Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada en Córdoba desde hace siete días, fue víctima de femicidio. Se encontraron sus restos en un predio del barrio Ampliación Ferreyra. Este crimen volvió a desnudar la lógica clasista y patriarcal de la justicia, la policía, el gobierno e incluso los medios de comunicación.
Un detenido con antecedentes y vínculos con el poder
Claudio Barrelier, de 33 años, es el único detenido por la causa. El acusado ya tenía antecedentes por violencia de género y privación ilegítima de la libertad tras una denuncia realizada en mayo de 2025 por una joven, quien declaró que fue maniatada con precintos y obligada a desnudarse, logrando escapar gracias a una distracción del agresor. Por dicha causa estuvo preso tan solo 20 días y luego salió en libertad, ya que el entonces fiscal Rodríguez consideró que no había pruebas suficientes para mantenerlo tras las rejas. La inoperancia de este funcionario fue luego premiada al nombrarlo segundo al mando en la Procuración Penitenciaria, un organismo estatal encargado de proteger y promover los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Barrelier tiene vínculos con la barrabrava de Instituto, pero también con el poder cordobés. En sus redes sociales muestra su participación en actividades de las 62 Organizaciones Peronistas, acompañando al jefe de dicho espacio, el actual concejal del PJ Ricardo Moreno, quien le habría financiado el abogado defensor más caro de Córdoba: su yerno, Jorge Sánchez del Bianco. Claudia Martínez (secretaria de Género), Daniel Passerini (intendente de la Ciudad de Córdoba) y Martín Llaryora (gobernador de la provincia) son otros de los personajes que aparecen en fotos con Barrelier.
A estas demostraciones públicas se suma que el detenido era empleado municipal; un puesto acomodado por la política al que ingresó aun teniendo varios antecedentes penales. Esto resulta completamente incompatible, ya que para esos puestos es un requisito obligatorio presentar el certificado de antecedentes penales. Es reciente su paso a planta permanente. Mientras, las trabajadoras del Polo de la Mujer llevan años precarizadas, cobrando salarios de miseria y teniendo que dar respuestas con cada vez menos herramientas estatales.
La policía y la justicia patriarcal
La policía se negó a tomar la denuncia en un primer momento, dejando a la familia y a los vecinos solos durante las primeras 24 horas de la búsqueda. Luego hizo esperar cinco horas a la familia cuando se presentaron nuevamente. El primer día tras la denuncia no hicieron nada porque estaban abocados al operativo de seguridad del festejo de Belgrano; el segundo, porque era feriado. Recién al tercer día hicieron algo. Lo mínimo, porque ni siquiera allanaron la casa del sospechoso, bajo la excusa del fiscal de que allí vive una familia y “hay que ser cuidadosos”.
A esto se le suma que ni siquiera activaron el Alerta Sofía cuando no se sabía qué había pasado con la joven, alegando que probablemente la jóven podría haberse escapado con un novio. Una vez más esta justicia clasista y machista abandona a las víctimas a su suerte, dándoles tiempo a los femicidas para intentar esconder las pruebas, crear coartadas y escapar de su responsabilidad.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, fiel a su estilo, tuvo un rol muy mediático, pero no pudo justificar estas demoras ni explicar por qué se priorizó el operativo de seguridad para el festejo del triunfo de Belgrano en lugar de la búsqueda de la adolescente desaparecida.
Por su parte el fiscal Raúl Garzón, en conferencia de prensa, no solo reconoció el descrédito que se le dio a la presentación judicial, sino que sostuvo que “hicieron todo bien”. Cuando se le consultó si hacía alguna autocrítica, respondió: “Absolutamente ninguna, porque la denuncia empieza con el aporte de un dato que no es tengo una hija que me la manoteó alguien”. Alegó que la familia no denunció la sustracción de la menor, y que por lo tanto estuvo justificado que la policía demorara la investigación, al haber asumido en un primer momento que la joven se había ido con “algún amiguito”.
Garzón afirmó que investigan el móvil del crimen de Agostina enfocándose en “por qué estaba Agostina en ese lugar”, en vez de investigar directamente al sospechoso de femicidio, y justificó la demora en los allanamientos reiterando que en la casa donde vieron entrar a la víctima “también vive una familia”. No conforme con eso, argumentó que el crimen “no era evitable” —a pesar de que hace exactamente un año se denunció a Barrelier por un caso con un inicio idéntico— y sostuvo que esto sucedió por “rasgos de la personalidad” del detenido.
Terminada la conferencia de prensa, vecinos y familiares que se movilizaban en el barrio de Agostina marcharon a la comisaría en repudio a su accionar y exigiendo la renuncia del ministro Quinteros. En esta oportunidad, la policía sí respondió con rapidez, reprimiendo con balas de goma y gas pimienta a los manifestantes.
No es información, es revictimización
El caso de Agostina no solo tuvo en vilo a todo Córdoba; también fue noticia nacional. Muchos medios se hicieron eco de la búsqueda, pero otros decidieron revictimizar a la joven mostrando sus redes sociales, juzgando su vida y tratando de estigmatizarla como una “mala víctima”. A esto se le suman el morbo y los titulares engañosos que solo tenían como objetivo sumar un par de likes, en lugar de difundir información verídica sobre el caso.
No estamos solas si nuestra comunidad nos busca
Si hoy encontramos a Agostina, aunque sea con el peor final, fue gracias a que su familia y vecinos no pararon ni un solo minuto desde su desaparición. A pesar de las negativas policiales, organizaron la búsqueda con folletos autoproducidos que se difundieron por grupos de WhatsApp y las redes de la Asamblea Ni Una Menos, llegando a manos de las organizaciones feministas que se solidarizaron con la causa. Las concentraciones en barrio Mosconi fueron acompañadas por distintas compañeras y agrupaciones. Asimismo, el rol de la comunidad del IPEM 169 “Rafael M. Escuti” fue fundamental para difundir y ejercer presión para que el caso sea investigado. Fue toda la presión social la que generó que avance la investigación.
Agostina somos todas
Llevamos casi 100 femicidios en lo que va del año. Los discursos de odio, negacionistas del patriarcado, el ataque a la ESI y a los derechos conquistados por las mujeres y disidencias son el contexto que habilita a que los violentos se sientan impunes para avanzar. Hoy más que nunca, por Agostina y por todas las víctimas de violencia de género, tenemos que ganar las calles el próximo 3 de junio. Exigimos justicia, pero también queremos políticas públicas urgentes para que esto no vuelva a pasar.
No podemos seguir teniendo en puestos de poder a quienes abandonan a las víctimas a su suerte. Por eso pedimos la inmediata renuncia de Juan Pablo Quinteros y el jury para el fiscal Garzón, sabiendo que ellos no son los únicos responsables, sino toda la corporación judicial. Necesitamos una verdadera reforma judicial donde jueces y fiscales sean electos por voto popular y sea posible revocarlos cuando no cumplen con su trabajo.
Los presupuestos nacionales y provinciales para los programas que previenen, sancionan y buscan erradicar la violencia hacia mujeres y disidencias deben ser incrementados. También hay que fortalecer la ESI en los colegios para que las infancias y adolescencias tengan más herramientas para identificar los casos de grooming y el acoso por parte de los adultos. Para potenciar estas luchas, es vital que el movimiento feminista salga con fuerza este 3 de junio, con clara independencia y denunciando la responsabilidad de la Justicia y la Policía, pero también de los gobiernos provincial y municipal que amparan a los violentos.
Lina Avila
