El despido de la periodista Liliana López Foresi de Radio 10 Mar del Plata y el levantamiento abrupto de su programa, Reloj de Arena, constituyen un nuevo ataque a la libertad de expresión y al periodismo crítico en la Argentina de Javier Milei. No se trata de un hecho aislado ni de una simple “decisión empresarial”. Detrás de la salida de una de las pocas voces que cuestionaban abiertamente la megaminería, el saqueo extractivista y el genocidio contra el pueblo palestino, aparece una combinación cada vez más visible entre censura política, presión empresarial y alineamiento ideológico con los sectores más reaccionarios.
Medios, negocios y censura política
Liliana López Foresi llevaba casi cinco años al frente de un programa que había logrado construir audiencia y reconocimiento sin resignar profundidad ni pensamiento crítico. Mientras gran parte de los grandes medios reproducen discursos oficiales o agendas empresariales, Reloj de Arena abría espacio para debates incómodos: contaminación ambiental, destrucción de territorios, reforma de la Ley de Glaciares, poder de las mineras y la catástrofe humanitaria en Gaza. Eso tuvo consecuencias
Desde que asumió, el gobierno de Javier Milei convirtió el ataque al periodismo y a quienes piensan distinto en una política sistemática. Insultos presidenciales, campañas de hostigamiento en redes, operaciones mediáticas, persecución a voces críticas forman parte de un clima político cada vez más autoritario y la represión más brutal a quienes registran las movilizaciones; que tiene el ejemplo más emblemático, en este periodo, el intento de asesinato a Pablo Grillo.
El despido no aparece en el vacío. Ya hubo distintos casos de periodistas desplazados, censurados o corridos de espacios mediáticos por expresar opiniones críticas o incomodar al poder político y económico.
En C5N, por ejemplo, fueron apartados periodistas y panelistas que cuestionaban con dureza el rumbo político del gobierno y el alineamiento internacional oficial; como es el ejemplo de Silvina Sterin Pensel, quien se desempeñaba como corresponsal del canal en Estados Unidos. También en A24 hubo salidas y reconfiguraciones editoriales marcadas por la presión política y empresarial.
El mensaje es claro: en la Argentina de Milei se busca un periodismo domesticado, sin cuestionamientos al ajuste, al saqueo extractivista ni a la subordinación geopolítica del gobierno.
Una voz incómoda para el sionismo y las corporaciones
En ese marco, el alineamiento absoluto del gobierno con el Estado de Israel y los sectores sionistas más conservadores fortaleció también a organizaciones como la DAIA, que hace años intenta disciplinar y criminalizar a quienes denuncian los crímenes contra el pueblo palestino.
La censura contra López Foresi se da precisamente después de sostener una línea editorial solidaria con Gaza y crítica del genocidio que el gobierno israelí descarga sobre la población palestina. En la Argentina de Milei, cuestionar al sionismo o defender los derechos del pueblo palestino empieza a ser tratado como un “delito ideológico”.
La persecución no es nueva. Nuestro compañero Alejandro Bodart fue denunciado y llevado a juicio por la DAIA bajo falsas acusaciones de antisemitismo por expresar solidaridad con Palestina y denunciar las políticas del Estado de Israel. Un proceso judicial que dejó en evidencia el carácter político de la causa y el intento de usar la Justicia para acallar voces críticas.
El caso mostró cómo sectores vinculados al sionismo buscan instalar que toda crítica al Estado israelí constituye antisemitismo, una operación peligrosa que banaliza la verdadera lucha contra la discriminación y pretende silenciar el repudio internacional frente a las masacres en Gaza. En el caso de Bodart la DAIA fue derrotada.
Ahora, el desplazamiento de López Foresi vuelve a poner sobre la mesa el mismo problema: la intolerancia frente a quienes se niegan a repetir el relato oficial.
Pero el conflicto no se limita a una censura por parte del sionismo. La periodista también fue una de las pocas figuras de medios masivos que sostuvo una crítica persistente al extractivismo y a las corporaciones mineras.
Durante años dio voz a asambleas ambientales, especialistas y activistas que denunciaban contaminación, saqueo de recursos naturales y destrucción de ecosistemas enteros en beneficio de grandes empresas.
La megaminería, presentada por Milei, gobernadores y empresarios como una supuesta salida económica, implica contaminación del agua, destrucción ambiental y subordinación total a intereses privados. Por eso buscan silenciar a quienes desmontan el discurso del “progreso” extractivista.
El levantamiento de Reloj de Arena aparece entonces como parte de una lógica más amplia: medios condicionados por intereses empresariales que expulsan toda mirada crítica sobre las corporaciones, el saqueo y la devastación ambiental.
El lobby minero y el cerco mediático
Uno de los puntos más sensibles del trabajo de López Foresi fue su cobertura sobre megaminería y extractivismo. Durante todo el debate alrededor de la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada para beneficiar a las corporaciones mineras, existió un verdadero blindaje mediático. Los grandes medios evitaron sistemáticamente abrir espacios a las asambleas ambientales, científicos, comunidades afectadas y organizaciones que denunciaban contaminación y saqueo.
En ese contexto, Reloj de Arena funcionó como una excepción incómoda. Mientras muchos medios callaban por presión empresarial y pauta vinculada a intereses mineros, el programa daba voz a quienes casi nunca la tienen: vecinos de territorios fumigados, asambleas socioambientales y referentes históricos de las luchas contra el extractivismo.
Por eso este despido no puede separarse del peso del lobby minero en la política y los medios de comunicación. La censura no siempre aparece como una orden explícita: muchas veces opera mediante presiones económicas, límites editoriales y silencios impuestos.
SUPER RIGI y la ofensiva extractivista
La ofensiva contra las voces críticas ocurre además en un momento donde el gobierno profundiza un modelo de entrega de bienes comunes y subordinación al capital extranjero. Con el SUPER RIGI, Milei abrió la puerta a beneficios extraordinarios para grandes corporaciones mineras, energéticas y tecnológicas, consolidando un esquema de saqueo de recursos naturales con escasos controles y enormes privilegios empresariales.
Detrás de ese proyecto aparecen también intereses de magnates internacionales ligados al negocio tecnológico y extractivista como Peter Thiel, símbolo de una nueva avanzada de capitales extranjeros sobre recursos estratégicos en América Latina.
En ese marco, las voces que denuncian contaminación, destrucción ambiental y pérdida de soberanía se vuelven un obstáculo para el relato oficial del “progreso” y las “inversiones”. Por eso intentan callarlas.
Defender la libertad de expresión
El despido de Liliana López Foresi debe generar solidaridad y rechazo entre periodistas, organizaciones políticas, ambientales y de derechos humanos. Cuando se naturaliza la censura a voces críticas, se fortalece un modelo donde sólo pueden hablar quienes responden al poder económico y político.
Defender la libertad de expresión no significa proteger únicamente a los grandes grupos mediáticos; significa defender el derecho de trabajadores de prensa, comunicadores y activistas a denunciar injusticias, genocidios y negociados sin persecución ni censura.
Porque cuando callan a quienes denuncian el saqueo y la barbarie, lo que intentan imponer es el silencio. Desde Periodismo de Izquierda nos solidarizamos con Liliana y repudiamos su despido.
