Este domingo en la FM Milenium, el diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, “Bertie” Benegas Lynch, cuestionó la obligatoriedad de la educación. Dijo que esta es “responsabilidad de los padres” y que el Estado no debería interferir: “¿Cómo va a ser el Estado quien decide sobre el chico? A mí no se me ocurre una cosa tan invasiva”, sostuvo.
Benegas Lynch, hijo de quien Milei considera su “prócer”, afirmó: “Vos a tu hijo le querés dar lo mejor y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en la Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller con el padre trabajando” (ver video).
Pretende así desconocer la Ley de Educación 26.206 que fija “la obligatoriedad escolar en todo el país, desde la edad de 4 años hasta la finalización de la educación secundaria” (Art. 16º). Y la Ley 26.390 que prohíbe el trabajo infantil, un delito [1] penado con hasta 4 años de cárcel. Incluso UNICEF lo cruzó: “trabajar aleja a los chicos y las chicas de su derecho a aprender, jugar y crecer felices”.
Milei: “El sistema de la obligación no funciona…”
Esto podría sonar a una burrada de Benegas Lynch, que criticó hasta la CGT por tratarse de “una primitiva mirada de patrón de estancia” que “quiere ciudadanos ignorantes para ser utilizados como ovejas”. Pero no habría que menospreciar su postura ya que la comparte con Milei, quien también se mostró contrario a la obligatoriedad escolar.
En una entrevista en radio Mitre, ante la pregunta de si creía que la educación no debe ser obligatoria, Milei afirmó: “¿Vos querés obligar a un ser humano a que haga algo? No les está yendo muy bien con la obligatoriedad porque la gente va dejando en el camino. El sistema de la obligación no funciona…” (ver video).
Así, estos dichos no resultan algo aislado, sino parte de las medidas de este gobierno liberfacho. Ellos consideran a la educación como un “adoctrinamiento” y la cuestionan como una supuesta “maquinaria que lava cerebros”, en palabras del presidente, quien -junto a su ministra de Capital (in)Humano-, decide financiar a las privadas con sus “vouchers” para pagar las cuotas a los colegios privados. Mientras recortan a la escuela y la universidad públicas. O rebajan el salario de 1.6 millones de docentes al querer derogar el Incentivo por decreto.
Criticar la obligatoriedad apunta a instalar una narrativa para poner en cuestión la educación como derecho social. Es parte de la “batalla cultural” de este gobierno, que llegó a incluir -en la derrotada Ley Ómnibus-, un Art. 550º para que así, tener que ir a la escuela ya no sea obligatorio. Pretendían sustituir el Art. 109 de la Ley de Educación para atentar contra la escolaridad presencial desde el 4º grado de Primaria (ver nota).
La educación no es un “lujo” ni los pibes, propiedad privada
Con esta concepción retrógrada, los padres y empresarios sí podrían darse el “lujo” de hacer con los hijos lo que quieran. Serían de su propiedad… Tanto repudio generó que hasta el propio gobierno tuvo que salir a despegarse. Es que la educación no es un “lujo” ni una decisión individual de padres, familias ni de las empresas, sino una obligación y un derecho humano y social.
Las infancias y les adolescentes no son propiedad de nadie, son sujetos de derecho. Con la garantía de educarse y no tener que trabajar como mano de obra barata para contribuir a recuperar la tasa de ganancia capitalista. Sino que sus familias deban enviarles a la escuela y el Estado, asegurar que eso se cumpla. Porque romantizar los esfuerzos particulares de estudiantes y docentes, así como decretar la obligatoriedad en un artículo de la ley, pero sin destinar los recursos, los programas de inclusión ni las condiciones materiales y sociales que la aseguren, no es garantía de que los pibes asistan, más allá del relato discursivo del PJ, el kirchnerismo y la burocracia Celeste.
La obligatoriedad está cuestionada mayormente en la Secundaria, donde el 61% llegó al último año en el tiempo esperado. Por eso demandamos una obligatoriedad acompañada de programas de inclusión, de más presupuesto, cargos, becas, comedores, libros y transporte, aulas y escuelas en condiciones. Es decir, lo necesario para garantizar la asistencia, la permanencia y el egreso de cada estudiante.
Porque la educación no es un bien transable, opcional, una mercancía que se compra y se vende, sino un derecho social inalienable del pueblo trabajador, sus infancias y jóvenes, que el Estado debe garantizar aportando el presupuesto necesario, íntegramente de sus rentas generales.
Estos granujas liberfachos son la expresión de la decadencia y de un capitalismo que nada tiene para proyectar. Quieren tener más mano de obra precarizada, obligando a pibes y adolescentes a trabajar para sostener la rentabilidad perdida del capital, y que se eduquen las elites.
