Por Lucíla Amaría Juari y Jessi Gentile
La comunidad diaguita denuncia el ingreso de policías y empresas mineras a su territorio ancestral. Mientras exige que se retiren, la Cámara Minera de Catamarca respalda el proyecto Aguas Calientes y vuelve a prometer desarrollo.
Los pobladores de Peñas Negras denuncian que su territorio ancestral se encuentra sitiado hace ocho días. Efectivos policiales sin identificación irrumpieron junto a personal de las empresas Amalaya y Cayme, encargadas de tareas de prospección y exploración minera en la zona.
El ingreso se produjo por la fuerza, con agresiones y pedradas contra sus integrantes. Durante los hechos, la policía destruyó dos teléfonos de comuneros que registraban lo ocurrido. Tal brutalidad intenta ocultar lo evidente: no tienen licencia social para arrasar con sus programas extractivos.
El conflicto está vinculado al proyecto Aguas Calientes, en el departamento de Belén, donde se pretende avanzar con la exploración de oro y cobre en la montaña Alto el Mulato. Empresas locales como Amalaya y Cayme responden a los intereses de la trasnacional Elevado Gold S.A., corporación que busca desarrollar su plan desde 2023.
En diálogo con nosotras, un comunero de Peñas Negras, Martín P., expresó:
«“Hoy pido a la sociedad que difundan este mensaje para que escuche el gobernador, el ministro de Seguridad, el fiscal del departamento de Belén y saquen la empresa. Hablo en nombre de toda la comunidad y del cacique señor Sebastián Gutiérrez, cuando pedimos que retiren esa empresa de Aguas Calientes. Pedimos que todos se pongan del lado de la comunidad de Peñas Negras para sacar urgente a estos saqueadores violentos y abusadores de las tierras”.»
El comunero llamó a no desoír el pedido de protección de las tierras, los animales y el agua, bienes que la comunidad defiende con sus propios cuerpos.
Por su parte, el cacique Sebastián Gutiérrez convocó a las comunidades de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Belén, Laguna Blanca, Corral Blanco, Aguas Calientes y Antofalla, así como a todas las organizaciones que defienden el agua y la vida, a sumarse a la lucha.
«“No tienen consentimiento de la comunidad para ingresar en el territorio ancestral diaguita de Peñas Negras, el ingreso de las empresas Amalaya y Cayme es ilegal. Viola el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada garantizada por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio con la OIT y la Ley 26.160”.»
El territorio en disputa es un espacio de pastoreo ancestral, aguadas, sitios sagrados y vida comunitaria. No es un desierto, es el hogar de treinta familias diaguitas.
¿De qué “normativa vigente” habla la Cámara Minera?
Mientras la comunidad exige el retiro de las empresas, la Cámara Minera de Catamarca salió a respaldar el proyecto Aguas Calientes. En su comunicado repite el manual de siempre: que la megaminería trae desarrollo, empleo y crecimiento para las economías locales.
Catamarca ya escuchó ese discurso.
Después de décadas de Bajo La Alumbrera, las promesas extraordinarias de desarrollo nunca transformaron estructuralmente la vida de las mayorías catamarqueñas. La riqueza extraída no se tradujo en el bienestar general que las empresas prometían.
Pero hay algo todavía más escandaloso en el comunicado. La Cámara afirma que sus empresas asociadas trabajan “en el marco de la normativa vigente” y “junto a las comunidades”.
Si realmente respetaran la normativa vigente, tendrían que reconocer que, según denuncia la comunidad, nunca se llevó adelante la consulta libre, previa e informada que corresponde garantizar a los pueblos indígenas. Ese derecho está reconocido por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina.
No alcanza con decir que trabajan “junto a las comunidades” mientras se avanza sobre sus territorios sin garantizar ese derecho. Mucho menos cuando sus integrantes denuncian que el ingreso se realiza con represión policial y violencia.
Y tampoco pueden presentarse como defensores de la legislación ambiental cuando las corporaciones mineras y gobernadores como Raúl Jalil estuvieron detrás de las modificaciones de la Ley de Glaciares para flexibilizar la protección de territorios que hasta hace meses estaban resguardados.
Agotan con el mismo discurso sobre las bondades de la megaminería, mientras las comunidades siguen teniendo que defender el agua, sus economías regionales y sus territorios frente al avance extractivo.
Después de décadas de experiencia minera en Catamarca, la pregunta ya no es cuánto oro, cobre o litio hay abajo de la tierra. La pregunta es otra: ¿quién decide sobre el territorio, quién se lleva la riqueza y quién se queda con las consecuencias?
Porque si la respuesta sigue siendo que deciden las empresas, ganan las corporaciones y los pueblos ponen el agua y el territorio, eso no es progreso, es saqueo.
