Una fiesta que no fue. El viernes 19 el gobierno se disponía a hacer de la presentación del Consejo Económico y Social un hecho político que despertara alguna expectativa, en el marco de una situación que cada día se vuelve más desesperante para el pueblo trabajador. El escenario y los medios oficiales estaban dispuestos para un anuncio a modo de gran hecho político. No pudo ser, el escándalo del vacunatorio VIP aguó la fiesta y desde entonces el tema ocupa el centro de la escena política. No es para menos, en medio de una pandemia que en Argentina ya se cobró la vida de más de 50 mil personas, la indignación está más que justificada. Sobre todo, porque aunque quieran hacerla parecer un error, un descuido o un hecho limitado a pocas personas, es parte de un sistema de vacunación paralela en distintos puntos del país que favorece a la casta política, sindicalistas y empresarios amigos. De hecho las denuncias venían creciendo y las declaraciones de Verbitsky sólo detonaron lo que ya era un secreto a voces. En la provincia de Buenos Aires los casos de militantes y punteros es tal que hasta militantes de la Cámpora difundían por las redes sus fotos después de vacunarse. En Santa Cruz dos intendentes, familiares, choferes y un diputado nacional se vacunaron cuando todavía no logró inocularse al total del personal de salud. En Comodoro Rivadavia desparecieron misteriosamente 30 dosis que luego aparecieron en un local del sindicato de camioneros.
Como se ve, no fue un caso aislado. La crisis desatada obligó al gobierno a pedir la renuncia del ministro de Salud para intentar calmar un poco las aguas. Sin embargo, lo ocurrido desnudó el nivel de corrupción e impunidad de una casta política que se protege a sí misma, a sus amigos y socios por sobre la vida de millones y no se puede descartar que sigan los coletazos. El escándalo puso en evidencia, además de los privilegios, que la realidad dista mucho de los discursos triunfalistas del gobierno respecto a la vacunación. Nuestro país se encuentra debajo del puesto 50 en el ranking de población vacunada y las dosis llegan en cuentagotas en momentos donde sigue alto el nivel de contagios y se espera una muy probable segunda ola. No alcanza con hacer saltar fusibles, el gobierno debe garantizar los recursos económicos y una logística de vacunación universal controlada por el personal de salud. Con la plata destinada a la deuda y un verdadero impuesto a la riqueza y las rentas, repudiando las patentes con las que lucran las multinacionales farmacéuticas; como también iniciando un programa cooperativo de producción y distribución, se podrá avanzar en ese sentido.
La derecha, oportunista, hace su juego hipócrita. Párrafo aparte, y para nada menor, merece la campaña desplegada por Juntos por el Cambio y todo el arco de la derecha, que pretende aprovechar el affaire del vacunatorio VIP para disputar terreno y reposicionarse. Además de ser responsables de haber liquidado el Ministerio y aportado a la destrucción del sistema de salud, ser campeones de la corrupción y parte selecta de la casta política privilegiada, vienen promoviendo todo tipo de medidas antisanitarias durante la pandemia. Fueron anticuarentena de la primera hora y boicotearon las vacunas con argumentos anticientíficos y dignos del medioevo. Y ahora se rasgan las vestiduras en los medios y proponiéndose como alternativa. Una vez más se demuestra que el “progresismo” en el poder es el que alimenta a la derecha. A las pruebas remitirse.
El Pacto Social en marcha. Volviendo a la presentación del Consejo Económico y Social, es esencial analizar lo que se esconde detrás del objetivo declarado de “abordar estrategias y políticas para el desarrollo del país”. Esta nueva versión de Pacto Social entre el Estado, las patronales, la burocracia sindical y la Iglesia trata de contener una crisis que acumula presión en la caldera social. La inflación sin freno, el aumento exponencial de la pobreza, la caída salarial*, son elementos que siguen aumentando una bronca social que no se disipa con discursos de buenas intenciones. Sobre todo si las medidas concretas que impulsa el gobierno significan nuevas concesiones a las patronales y ajustes al pueblo trabajador. El reciente informe del FMI que preanuncia nuevos estallidos tiene preocupada a la burguesía. El CEyS es el intento de costurar un acuerdo que lo impida. No es casual que esté presidida por Béliz, viejo cavallista y hombre de la Iglesia, y compuesto por los elementos más podridos de la burocracia sindical, como Gerardo Martínez de la UOCRA, ex servicio del Batallón 601, entre otros.