Por eso intentan reinstalar una narrativa superada con la Ley 1.420 de Educación Común, promulgada en 1884 en la presidencia de Julio A. Roca [2], otro supuesto “prócer” de Milei. Con esa ley, por primera vez se estableció la obligatoriedad, la gratuidad y también la laicidad de la educación para las infancias de 6 a 14 años. El delantal blanco como uniforme, apuntó a expresar ese ideal de igualdad social o unidad.
Esa trasnochada “libertad” de explotar
Benegas Lynch dice que la libertad sería poder mandar a trabajar a un hijo, en vez de “darse el lujo” de enviarle a la escuela. Argumentando que no se puede poner “la fuerza de los tanques sobre el padre, que tiene la mejor intención…”. Pero la Ley 1420 fijó lo contrario: en su Art. 3º decía que “la obligación escolar comprende a todos los padres, tutores o encargados de los niños”. Y que se debía “exigir su observancia por medio de amonestaciones y multas progresivas, sin perjuicio de emplear la fuerza pública para conducir los niños a la escuela” (Art. 4º).
La promulgación de esa Ley 1420 venía a estructurar el nuevo sistema educativo, donde el Estado juega un rol central. El liberalismo burgués de entonces sentará las bases de nuestro sistema educativo bajo la consigna de “educar al soberano”, como forma de desarrollar las fuerzas productivas, frente a lo que consideraban “barbarie”.
Al poner la educación al servicio de un capitalismo en desarrollo y un proyecto de vertebración social que formara “ciudadanos libres”, que puedan consumir, sepan de sus derechos y sobre todo de normas y obligaciones. Que puedan emplearse para extraer plusvalor, de acuerdo al proyecto de “modernidad” de EE.UU. y la Europa capitalista. Esa Argentina moderna demandaba de una pedagogía acorde a la sociedad por construir.
Una disputa global por el sentido de la educación
Hoy, con un 70% de pobreza infantil, estas ideas de Benegas Lynch y Milei profundizan la decadencia. Las rechazamos y salimos a disputar el sentido mismo de la educación. Apuntando a desarrollar las capacidades, potencialidades, creatividad y disfrute de cada estudiante. Así como la construcción democrática de conocimientos socialmente significativos, pero para las mayorías sociales.
Por eso nos planteamos e interpelamos respecto a quiénes deberíamos decidir las transformaciones que requiere la educación estatal. Demandamos un Congreso Pedagógico Nacional donde la decisión sobre el sentido de la educación, su obligatoriedad, gratuidad, los contenidos, la didáctica y pedagogía que hacen a la educación una ciencia humanística, no se reserven a los gobiernos, el empresariado, la Iglesia y los sectores privatistas.
Porque la educación se pensó siempre para una sociedad basada en el interés de la clase dominante. Lo que explica esa tensión y crisis educativa constante, al considerar a la escuela como el espacio para la asimilación de una ideología contraria a los intereses del pueblo trabajador.
El proyecto liberfacho, junto al FMI, con el que comulgan distintos gobernadores, precariza la enseñanza y los saberes en virtud del lugar que asume la burguesía semicolonial argentina, en la división internacional del trabajo. Con su modelo extractivista, de exportación de materia prima casi sin valor agregado y de servicios. Para el que no necesitan formar ni adiestrar masivamente en nuevos conocimientos y capacidades, sino preparar en saberes mínimos, en una política laboral con alto nivel de informalidad.
Por eso reclamamos un Congreso Pedagógico donde docentes, estudiantes y familias resolvamos una política para democratizar toda la producción material y simbólica del 99% de la sociedad, que forme jóvenes críticos, en un proyecto emancipador y al servicio de quienes trabajamos en ella y del pueblo trabajador.
Como planteamos incluso en los Estatutos de la FND, luchamos por un sistema de educación público, único, estatal, gratuito, obligatorio, laico, científico y democrático, basado en la promoción del pensamiento crítico, el desarrollo de la conciencia y de actitudes científicas frente a la realidad y la sociedad, al servicio de las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales que nuestro país necesita para su emancipación y la construcción de una sociedad igualitaria y justa.
Lo que nos remite a otro aspecto: la necesidad de unir al sindicalismo combativo, las asambleas, la cultura, los DDHH y la izquierda, en una lucha política por otra sociedad. Convocando a un congreso abierto desde el Frente de Izquierda Unidad, al servicio de una alternativa que aspire a disputar a las clases dominantes y la burocracia otro proyecto educativo y de país, esta vez en sentido socialista.
[1] Ley 26.847, incorpórese como Art. 148 bis del Código Penal, año 2013
[2] Ley Nº 1.420 de Educación Común, gratuita y obligatoria, aprobada el 8 de julio de 1884 en la presidencia del genocida Julio Argentino Roca.