En la sesión de ayer de la Legislatura de Córdoba se ratificó la elección de Juan Manuel Delgado como Fiscal General para la provincia, pese al rechazo popular por su falta de idoneidad para el cargo.
Para el cargo que estaba vacante desde 2018 tras la renuncia de Alejandro Moyano, el gobernador Juan Schiaretti propuso hace dos semanas a un funcionario del riñón de su gobierno que despierta rechazo por no asegurar la independencia que debería tener el Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta que se trata de un rol estratégico: a su cargo estarán las decisiones sobre cuáles causas investigar y el control de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Delgado es un hombre formado con un perfil claramente pro-empresarial: abogado y escribano recibido en la Universidad Católica de Córdoba, donde ejerce como profesor de Derecho Privado y profesor designado ayudante de Derecho Bancario, Mercado de Capitales y Seguros en la Facultad de Derecho de la UNC, además de poseer un master en Asesoramiento Jurídico de Empresas. Ejerció como secretario del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Córdoba y posteriormente fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Empresariales en el mismo organismo.
Un aspecto crucial sobre el rechazo que genera es el de su perfil claramente conservador: vinculado al Portal de Belén, la ONG que litigó activamente contra la aplicación del aborto no punible, haciendo retroceder a nuestra provincia un siglo tras interponer un amparo en la Justicia para evitar que se aplicara, y que obviamente militó contra la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Delgado fue parte también de un estudio jurídico que patrocinó un amparo para impedir la aplicación Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y de la pastilla del día después. Aún así, pidió “no ser discriminado por su fe”, cuando sus convicciones pueden costarle la salud a miles de mujeres y personas gestantes.
Sobre lo anterior, la Asamblea Ni Una Menos Córdoba emitió un comunicado de repudio que remarca lo siguiente: “Con este acto se profundiza el ataque del gobierno a nuestros derechos: no destinan presupuesto para luchar contra la violencia de género, sostienen en el Ministerio de la mujer a la precarizadora Claudia Martínez y ahora buscan nombrar a un antiderechos que ya anticipó que, según él, la ley de IVE es inconstitucional. Está claro que con estas medidas perdemos nosotres, dando marcha atrás sobre la autonomía y los derechos reproductivos y no reproductivos de quienes vivimos en Córdoba y dejando abandonadxs a quienes sufren violencia de género”.
Otra arista fundamental es la que hace al carácter antidemocrático de su nombramiento. Al respecto, la Legisladora del MST en el FIT Unidad, Luciana Echevarría, afirmó a través de su cuenta de Twitter: “Desde el MST nos oponemos a que sea el poder político, a espaldas del pueblo, el que designe a los funcionarios judiciales. No hay mecanismo más anacrónico, antidemocrático y elitista que ese. Más que Ministerio Público Fiscal, a partir de esta designación deberían llamarlo Agencia Córdoba Justicia, una dependencia más del Ejecutivo provincial. La elección de Delgado como Fiscal General promete una continuidad y profundización de un modelo de Justicia absolutamente adicta al poder político, empresarial y eclesiástico”.
Al momento de su alocución en la sesión legislativa de hoy, Echevarría también mencionó lo siguiente: “La única forma de terminar verdaderamente con esta lógica es con una profunda reforma que le de plena participación a la sociedad: la elección de jueces, juezas y fiscales debe ser por voto directo del conjunto de la población, los mandatos deben ser revocables y estar limitados temporalmente. Esto no es una idea mía, de hecho, muchas de estas cosas ya se aplican en varios países. Las y los trabajadores, las mujeres, el pueblo pobre y la juventud cordobesa necesitamos y merecemos una justicia que abandone sus prácticas de casta privilegiada, que termine con su completa dependencia de los poderes concentrados, que castigue con fuerza a los de arriba que siempre se han beneficiado a costa de los de abajo. Que tenga una mirada social, feminista, democrática, que defienda a rajatablas los Derechos Humanos, que se oponga a la opresión y a la discriminación. Lamentablemente, con esta designación, nos alejamos cada vez más de esa perspectiva”.
El oficialismo de Córdoba impuso su mayoría en la votación, pero también contó con votos de la supuesta oposición, lo cual evidencia el interés de contar con un fiscal de estas características por parte del establishment cordobés. La designación tuvo solo los votos en contra de Luciana Echevarría y Noel Argañaraz (FIT Unidad), Marcelo Cossar y Dante Rossi (UCR), Daniela Gudiño (Juntos por el Cambio), Cecilia Irazuzta (Coalición Cívica – ARI), María Rosa Marcone y Gerardo Grosso (Encuentro Vecinal).
Nacho Márquez