El juez federal Ariel Lijo tomó una determinación que agrava el panorama judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ordenar que se levante su secreto fiscal ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires. Esta resolución judicial incluye también a su esposa Bettina Angeletti y permite que el fiscal Pollicita obtenga toda la información sobre los tributos del matrimonio para reconstruir su evolución patrimonial desde que llegaron a la administración pública.
La justicia busca determinar si existe una relación lógica entre el sueldo que percibía como vocero presidencial y el volumen de dinero que destinó a compras inmobiliarias de lujo. Los investigadores pretenden detectar cualquier tipo de inconsistencia en las declaraciones presentadas por el funcionario libertario.
La apertura de los datos de la agencia provincial tiene como objetivo central clarificar las transacciones vinculadas a una vivienda en el country Indio Cuá y a un departamento situado en La Plata. Pollicita tendrá la facultad de revisar el historial completo de pagos de tasas e impuestos inmobiliarios realizados por la familia desde los primeros días de enero de 2022. Este pedido busca establecer una comparación precisa entre la valuación fiscal de las propiedades y los montos reales que se pagaron en operaciones cerradas por fuera de los bancos. El fiscal ya dispone de la información proveniente de la agencia nacional de recaudación y necesita los registros bonaerenses para completar el mapa de los gastos mensuales del matrimonio.
De manera paralela el magistrado dispuso que se investiguen las comunicaciones privadas de Marcelo Grandio por su vínculo personal con el jefe de los ministros. El foco de esta parte de la pesquisa está puesto en los contratos que la productora ImHouse logró firmar con la Televisión Pública durante el período en que la Secretaría de Comunicación dependía de la Jefatura de Gabinete. La justicia intenta descifrar si existieron maniobras de dádivas o negociaciones que resulten incompatibles con el ejercicio de la función pública a partir de la relación entre Adorni y el productor televisivo. Las medidas ordenadas incluyen el análisis de los contactos de Grandio con el titular de la firma Horacio Silva, para buscar irregularidades en el financiamiento de traslados aéreos privados al exterior como el realizado durante el último feriado de Carnaval.
La acumulación de evidencias en el expediente deja al descubierto un nivel de gasto que ofende la realidad de millones de argentinos sometidos a un programa de hambre. El contratista, Matías Tabar, declaró que el funcionario le entregó U$S245.000 en efectivo para costear las refacciones de su propiedad en el partido de Exaltación de la Cruz. Esta suma de dinero representa más del doble de lo que supuestamente costó la compra de la casa y se suma a otras transacciones financiadas mediante préstamos dudosos otorgados por personas que no pertenecen al ámbito financiero. El hijo de una de las jubiladas, Leandro Miano, que figura como prestamista, declaró hace pocas horas para brindar detalles sobre la entrega U$S300.000 que habrían facilitado la expansión patrimonial del matrimonio.
El aislamiento político del ex vocero se percibe en cada pasillo de la Casa Rosada debido a que los apoyos hacia su gestión se volvieron escasos y selectivos. Solamente el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, mantienen una defensa pública de su colaborador mientras el resto del gabinete empieza a optar por el silencio absoluto.
Los constantes descubrimientos realizados en sede judicial transformaron a Adorni en una figura tóxica para el relato oficial del gobierno y el combate contra los privilegios. Resulta imposible justificar que un funcionario, que cobra un sueldo público, pueda financiar viajes familiares a Aruba y construir cascadas artificiales con billetes en mano.
El gobierno de los ajustadores se hunde en su propia matriz de corrupción mientras exige sacrificios inhumanos a la clase trabajadora a la cual se le hace imposible llegar a fin de mes. La continuidad de Adorni en el gabinete requiere una remoción inmediata que termine con el privilegio oficial. Es totalmente necesario impulsar una comisión investigadora independiente, ajena a los hilos del oficialismo, para castigar a los responsables de este desfalco patrimonial. Solo un dispositivo de control popular y transparente permitirá castigar el enriquecimiento ilícito y terminar con la impunidad de una gestión que miente cada día.
