En el marco de una agresiva campaña antiinmigrantes, el gobierno nacional oficializó que dejará de atender de manera gratuita a los extranjeros no residentes en los hospitales públicos. La medida, anunciada por el vocero, Adrián Ravier (quien intenta cambiar de tema tras haber confesado públicamente el delito de malversación con el impuesto a los combustibles), busca agitar el fantasma xenófobo del “tour sanitario“. Detrás de esta persecución se esconde un objetivo mayor: desviar la atención del vaciamiento sanitario y ensayar el arancelamiento definitivo de la salud pública para toda la población.
Casi como una copia calcada de los manuales de las ultraderechas globales, el gobierno de Javier Milei redobla su ofensiva contra la población migrante. Bajo el pretexto reaccionario de defender los recursos públicos frente al extranjero que supuestamente viene a “vivir del Estado“, el oficialismo dio un nuevo paso regresivo al restringir el acceso universal a la salud.
La nueva disposición fue oficializada a través de la Resolución 1066 del Ministerio de Salud en el Boletín Oficial, reglamentando las modificaciones introducidas por el DNU 366/2025 en la Ley de Migraciones. El anuncio corrió por cuenta de Adrián Ravier, un vocero presidencial que, tras haber deschavado insólitamente el desvío ilegal de fondos viales por parte de Luis Caputo, ahora reaparece en escena para recitar el libreto oficial sobre el supuesto fin de los “desbarajustes” en los hospitales.
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Esta arremetida se produce días después de que el gobierno publicara otro cuestionable decreto en el que habilitó prohibiciones de ingreso y expulsiones para extranjeros acusados de difundir “mensajes de odio” o ultrajes a los símbolos patrios, utilizando como justificación una presunta “campaña antiargentina” tras el Mundial de fútbol.
La letra chica del arancel y la mentira del colapso
El nuevo esquema estatuye que los hospitales nacionales solo brindarán tratamiento médico o atención programada habitual a extranjeros sin residencia permanente si presentan un seguro de salud o pagan previamente el servicio.
El procedimiento exige al paciente abonar el 100% del valor presupuestado antes de acceder a la práctica médica. Si bien la normativa aclara que no se podrá negar la asistencia ante una emergencia que implique riesgo de vida, la trampa aparece inmediatamente después: una vez estabilizado el paciente, el establecimiento deberá consolidar todos los gastos generados desde el cese de la emergencia hasta el alta clínica y exigir el pago inmediato de la deuda en el hospital.
Para justificar este arancelamiento, Ravier agitó el mito de los “famosos tours sanitarios“, culpando a los migrantes de colapsar las prestaciones públicas. Sin embargo, los propios datos oficiales se encargan de aplastar la mentira libertaria:
- En la provincia de Buenos Aires (la jurisdicción más poblada del país), las consultas médicas digitales realizadas por personas extranjeras representan apenas el 0,2% del total registrado en un año.
- Lejos de un “colapso en aumento“, la proporción de pacientes extranjeros internados muestra una tendencia sostenida a la baja, cayendo del 1% al 0,65% durante el último año analizado.
El argumento de la sobredemanda externa es un chivo expiatorio para tapar una crisis sanitaria provocada por el propio desfinanciamiento del Estado. Mientras el gobierno responsabiliza a trabajadores que cruzan la frontera por el estado de los hospitales, el Ministerio de Salud se encuentra bajo la órbita de Mario Lugones. Un empresario del sector que desfinancia la salud pública para favorecer negocios privados y que hoy está bajo la lupa en la causa por el fentanilo adulterado que se cobró la vida de un centenar de víctimas.
El ADN de la ultraderecha: dividir para arancelar
Lo que el oficialismo ejecuta en el ámbito nacional, en sintonía con políticas restrictivas que ya aplica Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, se enmarca en un contexto de políticas persecutorias con el mismo ADN del ICE en Estados Unidos: utilizar el acceso a derechos básicos como un instrumento de control y segregación. Como buenos alumnos de Donald Trump, importan el recurso de señalar a la inmigración como el enemigo interno para ocultar las consecuencias del ajuste económico, la caída del consumo y el deterioro salarial.
Toda esta embestida xenófoba expone, además, el cinismo y la doble vara del gobierno sobre qué extranjeros son bienvenidos y cuáles no. Hace apenas una semana, la discusión central en el Congreso fue la obstinada insistencia del oficialismo por intentar aprobar la extranjerización de tierras en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En esto, la contradicción de clase es absoluta. O sea, se alfombra el país y se eliminan restricciones para que fondos de inversión y capitales extranjeros vengan a saquear nuestros bienes comunes, apropiarse del territorio y hacer negocios millonarios, mientras al trabajador migrante que llega a ganarse el pan y buscar un futuro mejor se le cierra la puerta en la cara y se lo castiga con medidas persecutorias y exclusión sanitaria.
Más peligroso aún es el precedente que sienta esta resolución. El ataque a la universalidad sanitaria de los migrantes funciona como un globo de ensayo para el arancelamiento general del sistema de salud público. Romper con el principio de gratuidad es el primer paso para legitimar que el derecho a la salud esté condicionado por la capacidad de pago o la situación administrativa del paciente.
A contramano de los tratados internacionales, el acceso a la salud es un derecho humano universal que no admite fronteras. Quienes deterioran las condiciones de vida y vacían los hospitales no son las familias que llegan al país buscando un futuro mejor, sino un modelo económico que transfiere recursos hacia los grandes grupos empresarios y utiliza el racismo, el miedo y la división como herramientas de dominación.
No podemos tolerar una Argentina diseñada a medida para los magnates y especuladores extranjeros mientras se criminaliza y se le niega un derecho elemental a la clase trabajadora migrante. La respuesta para frenar este atropello exige rechazar toda medida xenófoba y defender en las calles la unidad inquebrantable entre los trabajadores argentinos y migrantes, protegiendo la salud pública y gratuita como una conquista que no se negocia.
