Después de una semana de ataques e insultos de Javier Milei contra periodistas y medios, Luis Caputo profundizó la ofensiva al reclamar una ley para “castigar periodistas”. El Gobierno busca convertir la crítica y la difusión de información que incomode al poder en una amenaza penal. Una avanzada autoritaria que se suma a la criminalización de la protesta y al intento de silenciar las voces opositoras.
Del insulto a la amenaza
La ofensiva del gobierno de Javier Milei contra la libertad de expresión sumó un nuevo capítulo. Luego de varios días en los que el Presidente utilizó sus redes sociales para atacar e insultar a periodistas y medios de comunicación, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, salió a reclamar públicamente una legislación que permita “castigar periodistas”.
El planteo no puede tomarse como una declaración aislada. Llega después de una escalada de agresiones desde la Casa Rosada contra quienes cuestionan las políticas oficiales y en un contexto en el que el Gobierno viene enfrentando críticas por el ajuste, la represión y sus medidas económicas.
La lógica es peligrosa: cuando el periodismo investiga, denuncia o contradice el relato oficial, el Gobierno pretende transformar esa tarea en un delito. Milei convirtió el ataque contra periodistas en una práctica habitual de su comunicación política. Desde sus redes sociales, el Presidente suele identificar y señalar a trabajadores de prensa, medios y periodistas que cuestionan su gestión.
Ahora, esa agresividad discursiva comienza a adquirir una dimensión institucional más preocupante. El pedido de Caputo para avanzar con una ley que sancione a periodistas implica pasar del ataque verbal a la búsqueda de mecanismos legales de disciplinamiento.
La pregunta es qué pretende castigar el Gobierno ¿La difusión de información que considera incómoda? ¿Las investigaciones periodísticas? ¿Las denuncias sobre funcionarios? ¿Las críticas a sus políticas económicas?
En una democracia, ninguna de esas actividades debería ser considerada un delito. El poder debe soportar el escrutinio público, no intentar eliminarlo.
Una mordaza que va más allá de los medios
La ofensiva contra el periodismo debe ser analizada junto con otras medidas impulsadas durante el gobierno de Milei. Mientras el Presidente ataca a periodistas, trabajadores y medios, su administración también avanzó contra quienes se movilizan contra sus políticas. Las detenciones y causas contra manifestantes, la represión de protestas y la utilización del aparato judicial para perseguir a quienes luchan forman parte de un mismo escenario: el intento de reducir los márgenes para la protesta y la crítica social.
El mensaje es claro: quien cuestiona puede ser señalado, perseguido o criminalizado. Y ahora ese mecanismo amenaza con alcanzar directamente a quienes tienen como tarea informar.
El Gobierno quiere controlar el relato
El problema para Milei no es solamente la existencia de periodistas críticos. Es que la realidad económica y social muchas veces contradice el relato oficial.
Mientras el Gobierno habla de recuperación, miles de trabajadores enfrentan salarios deteriorados. Mientras celebra el ajuste fiscal, las universidades, científicos y jubilados denuncian el impacto de los recortes. Mientras presenta las privatizaciones como una modernización inevitable, crece la resistencia contra la entrega de empresas e infraestructura estratégica.
Frente a esa realidad, controlar el relato se vuelve una herramienta política. Si las denuncias pueden ser deslegitimadas como “operaciones”, si los periodistas pueden ser amenazados con sanciones y si las voces críticas pueden ser perseguidas, el Gobierno intenta construir un escenario donde solamente tenga legitimidad su propia versión de los hechos. Pero la información no pertenece al Gobierno. El derecho a informar y a ser informado pertenece a toda la sociedad.
La libertad que reivindica Milei
Existe además una contradicción profunda en el discurso oficial. Milei construyó su identidad política alrededor de la palabra “libertad”. Sin embargo, cuando esa libertad se utiliza para cuestionarlo, parece adquirir otro significado.
Libertad para los grandes empresarios, pero restricciones para quienes protestan. Libertad para los capitales, pero ajuste para los trabajadores. Libertad para privatizar, pero persecución para quienes resisten.
Y ahora, libertad de expresión siempre que no incomode al poder. No alcanza con denunciar esta contradicción. Hay que defender de manera consecuente las libertades democráticas frente a cualquier intento de avance autoritario.
Sin libertad de prensa, gana el poder
Una democracia necesita periodistas que puedan investigar al Gobierno, denunciar hechos de corrupción, cuestionar políticas públicas y publicar información que los funcionarios preferirían mantener fuera de la discusión pública.
Por eso, una ley destinada a castigar periodistas sería mucho más que una regulación sobre los medios. Sería una herramienta de disciplinamiento político.
Porque cuando el poder puede decidir qué información es “verdadera” y qué periodista merece ser castigado, la libertad de expresión deja de ser un derecho y pasa a convertirse en una concesión del Gobierno.
La experiencia histórica argentina demuestra a dónde pueden conducir estas prácticas. La libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas: es una condición indispensable para que la sociedad pueda organizarse, denunciar abusos y enfrentar las políticas que afectan sus derechos.
Por eso, frente a la avanzada de Milei y Caputo, la respuesta debe ser clara: ninguna mordaza, ninguna persecución y ningún periodista criminalizado por informar. Defender la libertad de prensa también es defender el derecho de los trabajadores y del pueblo a organizarse, protestar y luchar.