Nuevamente la quimera de la conciliación de clases. En su discurso Alberto volvió a insistir en que “el capitalismo debe ser repensado” y que “no es posible pensar una economía sin ética”, retomando su planteo de un capitalismo que incluya a todos. De nuestra parte, volvemos a insistir en que esperar que las patronales cedan sus privilegios es una verdadera utopía. La muestra más acabada es el sostenimiento de las patentes para obtener ganancias multimillonarias en medio de una pandemia mientras mueren millones de personas. En un marco de crisis económica mundial que tiende a profundizarse, la burguesía en su conjunto apunta a aumentar los márgenes de explotación sobre la clase obrera para mantener su tasa de ganancia. El diálogo propuesto no es otra cosa que poner en funcionamiento una estructura que actúe para poner un techo salarial y desactivar las luchas de la clase trabajadora y los sectores populares que salgan a enfrentar el ajuste. Las declaraciones de Daer al finalizar el acto son elocuentes: “no hay margen para una medida de la central obrera porque las políticas las podemos discutir con el Poder Ejecutivo” expresó.
El desarrollo estratégico es otra falacia discursiva. El plan del gobierno nacional, apoyado por las patronales y la burocracia sindical, está enmarcado en las negociaciones con el FMI. Lejos de los acostumbrados discursos sobre la soberanía y la independencia, el Frente de Todos eligió la sumisión al organismo financiero buscando postergar los pagos hasta después de las elecciones, pero convalidando la estafa del macrismo. En función de garantizar la entrada de dólares y seguir favoreciendo el negocio de las grandes corporaciones se inscriben el nuevo impulso de la megaminería y un nuevo capítulo de entrega con la nueva licitación de la Hidrovía del Paraná. La situación de Chubut, donde la resistencia del pueblo viene empantanando el proyecto de zonificación minera de Arcioni y Fernández muestra el rol de la burocracia sindical, que en la provincia patagónica, de la mano de la UOCRA, Petroleros y Camioneros intenta doblegar la masiva resistencia popular.
Dos tareas en este contexto. La primera: organizar desde cada lugar de trabajo, cada barrio, cada gremio, la pelea por salario, trabajo, vivienda y todos nuestros derechos, coordinando a todos los sectores en conflicto, preparando y reclamando un plan de lucha nacional. La segunda: fortalecer una alternativa política del pueblo trabajador, con un programa de salida a la crisis en favor de la clase obrera y los sectores populares. El escenario político y la magnitud de la crisis ponen de relieve la necesidad de las medidas que viene levantando la izquierda: un sistema único de salud estatal, público y gratuito con control de los trabajadores de la salud, la lucha contra las patentes y los recursos necesarios para un plan de vacunación universal, el control de precios y la nacionalización del comercio exterior y la banca, el default soberano de la deuda y un impuesto real a la riqueza entre otras medidas urgentes. La idea de que hay que seguir apoyando al gobierno para no hacerle el juego a la derecha es un callejón sin salida, porque termina fortaleciendo a las patronales, la burocracia y por esa vía a la derecha que se pretende combatir. El desafío pasa por fortalecer el Frente de Izquierda Unidad, ampliándolo a nuevos sectores que se desencantan cada vez más con el Frente de Todos, como proponemos desde el MST en el FIT Unidad.
*el poder adquisitivo salarial en los últimos cinco años fue de un 23, 2 % mientras las ganancias patronales aumentaron del 46,4 al 50,4 % del PBI (CIFRA).