Después de meses de un sugestivo silencio respecto a sus números y ya fuera del Gobierno, Manuel Adorni reapareció a través de un escrito de 77 páginas presentado ante la Justicia. El exvocero y exjefe de Gabinete, mediante su abogado Matías Ledesma, intenta responder a los 20 puntos exigidos por el fiscal Gerardo Pollicita, quien investiga un presunto enriquecimiento ilícito y un incremento patrimonial del 119%. El reloj corre para el exfuncionario, ya que, en caso de que la fiscalía no considere suficientes estas justificaciones, quedaría allanado el camino para citarlo a prestar declaración indagatoria.
El refugio en el mundo cripto
El expediente dejó a la vista un desfase millonario en la economía del exfuncionario. El requerimiento fiscal determinó que los ingresos declarados por la familia rondaban los 229,7 millones de pesos, pero los gastos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos superaron los 272,8 millones. Esta simple resta arrojó una inconsistencia superior a los 43 millones de pesos. Para justificar esta brecha y la tenencia de cientos de miles de dólares en efectivo, Adorni recurrió a un argumento difícil de rastrear: el de las criptomonedas.
La defensa asegura que el grueso de los fondos cuestionados proviene de la venta de bitcoins adquiridos entre 2014 y 2018, años antes de su ingreso a la función pública. Según el escrito, el exfuncionario liquidó ocho billeteras virtuales por U$S 591.544,61. Para darle algún tipo de sustento a esta versión, los abogados aseguraron haber entregado las claves privadas en un sobre cerrado y lacrado ante la Justicia. Además, se justificó el hecho de haber mantenido ese dinero oculto fuera del radar de ARCA argumentando que el ahorro informal en dólares físicos es una práctica “extendida” en la sociedad argentina frente a la inestabilidad económica.
Sin embargo, las explicaciones de Adorni sobre sus operaciones rozan lo absurdo. El documento presentado relata que la inversión inicial fue de menos de U$S 2.000 en 2014, pegando un salto brutal a casi U$S 200.000 en 2017. Las supuestas liquidaciones de estos activos se habrían concretado de la manera más precaria e insegura posible: mediante encuentros personales en lugares públicos, con compradores completamente anónimos y recibiendo montañas de dólares en billetes físicos mano a mano. Esta versión genera serias dudas e inconsistencias obvias. Es inexplicable, por ejemplo, que, en una de esas supuestas transacciones, el 5 de agosto de 2017, alguien le haya entregado personalmente U$S 296.785,46 en efectivo, en un lugar público y a plena luz del día, sin dejar ningún tipo de registro financiero, plataforma o intermediario de por medio.
Más allá del relato de película, el escrito también omite explicar por qué, luego de guardar cientos de miles de dólares bajo el colchón durante casi seis años para “priorizar el ahorro”, decidieron gastar esa inmensa fortuna acumulada en inmuebles, remodelaciones y viajes suntuosos a Aruba y el Llao Llao, casualmente, justo en el mismo momento en que Adorni asumió su cargo en el Estado.
Refacciones, testaferros y jubiladas
El otro gran frente que la defensa intentó maquillar son las refacciones de su lujosa casa en el country Indio Cuá. El relato oficial marca que, ante el ascenso político de Adorni, decidieron mudarse y comprar este lote por U$S 120.000, financiándolo con un préstamo familiar de U$S 100.000 y poniendo el resto en efectivo.
Sobre las obras, en mayo, el contratista Matías Tabar declaró bajo juramento haber recibido U$S 245.000 en efectivo por mejoras que incluyeron pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada. El documento presentado por Adorni rechaza tajantemente esa cifra y afirma que la obra costó U$S 175.000. Para sostener este número, la defensa cuestionó las planillas del constructor y se apoyó en una tasación técnica realizada a medida por un arquitecto contratado por ellos mismos.
A este polémico gasto se suma la dudosa compra de un departamento en la calle Miró. Esta propiedad fue adquirida a dos jubiladas mediante una insólita operación: una entrega en efectivo de apenas U$S 30.000 y la promesa de saldar los U$S 200.000 restantes en el plazo de un año, sin ningún tipo de interés.
Tampoco pasaron desapercibidas las maniobras para ocultar su nivel de vida utilizando a terceros; el propio Adorni tuvo que admitir que usó tarjetas de crédito a nombre de funcionarias de su extrema confianza, como su exsecretaria Gisela Kocsis o su amiga Laura Schiuma, para realizar diversas compras personales, aduciendo que luego les reintegraba el dinero en efectivo.
Un salvavidas judicial a la medida del poder
Es por lo menos llamativa la celeridad con la que este caso empezó a moverse en los tribunales cuando Adorni fue eyectado de su cargo en el Ejecutivo. La reconfiguración impulsada por el ministro Mahiques ha dejado causas sensibles en manos de jueces adictos al poder de turno, quienes, a pocos días de asumir, ya le hicieron guiños al Gobierno para calmar las aguas frente a sospechas graves, como ocurrió con el escándalo de la criptoestafa $LIBRA que ata de pies y manos al presidente.
Todo indica que el avance de este expediente en Comodoro Py podría terminar siendo un trámite diseñado para proteger al exfuncionario.
El fin del relato libertario
El caso de Adorni es otro capítulo que destroza el relato de la ultraderecha. El oficialismo descarga un plan de ajuste brutal sobre el pueblo trabajador y, en simultáneo, quienes formaron parte de su mesa chica acumularon propiedades y dólares en efectivo en tiempo récord.
Dejar esta investigación exclusivamente en las manos de Comodoro Py y de magistrados como Ariel Lijo es una garantía de impunidad. Para que esta matriz no quede sepultada bajo favores políticos, se vuelve fundamental la conformación de una Comisión Investigadora Independiente, integrada por personalidades intachables y organismos de derechos humanos, con acceso irrestricto a los libros contables del Estado.
Este escenario obliga a preguntarse qué significa realmente terminar con la casta. Si se trata de reemplazar una dirigencia por otra manteniendo la oscuridad patrimonial y los privilegios, la farsa es total. La verdadera exigencia debe ser que nadie se enriquezca desde el Estado y que exista un control social efectivo sobre quienes gobiernan. La transparencia no puede usarse a la carta contra los adversarios políticos; quien llegó prometiendo terminar con la casta debe rendir cuentas con la misma vara. Ni casta vieja ni casta libertaria: sin privilegios, sin impunidad y con justicia real para recuperar cada peso saqueado.
