La diputada Marcela Pagano denunció penalmente al Gobierno por el presunto uso de más de $33.000 millones destinados a infraestructura vial para garantizar el respaldo de gobernadores aliados a las iniciativas de Javier Milei en el Congreso. La acusación apunta a una maniobra que, de comprobarse, mostraría una nueva cara del ajuste libertario: mientras se recortan recursos para rutas y obras públicas, el Gobierno tendría una caja disponible para premiar a quienes acompañan sus proyectos.
Cada voto se pagó
El discurso de Javier Milei sobre la austeridad, el déficit cero y la eliminación de los privilegios de la política vuelve a chocar con una denuncia que pone bajo la lupa el manejo de los recursos públicos.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el Gobierno por el presunto desvío de $33.786 millones del Sistema Vial Integrado (SisVial), recursos que deberían tener como destino el mantenimiento y la rehabilitación de las rutas nacionales. Según la legisladora, esos fondos habrían sido transferidos a provincias gobernadas por mandatarios aliados en momentos estratégicos para conseguir respaldo legislativo a proyectos impulsados por la Casa Rosada.
La acusación es particularmente grave porque los recursos del SisVial provienen de fondos vinculados al impuesto a los combustibles y tienen una finalidad específica relacionada con la infraestructura vial. Las transferencias no responderían a necesidades de las rutas sino al calendario de votaciones en el Congreso.
Los gobernadores aliados recibieron recursos públicos a cambio de que los legisladores que responden a ellos acompañaran las iniciativas del oficialismo. La presentación judicial apunta contra funcionarios del Gobierno y plantea que los desembolsos se concentraron en períodos próximos a votaciones clave.
Según la reconstrucción difundida por la legisladora, durante los primeros cinco meses de 2026 el 52,7% de los desembolsos del fondo vial se habría concentrado en tres ventanas temporales coincidentes con votaciones relevantes en Diputados y el Senado. La denuncia sostiene que en los días de votación se liberaron pagos en una proporción muy superior a la del resto del mes.
La Justicia deberá determinar si efectivamente existió una relación entre esos desembolsos y el comportamiento de los legisladores. Pero la denuncia abre una discusión política inevitable: ¿Qué diferencia hay entre el supuesto “fin de la casta” y utilizar recursos públicos para construir una mayoría parlamentaria?
La motosierra y el garrote
La acusación también permite mirar hacia atrás y observar cómo fue construyéndose la relación entre Milei y los gobernadores. Durante buena parte de su gestión, la Casa Rosada utilizó el manejo de las transferencias discrecionales como herramienta de presión. Los envíos no automáticos a las provincias se redujeron fuertemente, mientras el Gobierno reclamaba a los gobernadores que acompañaran su programa de ajuste y sus proyectos legislativos. Un análisis de Chequeado registró una caída del 50,7% real de las transferencias discrecionales en 2024 respecto de 2023.
El mecanismo tuvo incluso consecuencias políticas concretas. Después del fracaso de algunos artículos de la Ley Bases por falta de respaldo de legisladores vinculados a gobernadores, el Gobierno tomó medidas que afectaron recursos provinciales, entre ellas la eliminación del Fondo Compensador del Transporte y el fin del financiamiento nacional del FONID. La lógica parecía sencilla: quien no acompaña, paga el costo del ajuste.
Pero la situación cambió cuando el oficialismo necesitó votos para avanzar con sus iniciativas. En 2025, por ejemplo, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) volvieron a crecer fuertemente en términos reales respecto de 2024, mientras que en 2026 distintas provincias comenzaron a recibir desembolsos y adelantos de coparticipación.
La denuncia plantea ahora una hipótesis mucho más grave: que parte de esos recursos no solamente funcionaría como asistencia financiera, sino también como moneda de cambio política.
Los amigos de Milei
El Gobierno construyó durante 2026 una relación cada vez más estrecha con un grupo de gobernadores que, sin formar parte de La Libertad Avanza, acompañaron distintas iniciativas oficiales en el Congreso.
Entre las provincias que aparecen vinculadas al reparto de ATN durante la gestión de Milei se encuentran Chaco, gobernada por el radical Leandro Zdero; Chubut, encabezada por Ignacio Torres; y Catamarca, gobernada por Raúl Jalil, entre otras.
No alcanza con señalar que una provincia recibió fondos para concluir que hubo una contraprestación política. La sospecha adquiere mayor relevancia en un contexto en el que las transferencias discrecionales vienen cayendo de manera significativa. Un informe publicado recientemente señaló que esos fondos se redujeron 66% entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026.
Rutas abandonadas, fondos que aparecen
Hay otra contradicción que resulta difícil de ignorar. Mientras se denuncian rutas nacionales deterioradas y una fuerte subejecución de partidas viales, aparecen recursos millonarios para transferir a determinadas provincias. El Gobierno habría retenido recursos destinados al sistema vial mientras liberaba partidas en momentos coincidentes con votaciones parlamentarias.
El problema no es solamente contable. Las rutas nacionales son infraestructura fundamental para trabajadores, productores, transportistas y comunidades de todo el país. El deterioro de la red vial tiene consecuencias económicas y sociales concretas: accidentes, mayores costos de transporte, aislamiento de localidades y pérdida de conectividad.
Por eso, si se utilizó dinero que tenía un destino específico para construir acuerdos políticos, no estaríamos solamente ante una discusión sobre “fondos discrecionales”, sino frente a una posible utilización del patrimonio público para garantizar la supervivencia legislativa del Gobierno.
El verdadero rostro de la “nueva política”
Milei llegó al poder prometiendo terminar con las prácticas de la vieja política. Una de sus principales banderas fue justamente denunciar el intercambio de favores entre dirigentes y presentar a su gobierno como una ruptura con la “casta”.
El mecanismo sería difícil de distinguir de aquello que el propio Milei decía combatir: recursos públicos a cambio de respaldo político. La diferencia es que ahora la operación se realiza bajo el discurso del déficit cero y la motosierra.
Mientras se recortan jubilaciones, universidades, ciencia, obra pública y salarios estatales, el Gobierno necesita construir una mayoría parlamentaria para aprobar su programa. Y para conseguirla, según la denuncia, habría una caja de recursos que se abre para los gobernadores que acompañan.
El ajuste nunca es neutral. No se trata simplemente de que “no hay plata”. El Estado decide qué paga, qué deja de pagar, qué obra abandona y a quién transfiere recursos. El problema es quién controla esas decisiones y para beneficio de quién se utilizan los fondos públicos.
