Un capitán de navío fue denunciado por la propia Armada por haber liquidado adicionales indebidos a 23 personas, entre ellas su esposa, que habría recibido unos 100.000 dólares. La maniobra comenzó en 2022 y ahora salpica al ministro de Defensa, Carlos Presti. El caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los fondos públicos y los privilegios de las cúpulas militares.
La plata aparece para los de arriba
El escándalo que sacude a la Armada Argentina tiene todos los ingredientes de una trama de privilegios, manejos discrecionales y controles que llegaron tarde. La propia fuerza denunció al capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanassof por una serie de liquidaciones indebidas de adicionales a 23 personas. Entre las beneficiarias aparece su esposa, que habría recibido alrededor de 100.000 dólares.
La maniobra habría comenzado en 2022. Es decir, no se trata de un episodio aislado ni de un error administrativo detectado inmediatamente: durante años se habrían producido pagos irregulares dentro de una estructura estatal que maneja recursos millonarios. El caso terminó explotando y ahora las responsabilidades políticas llegan hasta el ministro de Defensa, Carlos Presti.
El dato resulta particularmente significativo en un país donde el Gobierno de Javier Milei presenta el ajuste del gasto público como una cruzada contra los supuestos “privilegios” del Estado.
Mientras se recortan partidas destinadas a salud, educación, ciencia, discapacidad y otras áreas sociales, los manejos irregulares dentro de organismos estatales muestran que el problema no puede reducirse simplemente a cuánto gasta el Estado. También hay que preguntarse en qué se gasta, quién administra esos recursos y quién controla a quienes los manejan.
El discurso oficial suele presentar a trabajadores y sectores populares como responsables del supuesto “despilfarro” estatal. Pero los casos de corrupción que involucran a las estructuras jerárquicas muestran otra cara: los privilegios también pueden estar enquistados en las cúpulas que administran recursos públicos. Y en este caso hablamos de una institución particularmente sensible: las Fuerzas Armadas.
Una cadena de responsabilidades
El episodio no termina en quien habría realizado las liquidaciones. La propia información publicada señala que el ministro Presti se enteró de la situación poco antes de que se presentara la denuncia penal. Por eso, además de determinar las responsabilidades individuales, resulta necesario esclarecer qué controles existían, quién debía realizarlos y por qué la maniobra pudo sostenerse durante años.
No alcanza con encontrar a un funcionario que haya cometido una irregularidad. Si durante años alguien pudo disponer de fondos públicos para beneficiar a un grupo de personas —incluida su propia esposa—, la pregunta inevitable es qué falló en la cadena de controles y quiénes tenían la obligación de impedirlo.
El ajuste no toca todos los bolsillos
El caso también expone una contradicción política del modelo libertario. El Gobierno justifica el ajuste con la necesidad de alcanzar el “déficit cero” y reducir el gasto estatal. Pero mientras se exige sacrificio a trabajadores, jubilados, estudiantes, científicos y personas con discapacidad, los escándalos vinculados al manejo de recursos públicos muestran que existen sectores con capacidad de apropiarse de beneficios que no están al alcance de la mayoría.
La discusión, entonces, no debería ser simplemente Estado sí o Estado no, como pretende instalar el discurso libertario. La pregunta fundamental es qué Estado, al servicio de quién y bajo qué mecanismos de control.
Porque los recursos que se administran desde las instituciones públicas pertenecen a toda la sociedad. Y cuando aparecen maniobras millonarias en las estructuras jerárquicas, la respuesta no puede ser más ajuste sobre quienes menos tienen.
Que se investigue hasta el final
La denuncia debe avanzar hasta determinar el conjunto de responsabilidades, incluyendo las políticas y administrativas. Si hubo funcionarios que cobraron adicionales que no correspondían, deben responder ante la Justicia. Pero también debe establecerse cómo funcionó el mecanismo, durante cuánto tiempo y qué autoridades tenían responsabilidades de control.
La corrupción no puede utilizarse selectivamente como argumento para justificar el recorte de derechos sociales mientras se mantienen estructuras opacas y privilegios en las cúpulas del Estado.
Que se investigue el desfalco hasta el último peso. Que se conozcan todos los responsables. Y que los recursos públicos dejen de ser una caja para los privilegios de unos pocos.
