Esta tarde, en el Museo del Bicentenario en la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández, junto a su asistente legal y técnica Vilma Ibarra, su jefe de gabinete Santiago Cafiero, su ministra de Mujeres Eli Gómez Alcorta y su ministro de Salud Ginés González García, promulgó la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y también la Ley de Plan de los Mil Días.
En la apertura, Gómez Alcorta señaló que “la lucha es el motor de la historia” y saludó a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, cuyas invitadas a título individual seleccionó el Ejecutivo. Vilma Ibarra se emocionó y también recuperó la historia de la lucha por el aborto legal. Sin embargo, el eje fue reivindicar la ley como “un triunfo de la transversalidad y maduración política” de los diputados y senadores y como “la nueva forma feminista de hacer política”. Lo cierto es que la ley, aun siendo un avance indiscutible respecto de la penalización anterior, tiene limitaciones negociadas con los sectores antiderechos.
Una primera consecuencia es que con la promulgación deberían quedar libres de procesamientos penales 1.532 compañeras, cuyos casos están judicializados. Pero el mayor exabrupto vino de parte del propio presidente, cuando dijo que con esta ley las mujeres ya habíamos cumplido nuestro objetivo: “Estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado”, afirmó Fernández sin ponerse colorado, en el afán de adjudicarse políticamente nuestro logro.
La verdad, desde hace siglos y gobierno tras gobierno, las mujeres y disidencias venimos luchando sin tregua por nuestros derechos de género. Y hemos logrado victorias, sin duda. Pero ni por asomo la legalización parcial del aborto que logramos con la marea verde puede implicar el fin del patriarcado: un sistema social de desigualdad y opresión machista que es intrínseco al sistema capitalista imperante. Muy lejos estamos de que terminen los femicidios y la violencia machista, los abusos sexuales, la desigualdad de ingresos, el acoso laboral, los prejuicios y estereotipos, la trata y la explotación sexual, la injerencia de la Iglesia en el Estado y las mil y una formas que adopta la opresión de género característica de esta sociedad capitalista.
Aunque la ley rige en todo el país a partir del 22 de enero sin necesidad de que las provincias adhieran y aún no esté reglamentada, en el acto oficial nada se anticipó sobre la concesión política que Alberto les hizo a varios senadores antiderechos: su veto parcial al artículo 4 inciso b para eliminar el concepto de integral respecto de la salud como una de las causales para permitir los abortos no punibles después de la semana 14. Esta concesión, que luego se decretó en el texto de la promulgación, es una evidente limitación a nuestro derecho a decidir.
Nosotres seguiremos alertas y organizadas, porque desde hace un siglo en nuestro país la causal de peligro para salud de la mujer -u otra persona gestante- está permitida y desde el fallo FAL de la Corte Suprema se adoptó el criterio de integral como lo establece la OMS y como lo expresa el texto de la ley aprobada. No es una modificación menor.
Junto con eso, reiteramos, el patriarcado no se ha terminado en la Argentina ni en el mundo porque todavía continúa el sistema capitalista que le da sustento ya que la opresión de las mujeres y disidencias beneficia económicamente a la clase burguesa dominante a través del trabajo doméstico no remunerado que “cuida” a la fuerza de trabajo actual y futura. Como socialistas, nuestra lucha continúa porque al patriarcado lo tiraremos junto con el capital.