afuera de las aulas a miles de compañeros que no podrán solventar los costos de su educación.

Sumado a todo esto, se anuncio por fuentes oficiales que las universidades nacionales van a recibir el mismo presupuesto que en 2023, cuando la inflación según los últimos datos del INDEC ya superó el 200% interanual(!!). Un recorte que pone en riesgo el funcionamiento de las universidades nacionales, de hecho va a implicar menos plata para aulas, becas integrales, sueldos dignos para les trabajadores docentes y no decentes, para la ciencia y el CONICET, que ya vienen protagonizando acciones multitudinarias contra el cierre.

No podemos dejar pasar estos ataques. Tenemos que defender el derecho a reclamar, organizarnos y protestar. A pesar de la represión, seguimos firmes en defensa de la educación pública, gratuita, laica y al servicio de los trabajadores y el pueblo, como así también defenderemos incondicionalmente el derechos a organizarnos y a la protesta social. Es por este camino de la movilización y la organización que le impusimos una primera derrota al gobierno haciendo que retire el proyecto de Ley Omnibus. El protocolo, cuestionado por un amparo presentado por nuestro partido. En ese camino tenemos que seguir hasta tirar tambien el DNU y todas las causas y procesamientos a dirigentes sociales, políticos, sindicales, que en nuestra provincia tienen el visto bueno del gobernador Martin Llaryora, que aplica el ajuste en consonancia con el gobierno nacional. A la par que necesitamos mantener y aumentar la exigencia a las centrales sindicales que llamen a un nuevo paro general hasta tirar abajo todo el plan de milei.

Ayer, hoy y siempre, la educacion publica no se vende se defiende

En ese contexto nos parece fundamental poner fin cuanto antes a la criminalización a les 27 estudiantes de nuestra UNC, y sabemos bien que lo vamos a lograr con movilización y lucha, como lo hemos hecho siempre. Es por eso que se esta convocando, una vez mas, a organizaciones estudiantiles, centros de estudiantes, sindicatos, organizaciones de DDHH, feministas, socio-ambientales, territoriales, partidos políticos, asambleas y a la sociedad en general a acompañar la concentración y el pedido de absolución a les 27 estudiantes, en las puerta de Tribunales Federales -esquina de Av Concepción Arenal con calle Wenceslao Paunero- este viernes. Por encima de nuestros derechos no pasarán.

Franca Condorí Bazan

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