Este mediodía, en los Tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, una delegación de organismos de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas de la represión militar y paramilitar en Colombia bajo la presidencia de Álvaro Uribe, presentaron una querella para exigir justicia por tales crímenes de lesa humanidad. Como la “jurisdicción especial para la paz” en Colombia excluye estos 6.402 y más casos denominados falsos positivos, apelan al principio de jurisdicción universal vigente en la Argentina, por ejemplo, para investigar y juzgar los crímenes del franquismo impunes en España.
La querella, que patrocinan los abogados Máximo Castex y Bénédict De Moerloose, recayó en el Juzgado Criminal y Correccional federal Nº 2, a cargo del juez Sebastián Ramos.
A la delegación, integrada por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR), el colectivo Tejiendo Memoria y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la acompañamos referentes del CELS; del SERPAJ y el CADHU en nombre del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y nuestra diputada porteña Vanesa Gagliardi, del MST en el Frente de Izquierda Unidad.
Por la tarde, participaron de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y también de la masiva movilización convocada por el EMVJ contra la criminalización de la protesta social. Como dice la delegación colombiana: ¡Justicia por las 6.402!