Una denuncia judicial advierte sobre una presunta cadena de irregularidades en el proceso de privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue. La presentación apunta contra funcionarios y empresarios y sostiene que los activos estatales habrían sido subvaluados para favorecer a los grupos que finalmente resultaron adjudicatarios. El caso vuelve a poner bajo la lupa el avance privatizador del Gobierno sobre un recurso estratégico como la energía.

Una denuncia judicial advierte sobre una presunta cadena de irregularidades en el proceso de privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue. La presentación apunta contra funcionarios y empresarios y sostiene que los activos estatales habrían sido subvaluados para favorecer a los grupos que finalmente resultaron adjudicatarios. El caso vuelve a poner bajo la lupa el avance privatizador del Gobierno sobre un recurso estratégico como la energía.

La política de privatizaciones del gobierno de Javier Milei vuelve a quedar bajo cuestionamiento. Esta vez, el centro de la denuncia son las represas hidroeléctricas y el papel de los hermanos Juan y Patricio Neuss, empresarios que resultaron beneficiados en el proceso de adjudicación.

La Fundación Soberanía amplió una presentación ante la Justicia Federal de General Roca y denunció una presunta “cadena de ilegalidades” alrededor de la privatización. El planteo reclama investigar el proceso y avanzar sobre la posible subvaluación de activos estatales, además de solicitar la nulidad de las adjudicaciones y la citación de empresarios y funcionarios involucrados.

Desde una perspectiva de izquierda, el caso no puede analizarse como una simple controversia administrativa. Lo que está en juego es quién controla una parte fundamental de la infraestructura energética argentina y quién se queda con las ganancias que genera.

Del patrimonio público al negocio privado

Las represas hidroeléctricas del Comahue son infraestructura estratégica construida con recursos públicos y tienen una enorme importancia para el sistema energético nacional.

La privatización de estas centrales forma parte de un proceso que comenzó décadas atrás. En los años 90, durante el menemismo, la empresa estatal Hidronor fue fragmentada y las centrales hidroeléctricas fueron concesionadas al sector privado por períodos de 30 años. Con el vencimiento de esas concesiones, el gobierno de Milei decidió avanzar nuevamente sobre el sector, pero esta vez buscando profundizar la participación privada.

El problema es que las represas no son una empresa cualquiera. Controlan la generación de electricidad y están vinculadas directamente con el manejo del agua de las cuencas de los ríos Limay y Neuquén.

Incluso documentos legislativos provinciales han advertido que las centrales hidroeléctricas representan una porción significativa de la generación eléctrica y que las provincias de Neuquén y Río Negro reclaman participación en decisiones que afectan recursos hídricos de sus territorios.

La denuncia apunta a la valuación

Uno de los puntos centrales de la presentación judicial es la supuesta subvaluación de activos estatales.

La acusación sostiene que el proceso habría sido diseñado mediante una serie de decisiones que terminaron favoreciendo a determinados empresarios. En particular, se cuestiona la metodología utilizada para establecer el valor de los activos y las condiciones bajo las cuales se realizó el proceso de privatización.

Se trata de una cuestión clave: si el Estado entrega infraestructura estratégica por debajo de su valor real, el negocio para el comprador no consiste solamente en administrar una empresa rentable. También implica apropiarse de una renta extraordinaria generada a partir de bienes construidos durante décadas con fondos públicos.

La pregunta que surge entonces es sencilla: ¿por qué una infraestructura estratégica que puede generar ganancias para el conjunto de la sociedad debería convertirse en una fuente de negocios privados?

Los Neuss, cada vez más presentes en sectores estratégicos

El caso también vuelve a poner bajo la lupa el crecimiento del grupo empresario vinculado a los hermanos Neuss dentro del sector energético.

En los últimos años, el grupo consiguió avanzar en distintos negocios relacionados con electricidad y energía. En el Congreso ya fueron planteados cuestionamientos sobre la creciente presencia de los Neuss en empresas vinculadas a la distribución, generación y transporte eléctrico. 

La acumulación de activos estratégicos en pocas manos debería encender todas las alarmas. Porque mientras el discurso oficial habla de competencia y eficiencia, la realidad puede terminar siendo exactamente la contraria: la concentración de sectores fundamentales de la economía en manos de grandes grupos empresarios.

Agua y energía: dos recursos que no deberían quedar en manos privadas

La discusión tiene además una dimensión que excede a la generación eléctrica. Las represas están íntimamente vinculadas con el agua. Su funcionamiento afecta el manejo de las cuencas, las actividades productivas y las condiciones ambientales de amplias regiones.

Por eso, privatizar su gestión significa también entregar a empresas privadas capacidad de decisión sobre recursos que son fundamentales para la vida y la producción.

Distintos informes han advertido precisamente sobre los riesgos que implica perder control público sobre estas infraestructuras, entre ellos la pérdida de soberanía energética y el debilitamiento del control sobre el agua.

El planteo debería ser exactamente el contrario al del Gobierno: las represas deben mantenerse bajo control público, con participación de los trabajadores y de las comunidades involucradas, y sus ingresos deben utilizarse para garantizar energía accesible y financiar nuevas obras de infraestructura.

La privatización como política de Estado

El caso de las represas no aparece aislado. Es parte de un programa mucho más amplio del gobierno de Milei para transferir empresas e infraestructura estatal al sector privado.

El argumento oficial es conocido: el Estado sería ineficiente y los privados serían capaces de administrar mejor los recursos. Pero las experiencias anteriores muestran que privatizar infraestructura estratégica puede significar garantizar negocios privados con mercados cautivos y, eventualmente, trasladar nuevamente las pérdidas al Estado.

En el caso de las hidroeléctricas, además, se trata de instalaciones que ya fueron construidas. No se está pidiendo a un empresario que asuma el riesgo de levantar desde cero una central: se le está entregando el control de infraestructura que ya existe y que fue financiada socialmente.

Ahí aparece la verdadera naturaleza del programa libertario: no se trata solamente de reducir el tamaño del Estado, sino de transferir activos y áreas estratégicas hacia sectores concentrados del capital.

¿Quién se queda con la energía?

Si se comprueba que activos públicos fueron subvaluados y adjudicados bajo condiciones que beneficiaron a empresarios determinados, estaremos ante un nuevo ejemplo de cómo las privatizaciones pueden convertirse en mecanismos de transferencia de riqueza desde el Estado hacia grandes grupos económicos.

Pero incluso más allá del resultado judicial, existe una cuestión de fondo. La energía, el agua y las represas no deberían ser mercancías.

Son recursos estratégicos que afectan la vida cotidiana de millones de personas. Frente a un Gobierno que pretende privatizarlos, la alternativa no es reemplazar a un empresario por otro ni confiar en una nueva licitación “transparente”.

Es defender el patrimonio público, recuperar el control estatal de los sectores estratégicos y avanzar hacia una gestión democrática de los recursos, con participación de trabajadores y comunidades.

Porque si las represas fueron construidas con recursos de toda la sociedad, sus beneficios también deberían estar al servicio de toda la sociedad y no de un puñado de empresarios.