En el medio día de hoy se realizó una audiencia judicial de mediación entre el presidente Fernández y la dirigente del PRO Patricia Bullrich, en la querella que el presidente le iniciará por difamación por los dichos de la dirigente del PRO, que aseguran el gobierno habría buscado retornos en el fallido primer acuerdo con el laboratorio Pfizer para la compra de vacunas. Tanto los funcionarios del gobierno del Frente de Todos como los dirigentes de Cambiemos son responsables de una desastrosa gestión en la adquisición de vacunas, que postergó la obtención de las mismas y provocó decenas de miles de muertes evitables. Sólo se sabrá la verdad con una comisión investigadora independiente.
La audiencia de mediación convocada por el juez Luis Sáenz, titular del Juzgado Civil N° 21 de la Ciudad de Buenos Aires terminó como ya había sido anunciado: con la ratificación de la titular del PRO de su denuncia y la apertura del caso a la etapa de prueba, en la cual se investigará si Bullrich difamó efectivamente al jefe de Estado. Fernández, a través de su abogado Gregorio Dalbón, le exige un resarcimiento a la ex ministro de Seguridad de Macri por $100 millones.
Fernández no apareció públicamente, quizás porque quiere evitar preguntas sobre el vergonzoso acuerdo que está a punto de firmar con la Justicia como reparación a la fiesta de cumpleaños de su esposa en medio de las restricciones más severas dispuestas por él mismo.
El caso del contrato fallido con Pfizer
En su momento, el entonces ministro de Salud, Ginés González García denunció que se había frustrado la firma del contrato por las condiciones leoninas que este laboratorio norteamericano exigía para la firma del mismo. Si bien las cláusulas de los contratos son secretas y por lo tanto también las condiciones de su negociación, ya se conocían las extorsiones que este laboratorio realizaba a sus clientes del mundo pobre para venderle sus vacunas en los peores momentos de la pandemia. Así lo denunciamos en Periodismo de Izquierda, reflejando un informe de The Bureau of Investigative Journalism, una organización de noticias sin fines de lucro con sede en Londres.
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Con posterioridad a este informe, el gobierno brasilero filtró “sin querer” el contrato firmado con este laboratorio que da prueba fehaciente de estas denuncias.
Bullrich y la dirigencia del PRO, la oposición que primero fue anti vacunas; que se negó a realizar las restricciones necesarias para evitar la propagación del virus; que hizo campaña contra la utilización de la Sputnik, por no mencionar su abandono a las necesidades del personal de Salud, primera línea de combate al Covid hizo del fracaso de la firma con Pfizer una campaña de denuncias de supuestos pedidos de coima, Argumento que el gobierno habría pedido se habilite a un tercero en la comercialización de la vacuna, que sería el medio para obtener retornos. Esto llevó a la denuncia por difamación interpuesta por Fernández.
En forma posterior, el 8 de junio de 2021, Pfizer negó en la Cámara de Diputados que haya habido algún “pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios” y que no tenía “interés” en activos soberanos de la Argentina como garantía. Finalmente, la historia con Pfizer terminó con que el gobierno, olvidando sus anteriores denuncias de exigencias desmesuradas y poniendo a un costado su discurso anti monopólico y anti imperialista cerró un nuevo contrato con el laboratorio Pfizer con la excusa de proveerse de vacunas aptas para la aplicación en niños. Cambió la legislación y aceptó distintas exigencias de este laboratorio yanqui. Máximo protestó en su momento por el cambio de postura, pero no renunció a nada luego de sus duras denuncias.
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Un show mediático que oculta la verdad
Más allá de las declaraciones del laboratorio condicionadas por sus intereses de negocios, así no se sabrá nunca la verdad sobre este hecho, dado que en realidad ni a Bullrich ni a Fernández, más allá del sainete electoral, les interesa. Lo cierto es que tanto oficialismo como oposición son responsables de que el país demorara mucho tiempo en tener la cantidad de vacunas necesarias para combatir al Covid, lo que originó decenas de miles de muertes evitables.
Esto fue así porque los gobernantes del Frente de Todos se negaron a declarar de utilidad pública el laboratorio mAbxience de Pilar, propiedad de su empresario amigo Hugo Sigman, que producía y produce en nuestro país el principio activo de la vacuna AztraZeneca. Esta empresa inglesa no cumplió ninguna de las fechas de entrega pactadas con nuestro país- y el gobierno no entabló ninguna demanda contra este incumplimiento, dado que el contrato no preveía ninguna penalidad-, mientras AztraZeneca destinaba el producto activo que se fabricaba en Pilar a las necesidades de otros mercados de las potencias centrales.
En su momento, el FIT-U propuso declarar de utilidad pública este laboratorio para que las vacunas llegaran en tiempo y forma a nuestra gente, siguiendo la actitud de muchos países productores que, empezando por Estados Unidos y Europa, se negaron a exportar vacunas producidas en su territorio hasta sobre abastecer a la población local. Los funcionarios esgrimieron además el argumento que no había capacidad para fraccionar las vacunas en el país. Una mentira completa que en su momento denunciamos y que luego fue demostrada, cuando el laboratorio Richmond empezó a realizar la misma tarea en torno al principio activo de la Sputnik que importamos de Rusia.
Por eso, más allá de este sainete realizado por ambas partes con fines electorales, lo que se oculta detrás es la complicidad total entre el gobierno y la oposición para resolver la provisión temprana de vacunas. Y en esto, la defensa de la propiedad privada es la que primó tanto en la mentira como en el silencio sobre la propuesta del FIT-U en torno a la salida que el país tenía a mano.
En esto son cómplices, tanto por acción como por omisión, el gobierno de Fernández, la oposición de Cambiemos y hasta el mismísimo Máximo, que protestó contra la firma con Pfizer pero se calló bien la boca en torno a la propuesta anterior de declarar de utilidad pública mAbxience.
Comisión investigadora independiente
En el reciente acuerdo firmado por el gobierno con el FMI para la refinanciación de la fraudulenta estafa contraída por Macri por U$S 45.000 millones, figura una cláusula que exige “publicar una auditoría externa ex-post sobre gasto relacionado con la COVID-19 durante por lo menos 2020”. Nada bueno podemos esperar de esta auditoría que el Fondo, defensor de los intereses yanquis y sus laboratorios exige y que el gobierno sumisamente firmó. Tampoco esta Justicia parcial y funcional a los grandes intereses capitalistas va a investigar imparcialmente.
Para saber la verdad y determinar las responsabilidades en la adquisición de vacunas durante la pandemia, lo que hace falta es una comisión investigadora independiente, que con plenos poderes para realizar su tarea eficazmente sea encabezada por los que estuvieron en primera línea del combate contra el virus: los trabajadores de la salud y sus organizaciones representativas, como la CICOP o el sindicato de enfermeras ALE, organizaciones de derechos humanos y personalidades independientes tanto del gobierno como de la oposición de derecha.