El 26 de febrero de 2006 Paulina Lebbos, hija de un funcionario del gobierno de Tucumán, Alberto Lebbos, fue secuestrada a la salida de un boliche ubicado en la capital tucumana, siendo hallada en una zona rural al norte de la provincia el 11 de marzo por unos baqueanos que transitaban la zona. Gobernaba por entonces la provincia el ex senador nacional José Alperovich, actualmente sometido a juicio por un caso de abuso sexual agravado a su sobrina.
Las múltiples muertes de Paulina y la corrupción de la democracia burguesa
Alberto Lebbos renunció a su cargo y desde entonces inició una incansable búsqueda de los responsables del femicidio que conmocionó a Tucumán, acompañado por la movilización de importantes organizaciones políticas y sociales. Desde el MST acompañamos cada una de estas acciones.
Pero a medida que aparecían elementos nuevos en la investigación -encontrados por Lebbos, no por la policía- comenzó a visibilizarse que se había desarrollado una importante red de encubrimiento de los responsables, desde el Poder Ejecutivo en un principio y, como se determinaría después, el Poder Judicial y el Legislativo.
Era obvio que se estaba encubriendo a un “hijo del poder”, como se le comenzó a llamar al criminal desconocido y protegido en la jerga popular. El hecho estuvo signado por numerosos escándalos. Desde la fotografía del fiscal actuante (Noguera) visitando la casa del gobernador para “recibir instrucciones”, hasta la adulteración de la escena del crimen efectuada por la misma policía, la adulteración de las actas, la falsificación de firmas de testigos, las múltiples amenazas. Incluso la policía hizo público un comunicado en el que se afirmaba el cuerpo había sido encontrado “luego de un extenso rastrillaje”, mas tarde se iba a saber que habían sido los baqueanos y no la policía.
Pero la cosa no terminó allí, la lucha incansable continuó, Noguera tuvo que apartarse del caso. Los primeros condenados por encubrimiento agravado en diciembre de 2013 fueron los policías que adulteraron la escena donde fue hallado el cadáver, luego cayeron funcionarios mas importantes como el jefe de Policía Hugo Sánchez, el subjefe Nicolás Barrera y hasta el mismísimo secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, así como el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Brito.
El encargado de investigar los hechos ahora era el fiscal Albaca, entre los años 2003 y 2015. No solo no investigó nada, sino que además dejó que se perdieran en todos esos años las pocas pruebas que quedaban. Cuando Lebbos pedía ver el expediente se lo negaban en forma reiterada. La Corte Suprema no hizo nada tampoco.
Cuando el escándalo alcanzo ribetes inusitados, Albaca presentó la renuncia “para acogerse a los beneficios de la jubilación” y evadir el juicio político en su contra que había iniciado el padre de Paulina. Se la concedieron con el avenimiento de la Legislatura tucumana y funcionarios de ANSES.
Paulina, un símbolo de la lucha contra la impunidad
La lucha continuaba incansable. Se formó en este proceso, la Comisión de víctimas de la impunidad, que fue sumando familiares de otros casos de gatillo fácil y movilizó todos los martes a Casa de Gobierno, logrando gran apoyo social. Cada año el 26 de febrero, aniversario de la desaparición de Paulina, Alberto Lebbos junto a la Comisión convocó a movilizaciones muy importantes, festivales donde asistieron familiares de víctimas de otros hechos aberrantes que conmocionaron al país: caso Cromañón, masacre de Once y muchos otros familiares que denunciaban el nefasto rol de la Justicia y el Estado para garantizar la impunidad de funcionarios y policías.
La movilización popular en estos 15 años sentó a Albaca en el banquillo de los acusados bajo el cargo de encubrimiento agravado por tratarse de un funcionario Público. Finalmente, el miércoles 29 de Diciembre de 2021 fue condenado a 6 años de prisión que deberá cumplir en su casa por haber alcanzado la edad de 70 años. Los asesinos de Paulina siguen impunes, Alperovich también. La lucha sigue hasta que estén todos los responsables materiales y sus cómplices presos.
Quizá alguien quiera adjudicarle esta suma de hechos aberrantes a “defectos de la democracia” o a “funcionarios corruptos”; pero no. Nosotros sabemos que todo el sistema capitalista es corrupto, un sistema que se basa en la competencia por el dinero y el poder. Donde todo se compra y se vende. A veces con dinero y a veces con favores.
El Poder Judicial, donde jueces y fiscales tienen cargos vitalicios y sueldos de privilegios, que no tiene perspectiva de género y defiende este modelo capitalista y patriarcal, no va más. Es imprescindible su democratización a través de la destitución y elección de jueces y fiscales a través del voto popular.
Solo lograremos erradicar para siempre la impunidad de los poderosos cuando caiga el sistema que los sostiene. Esa es nuestra lucha cotidiana y hasta la victoria de esa lucha seguiremos, de lo contrario seguirán lamentablemente las Paulinas, las víctimas del gatillo fácil y los femicidios.
No son los políticos de los grandes partidos patronales solamente, tampoco es solo un gobierno, es todo el sistema corrupto al servicio del dinero y del poder de turno.
Angel Paliza