Un salario promedio alcanza hoy para 6,5 canastas de servicios básicos, cuando en 2025 cubría 7,8. Dos informes universitarios y de organismos especializados confirman que el ajuste tarifario de Milei transfiere ingresos de los trabajadores hacia las empresas prestatarias.
La factura de luz, gas, agua y transporte se transformó en uno de los mecanismos más eficaces de ajuste sobre los ingresos populares. Según midieron el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, y el Instituto Argentina Grande (IAG), la canasta de servicios públicos del AMBA representa hoy más del 12% del salario de un trabajador registrado, el doble de lo que pesaba en 2023, cuando se ubicaba por debajo del 5%. El dato muestra el verdadero contenido del plan económico libertario. La licuación de salarios y jubilaciones convive con una transferencia sostenida de recursos hacia las compañías energéticas y de transporte
Una canasta que crece muy por encima de los ingresos
Durante julio de 2026, la canasta de servicios públicos en el AMBA se ubicó en $295.826, una suba del 4,6% respecto de junio y del 53% en la comparación interanual. Ese salto duplica largamente el 34% que acumuló la inflación general en el mismo período, lo que equivale a 19 puntos porcentuales de diferencia entre lo que suben los servicios y lo que sube el resto de los precios de la economía.
El transporte concentró el mayor peso dentro de esa canasta, con un gasto mensual de $121.023, el 41% del total, y aportó 27 de los 53 puntos del incremento interanual. Le siguieron la energía eléctrica, con $68.210, el gas natural, con $64.862, y el agua potable, con $41.724.
En julio, en pleno pico de consumo invernal, el IIEP señaló que el componente de mayor incidencia mensual fue la energía eléctrica, con un aumento del 12,5% producto de ajustes del 3% en el cargo fijo y del 5,7% en el variable, sumados al mayor uso de calefacción.
El gas también castigó los bolsillos: la suba del 2,8% en el cargo fijo y del 3% en el variable, combinada con el pico de demanda por el frío, derivó en un incremento final del 5,2% en la factura. El transporte, por su parte, aumentó 4,1% en las líneas de la Ciudad de Buenos Aires y 3,2% en las interjurisdiccionales, con una incidencia del 3,7% sobre el gasto total del hogar. El único rubro que retrocedió fue el agua, con una caída del 4,6% explicada por un recorte del 7,7% en el bloque variable.
Casi 1000% de aumento desde que asumió Milei
La foto acumulada desde diciembre de 2023 confirma la magnitud del ajuste tarifario como política de Estado. La canasta de servicios públicos del AMBA subió 966% desde el inicio de la gestión libertaria, mientras que la inflación general acumuló 241% en el mismo lapso.
El gas encabezó la lista con un aumento del 2.185%. La luz, según el IAG, subió 1.065% para los usuarios con subsidio y 509,5% para los que no lo tienen, en ambos casos muy por encima del 320% que acumuló la inflación en ese período.
El propio IAG explica que estos incrementos respondieron a dos oleadas de ajuste concentradas, una a comienzos de 2024 y otra durante 2026, ambas montadas sobre modificaciones al esquema de segmentación de subsidios. El Gobierno bajó el tope de consumo con subsidio eléctrico a 300 kWh mensuales, redujo el descuento de la tarifa social del 65% al 50% para los hogares vulnerables y recortó el límite de acceso al beneficio para sectores medios, que pasó de 3,5 a 3 Canastas Básicas Totales. Toda esta nueva configuración tarifaria terminó generando un escenario donde hay menos hogares protegidos y facturas más caras para quienes ya venían perdiendo frente a la inflación.
El poder de compra que se evapora en la factura
El IIEP calculó que la canasta de servicios representa el 15% de un salario promedio registrado, que en julio se ubicó en $1.924.456. Con ese ingreso, un trabajador pudo cubrir 6,5 canastas de servicios públicos, frente a las 7,8 que alcanzaba a pagar en el mismo mes de 2025. Esta pérdida es medio punto menos de canastas que ese salario ya no llega a cubrir en apenas un año.
El deterioro se profundiza cuando se descuenta específicamente el gasto en tarifas. Un trabajador del sector privado registrado perdió 4,3% de capacidad de compra en abril de 2026 respecto del promedio de 2023. Pero si a ese cálculo se le resta lo que ese mismo trabajador destina a pagar luz, gas, agua y transporte, la caída del ingreso disponible trepa al 9,7%. La diferencia entre ambos números mide, con precisión, cuánto de la pérdida salarial de estos dos años y medio tiene nombre y apellido: tarifazo.
Ajuste con sello del FMI
Este esquema tarifario aparece como uno de los elementos fundamentales del programa económico de Milei. El acuerdo con el FMI exige la eliminación progresiva de subsidios a la energía como condición para sostener el desembolso de divisas, bajo la lógica de que las empresas prestatarias deben operar con “tarifas plenas” que garanticen su rentabilidad.
Ese mandato se traduce, mes a mes, en bloques de consumo subsidiado cada vez más chicos y en un traslado cada vez mayor del costo de generación, transporte y distribución de energía hacia el bolsillo de los usuarios residenciales.
Mientras tanto, las compañías del sector reportan balances con ganancias en dólares y el propio Estado sostiene que el sinceramiento tarifario es indispensable para atraer inversiones. Los datos del IIEP y del IAG muestran la otra cara de esa ecuación, donde una canasta de servicios que crece a un ritmo que ningún salario, ninguna jubilación y ningún plan social logra acompañar.
El ajuste que no tiene techo
Los números confirman lo que miles de trabajadores comprueban todos los meses al abrir la factura. El ajuste tarifario es el mecanismo central mediante el cual se transfieren ingresos de los sectores populares hacia el capital concentrado. Ningún bono compensatorio ni promesa de segmentación futura puede compensar un incremento acumulado de casi 1000% en dos años y medio.
El sinceramiento tarifario que exige el FMI y ejecuta el Gobierno tiene un costado que nunca aparece en los anuncios oficiales. Cada punto que suben la luz, el gas o el boleto es un punto que sale directamente del salario, en un contexto donde ese mismo salario ya viene perdiendo la carrera contra la inflación desde hace dos años y medio. La brecha entre el 966% que acumularon las tarifas y el 241% de la inflación general expone el resultado esperado de un programa que definió, desde el primer día, que la rentabilidad de las empresas prestatarias estaba por encima del poder adquisitivo de quienes pagan la factura todos los meses.
