Nuevas revelaciones complican aún más al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La investigación judicial y periodística sobre sus viajes, pagos en efectivo y presuntos cobros ilegales suma allanamientos, conexiones empresariales y denuncias de enriquecimiento irregular. Mientras el gobierno intenta blindarlo políticamente, el caso empieza a transformarse en otro símbolo de la trama de corrupción que rodea a Javier Milei y a varios de sus funcionarios.
El “deslomado” y los dólares en Punta
La crisis política alrededor de Manuel Adorni sigue escalando. Nuevas denuncias periodísticas revelaron que el actual jefe de Gabinete habría cobrado dinero por una charla empresarial realizada en la Trump Tower de Punta del Este durante uno de sus viajes a Uruguay.
La información aparece en medio de múltiples investigaciones por movimientos de dinero, vacaciones pagadas en efectivo, alquileres millonarios y gastos difíciles de justificar con sus ingresos declarados. En paralelo, la Justicia avanzó con allanamientos vinculados a la causa que involucra a su entorno familiar y empresarial.
El funcionario que hace pocas semanas aseguraba “dar la cara” en el Congreso vuelve a quedar rodeado por sospechas sobre enriquecimiento ilícito y presuntos negocios incompatibles con la función pública.
Una trama que ya excede a Adorni
El escándalo empieza a mostrar algo más profundo que las maniobras de un solo funcionario. Lo que aparece es una estructura de gobierno atravesada por denuncias de corrupción, tráfico de influencias y utilización del Estado para negocios privados.
Los casos se acumulan: el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, las denuncias en ANDIS que salpicaron a Karina Milei y Diego Spagnuolo, los viajes y propiedades de Adorni, los departamentos no declarados de exfuncionarios libertarios y el uso irregular de fondos públicos en organismos estatales.
Incluso la causa por presuntas coimas en ANDIS sigue sumando derivaciones judiciales, allanamientos y filtraciones de audios donde aparecen referencias directas a pagos ilegales y retornos vinculados al entorno presidencial.
La contradicción resulta cada vez más evidente: el gobierno que llegó prometiendo terminar con “la casta” aparece cada vez más asociado a prácticas típicas de los regímenes que decía combatir.
Blindaje político y justicia complaciente
Frente al crecimiento del escándalo, la estrategia oficial sigue siendo cerrar filas alrededor de Adorni. El propio Milei lo sostuvo públicamente en reiteradas ocasiones, mientras ministros y dirigentes libertarios intentan instalar la idea de una “operación política”.
Sin embargo, el problema ya no parece limitarse a denuncias opositoras. Las revelaciones surgen de documentos judiciales, investigaciones periodísticas y movimientos económicos difíciles de explicar.
El blindaje político recuerda otros momentos de la gestión libertaria: funcionarios cuestionados que permanecen en sus cargos mientras el gobierno ataca periodistas, desacredita investigaciones y denuncia conspiraciones permanentes.
La lógica es clara: ajuste y mano dura para abajo; protección y encubrimiento para arriba.
La verdadera casta
Mientras el gobierno aplica tarifazos, despidos y recortes sobre salud, educación y jubilaciones, los funcionarios libertarios aparecen vinculados a vuelos privados, hoteles de lujo, propiedades millonarias y movimientos de dinero en efectivo.
La motosierra nunca estuvo dirigida contra los privilegios del poder económico y político. Solo cambió quiénes administran esos privilegios.
Por eso el “Adornigate” empieza a convertirse en algo más grande que un escándalo individual. Expone el verdadero rostro de un gobierno que construyó su discurso sobre la antipolítica mientras reproduce viejas prácticas de corrupción, negocios y enriquecimiento desde el Estado.
Y cuanto más intenta blindarse el oficialismo, más evidente queda que el problema ya no es solamente Manuel Adorni. El problema está en el corazón mismo del proyecto libertario.
