El vocero presidencial, sumó un nuevo error no forzado al confirmar públicamente que el gobierno desvía fondos del impuesto a los combustibles, destinados por ley exclusivamente a obras viales, para financiar el superávit fiscal. La maniobra contable orquestada por el ministro de Economía, además de incurrir en un delito penal, deja al descubierto el desguace de las rutas nacionales en favor de la timba financiera y de negociaciones opacas para comprar votos en el Congreso.
La vocería presidencial de La Libertad Avanza parece exigir todo menos inteligencia política y prudencia declarativa. En el corto tiempo que lleva en el cargo tras el reemplazo de Manuel Adorni, Adrián Ravier no para de acumular frases insólitas que golpean de lleno a su propia gestión. Esta vez, en lugar de dar cifras inventadas, lanzar burlas contra los trabajadores por el tarifazo o declarar en contra del reclamo por la soberanía de las Malvinas, el vocero anunció con total naturalidad un delito patrimonial: el desvío sistemático de recursos públicos ejecutado por el gobierno para sostener su sagrado superávit fiscal.
El contenido de su confesión mancha por completo los malabares contables y financieros que comanda el ministro de Economía, Luis Caputo. Lo que el gobierno está realizando (y que Ravier deschavó en una entrevista con El Diario de La Pampa) es tomar el dinero recaudado a través del impuesto a los combustibles, cuyo destino legal es el mantenimiento y la construcción de rutas, y volcarlo discrecionalmente a tapar agujeros fiscales para presentar números ordenados.
Mientras Caputo patea todo para adelante dibujando un éxito contable, la consecuencia material de este autofinanciamiento es la destrucción absoluta del sistema vial nacional, en una operatoria que además se combina con el manejo muy poco claro de fondos como moneda de cambio con los gobernadores para negociar votos en el Congreso.
La ingeniería del desvío: de las rutas a la mesa de dinero
Los detalles de esta maniobra patrimonial salieron a la luz a partir de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en La Nación. El circuito de este desvío ilegal se puede explicar de manera muy sencilla, y demuestra cómo el Ministerio de Economía transformó una herramienta de infraestructura pública en una mesa de dinero estatal:
- El origen de los fondos (SisVial): Cada vez que un ciudadano carga combustible, paga el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ITC), del cual una porción se destina por ley al “Sistema Vial Integrado” (SisVial), un fondo fiduciario creado por el decreto 976/01.
- La prohibición legal: Este fideicomiso se diseñó con un objetivo taxativo y jurídicamente indisponible para otros fines: financiar exclusivamente la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial nacional. La plata ingresa y sale por una cuenta corriente especial del Banco Nación (la cuenta 330.902/9) y no puede ser utilizada para gastos corrientes o fiscales del Tesoro.
- La aspiradora de Caputo: Desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, el gobierno recaudó por este fondo más de 1,5 billones de pesos, pero apenas ejecutó una cuarta parte ($394.406 millones) en obras. El resto, más de 1 billón de pesos, fue secuestrado por el Palacio de Hacienda para autofinanciarse.
- Timba con plata pública: En lugar de girar el dinero para tapar los cráteres de las rutas, Caputo colocó ese billón de pesos en inversiones financieras. Primero inundaron el Banco Nación con plazos fijos y, posteriormente, migraron casi la totalidad de la cartera a títulos públicos y letras del Tesoro nacional (como LECAP, BONCAP y LECER).
Frente a este manejo, el propio vocero Ravier reconoció sin sonrojarse que “una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal“. Sin embargo, el supuesto éxito fiscal de Milei no se sostiene con ningún tipo de eficiencia técnica, más bien lo consigue con maniobras de saqueo sobre los recursos públicos. Además de que desviar fondos de asignaciones específicas sea ilegal y ya les haya valido una denuncia penal por malversación y administración fraudulenta, el problema no es únicamente institucional: acá están confiscando el dinero que la gente paga para infraestructura vital con el único fin de sostener una ficción contable y alimentar la timba financiera.
¿Una chequera para atender el Congreso?
La torpeza declarativa de Ravier (una verdadera máquina de cometer errores no forzados) expuso no solo la ilegalidad del ministro de Economía, sino también el uso discrecional que el oficialismo hace de la menor porción de fondos viales que sí decide liberar.
Mientras el 73,8% del SisVial se subejecuta y se entierra en bonos de deuda, los pocos recursos que se pagan no se distribuyen según las urgencias viales o criterios federales equitativos. La documentación oficial constata que el Ministerio de Economía utiliza la liberación de estos pagos como una chequera política durante las sesiones clave del Congreso. Entre enero y mayo de este año, se repartieron más de $33.000 millones a un puñado de provincias (como Tucumán, Salta o Jujuy) exactamente durante las “ventanas legislativas” en las que se votaron leyes cruciales para el oficialismo. Las obras viales se retienen en una cuenta corriente y se habilitan mágicamente antes y después de que los diputados y senadores que responden a los gobernadores aliados levanten la mano a favor del gobierno.
La defensa de lo público contra el modelo de entrega
Esta malversación de fondos orquestada por Caputo y confesada insólitamente por Ravier, además de ser un escándalo contable para sostener una ilusión fiscal; tiene consecuencias mortales y un objetivo político de fondo. Al paralizar el mantenimiento y desviar el dinero, el gobierno empuja deliberadamente el colapso de las rutas nacionales (donde hoy entre el 65% y el 70% del trazado está en regular o mal estado) para justificar y alimentar sus procesos de privatización.
Este proceso de privatización vial es, en definitiva, un ataque directo a la conectividad y a la soberanía del territorio. Al desmantelar el rol del Estado en el mantenimiento de las rutas, el gobierno condena a las economías regionales a depender de la voluntad de lucro de empresas que solo invertirán donde el peaje les resulte rentable. La consecuencia directa de esto se transforma en el padecimiento del deterioro de la infraestructura básica y el encarecimiento del transporte.
La lucha por la defensa de lo público se vuelve hoy inseparable de la denuncia contra un modelo que utiliza la motosierra para destruir el Estado y el presupuesto para alimentar los privilegios corporativos. Con todas estas maniobras financieras, que llevan la firma de Caputo, vemos a un gobierno que comete delitos patrimoniales para financiar su relato mientras rifa el patrimonio nacional y pone en riesgo la vida de millones de trabajadores en las turas del país.
