La realidad del entramado productivo argentino arroja cifras verdaderamente catastróficas. Los números oficiales provenientes del Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT) exponen un desmantelamiento brutal de las fuentes laborales. Solamente durante el primer trimestre del año se perdieron 3.840 compañías a lo largo de todo el país. El mes de marzo concentró el golpe más feroz al registrar el cierre exacto de 2.011 de esas firmas.
Al ampliar el foco temporal desde el inicio de la gestión actual el escenario resulta aún más dramático. En un lapso sumamente corto desaparecieron 26.448 empresas empleadoras en forma neta. Toda esta sangría se traduce directamente en la destrucción de 339.841 puestos de trabajo registrados. Las estadísticas indican que el modelo aniquila unos 400 empleos formales y cierra unas 31 unidades productivas cada 24 horas.
El coste la primarización
El 98% de las empresas que bajaron sus persianas encuadran dentro de la categoría pyme. Esta abrumadora cantidad de empresas quebradas deja un tendal inmenso de familias obreras arrojadas a la desocupación de un día para el otro. Quienes logran reinsertarse en el mercado quedan condenados a sobrevivir en la extrema precariedad laboral, como lo mostraron los datos del Indec publicado hace unos días. Semejante exterminio económico expone de manera muy cruda la dinámica natural de este sistema en su fase de mayor voracidad.
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El proyecto libertario por el que transitamos nos empuja a una drástica primarización de la estructura económica para favorecer al gran capital transnacional. Todo el andamiaje legal del país se orienta de manera exclusiva a garantizar la rentabilidad en nichos extractivos muy específicos. Los enormes beneficios impositivos creados a medida de este tipo de inversiones, plasmados en herramientas como el RIGI y el recientemente sancionado Súper RIGI, demuestran claramente esta orientación hacia el saqueo. Actividades como la megaminería o la extracción de petróleo y gas concentran la totalidad de los incentivos estatales. Los últimos números oficiales sobre la actividad económica ratifican de manera brutal esta desigualdad, al exponer que el sector de minas y canteras creció más de un 12% interanual en medio del derrumbe total del resto de la industria. Frente a esto las grandes corporaciones internacionales se apropian de los recursos comunes y giran sus ganancias hacia las casas matrices con total libertad. Mientras que en nuestras provincias quedan únicamente los inmensos pasivos ambientales que provoca esta lógica de depredación constante.
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El lamento por el cierre masivo de persianas no debe empujarnos a defender ciegamente los intereses del pequeño empresariado. Las patronales pymes históricamente sostienen sus márgenes de ganancia a costa de pagar salarios magros y aplicar una explotación directa sobre sus propios operarios. Más allá de esta innegable contradicción de clase, el desguace es total y atraviesa a la inmensa mayoría de las ramas productivas. Por ejemplo, el sector del comercio sufrió el golpe más duro al contabilizar 6.836 empleadores menos desde la asunción del actual gobierno. Le sigue muy de cerca el área de transporte y almacenamiento con la desaparición de 6.473 firmas, lo que representa una contracción verdaderamente brutal del 16,4%. El colapso también arrastró a los servicios inmobiliarios con 3.796 bajas y a la industria manufacturera con la pérdida de 3.393 unidades productivas. El área de servicios profesionales y científicos se achicó al perder 2.666 compañías, mientras que la actividad agrícola y ganadera vio cerrar a 2.425 establecimientos.
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Al analizar los puestos de trabajo directos destruidos por este plan de miseria, el rubro de la construcción lidera la catástrofe con más de 81.000 despidos formales acumulados. Esta ola de cierres es la muestra más clara de lo que ocurre al dejar la economía totalmente a la deriva y en manos de los monopolios.
Una salida en manos de la clase obrera
La crisis desatada expone el rotundo fracaso de la anarquía productiva que rige nuestras vidas. Reclamar salvatajes estatales o subsidios para sostener a los empresarios locales no representa ninguna solución de fondo para las mayorías populares. Un gobierno de ultraderecha agudiza este caos rifando la riqueza nacional a los monopolios mediante instrumentos jurídicos diseñados a medida. El promocionado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones constituye un claro ejemplo de este mecanismo de entrega absoluta. A través de este esquema las compañías extranjeras operan importando íntegramente sus enormes estructuras desde el exterior.
La única respuesta efectiva frente a esta catástrofe requiere transformar de raíz las bases de nuestra economía. La producción de bienes debe dejar de ser un terreno exclusivo donde un puñado de capitalistas decide el destino de millones de seres humanos. Se vuelve fundamental la necesidad de organizar todo el aparato productivo mediante una planificación democrática encabezada por los propios trabajadores. Disponer de los recursos nacionales en función de las verdaderas necesidades sociales y erradicar el afán de lucro constituye la única vía real para frenar esta maquinaria de miseria.
