Una nueva denuncia pone bajo la lupa a la Quinta de Olivos: toneladas de alimentos premium adquiridos con fondos públicos habrían terminado abasteciendo un emprendimiento privado de catering vinculado a familiares de funcionarios. En medio del escándalo, renunció María Belén Agudiez, cercana a Karina Milei. La Justicia investiga un posible esquema de desvío de recursos estatales.
La pyme de los privilegios
El escándalo alrededor de la Quinta de Olivos suma un nuevo capítulo. Una ampliación de la denuncia presentada ante la Justicia sostiene que parte de los alimentos comprados para la residencia presidencial podrían haber sido derivados a “Pancitos Caseros”, un emprendimiento privado de catering operado por Analía Agudiez, hermana de la ahora exfuncionaria María Belén Agudiez, y su pareja, Osvaldo Javier Sosa.
Sosa era, además, intendente de la Quinta de Olivos, mientras que Belén Agudiez ocupaba la Subsecretaría de Planificación General de la Presidencia y era considerada una persona cercana a Karina Milei. Ambos fueron desplazados en medio del escándalo: Sosa fue echado y Agudiez presentó su renuncia, oficializada mediante el Decreto 1055/2026.
Casi 30 toneladas de carne
Uno de los puntos centrales de la denuncia es una licitación para la adquisición de alimentos destinados a la Casa Rosada y la Quinta Presidencial. Según la documentación incorporada a la causa, el pliego contemplaba 29.505 kilos de carne vacuna, pollo, cerdo, achuras y pescado para seis meses. De ese total, 20.370 kilos estaban destinados a Casa de Gobierno y 9.135 kilos a Olivos.
La denuncia sostiene que existía un problema elemental: el mismo circuito administrativo podía determinar qué cantidad se compraba, recibir la mercadería y tramitar las facturas, sin controles suficientes sobre el consumo efectivo o el destino final de los productos.
La hipótesis que deberá investigar la Justicia es todavía más grave: que una parte sustancial de esos alimentos comprados con dinero público haya terminado en el catering privado y fuera utilizada para eventos comerciales.
Trabajadores públicos para un negocio privado
La denuncia también señala que trabajadores civiles de la residencia presidencial habrían realizado tareas para el emprendimiento familiar. Como respaldo, se presentaron pólizas de accidentes personales en las que empleados de la Casa Rosada y el propio intendente de Olivos figuraban como personal de catering de la empresa.
De comprobarse, no estaríamos simplemente ante una contratación irregular, sino ante la utilización de recursos, insumos y fuerza de trabajo estatal para favorecer un negocio privado.
Ese es uno de los puntos que deberán determinar los investigadores: si la Quinta de Olivos funcionaba parcialmente como una plataforma logística de una empresa privada vinculada a personas con capacidad de decisión dentro de la propia administración.
La “casta” y el negocio familiar
El caso vuelve a poner en discusión uno de los principales discursos con los que Javier Milei llegó al poder: la supuesta batalla contra “la casta” y los privilegios del Estado. Mientras el Gobierno recorta salarios, despide trabajadores públicos y sostiene que cada peso del presupuesto debe ser ajustado, aparecen denuncias sobre compras millonarias, contrataciones familiares y posibles negocios privados montados alrededor de la administración presidencial.
A esto se suman otras contrataciones bajo investigación, como la jardinería de Olivos, compras de carritos de golf y adquisiciones millonarias de aromatizantes de una marca que, según la denuncia, también estaba vinculada comercialmente a la exfuncionaria.
Y aparece además otro dato que merece ser investigado: documentación oficial habría registrado contrataciones por más de 600 millones de pesos a nombre de un jubilado que, según la denuncia, no tendría patrimonio ni condiciones económicas compatibles con funcionar como proveedor estatal.
La motosierra para abajo, los negocios para arriba
El problema de fondo no es solamente quién renunció o quién será el próximo funcionario desplazado. Si las denuncias se comprueban, lo que aparece es un mecanismo donde el Estado que Milei promete achicar termina siendo utilizado para alimentar negocios privados.
La austeridad, entonces, parece tener destinatarios muy precisos. Para trabajadores y jubilados: ajuste. Para universidades, hospitales y organismos públicos: recortes. Para quienes dependen de políticas sociales: “no hay plata”.
Pero cuando se trata de negocios vinculados al poder, aparecen licitaciones millonarias, alimentos premium, contrataciones y recursos públicos. La Justicia deberá determinar qué ocurrió en Olivos. Pero la pregunta política ya está planteada: ¿la motosierra era contra la “casta” o contra los trabajadores, mientras los negocios siguen funcionando puertas adentro del poder?
