El ministro de Desregulación fue fotografiado durante un viaje a República Dominicana mientras el Gobierno sufría un revés legislativo con uno de sus proyectos centrales: la modificación de la Ley de Tierras. La presión social y las dificultades para reunir los votos obligaron al oficialismo a retirar ese capítulo del Senado. La derrota expone las contradicciones de un Gobierno que pretende avanzar sobre la soberanía territorial mientras sus funcionarios se muestran cada vez más alejados de las consecuencias de sus propias políticas.
La presión popular llenó las calles
La imagen de Federico Sturzenegger paseando por el Caribe mientras el proyecto que llevaba su firma naufragaba en el Congreso funciona como una postal de las prioridades del Gobierno de Javier Milei.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado fue fotografiado durante un viaje en República Dominicana justo cuando el oficialismo atravesaba una derrota política alrededor de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto originalmente incluía un capítulo destinado a flexibilizar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una de las iniciativas que Sturzenegger había defendido con mayor entusiasmo.
Pero la resistencia social y las dificultades del oficialismo para conseguir los votos necesarios obligaron al Gobierno a retirar ese capítulo antes del tratamiento en el Senado. La modificación implicó un retroceso respecto del proyecto original, que buscaba ampliar el límite de participación extranjera sobre las tierras rurales.
El retroceso no apareció de la nada. Durante los días previos se multiplicaron los cuestionamientos de organizaciones sociales, ambientales, políticas y sindicales contra una reforma que fue denunciada como un nuevo avance sobre la soberanía territorial.
La movilización frente al Congreso durante el tratamiento del proyecto terminó de poner en evidencia el rechazo. La protesta fue brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad, con heridos y detenidos, en una jornada que mostró nuevamente la decisión del Gobierno de utilizar la violencia estatal para intentar garantizar que sus políticas pasen sin resistencia.
Así, mientras afuera del Congreso se reprimía a quienes denunciaban la extranjerización de la tierra, dentro del recinto el oficialismo terminaba aceptando retirar uno de los capítulos más polémicos de su proyecto. La presión popular consiguió un resultado concreto: obligó al Gobierno a retroceder.
El padre del proyecto
El ministro no ocultó su malestar por la decisión. Sturzenegger había sostenido que eliminar las restricciones a la compra de tierras por extranjeros permitiría atraer inversiones y generar prosperidad en las distintas regiones del país. Luego de que el capítulo fuera retirado, lamentó públicamente que quedara afuera de la iniciativa. El problema está justamente en qué intereses se busca favorecer cuando se habla de “inversiones”.
La tierra no es una mercancía cualquiera. Es territorio, producción, bienes comunes, agua y soberanía. Facilitar su adquisición por capitales extranjeros significa poner una parte creciente del territorio nacional bajo el control de actores cuyo objetivo principal es la rentabilidad. La derrota parlamentaria de Sturzenegger muestra que, al menos por ahora, la resistencia social puede ponerle límites a ese programa.
La derrota no termina con la ofensiva
El retiro del capítulo de tierras no significó que el Gobierno abandonara su ofensiva. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada avanzó en el Senado con otros cambios cuestionados, entre ellos modificaciones vinculadas con desalojos y expropiaciones. El proyecto también había contemplado cambios en la legislación ambiental.
Es decir, la discusión excede la compra de tierras por extranjeros. Lo que está en juego es un modelo que busca ampliar los derechos de la propiedad privada y reducir las herramientas estatales y sociales para proteger territorios, bienes comunes y derechos colectivos.
Por eso, el retroceso sobre la extranjerización no debería ser interpretado como un cambio de rumbo del Gobierno. Es, por el contrario, una muestra de que cuando existe organización y movilización puede ser derrotado parcialmente.
Un ministro cada vez más cuestionado
El episodio también profundiza las dudas sobre el lugar de Sturzenegger dentro del Gobierno. El ministro construyó su figura alrededor de una enorme batería de reformas destinadas a desregular la economía y eliminar controles estatales. Sin embargo, varios de sus proyectos encontraron resistencias políticas y sociales, y la derrota de la Ley de Tierras constituye uno de los golpes más fuertes a su agenda.
En los últimos días, además, comenzaron a circular versiones sobre el malestar de Javier Milei con algunos de los proyectos impulsados por Sturzenegger y sobre la posibilidad de congelar o retirar iniciativas vinculadas al ministro.
Las internas del oficialismo no son un dato menor. Muestran que detrás del discurso de un Gobierno monolítico existe una disputa sobre cómo y hasta dónde avanzar con el programa libertario.
La soberanía no se vende
La imagen de Sturzenegger en el Caribe mientras su proyecto era frenado en Buenos Aires tiene algo de simbólico. Mientras miles de personas se movilizaron y enfrentaron la represión para rechazar la extranjerización del territorio, el ministro responsable de impulsar la iniciativa se encontraba lejos del conflicto político que provocaba su proyecto.
Pero la discusión no termina con esta derrota. El Gobierno podrá intentar volver a presentar el capítulo sobre tierras, modificarlo o buscar otro camino para avanzar sobre los límites a la propiedad extranjera. De hecho, el retroceso legislativo no implica que hayan abandonado esa pretensión.
La principal conclusión de esta jornada no es el paseo de un funcionario ni siquiera la interna libertaria. Es que la movilización popular logró frenar, aunque sea parcialmente, un proyecto que buscaba profundizar la entrega del territorio al capital extranjero.
Es decir, cuando el Gobierno habla de libertad para los grandes capitales, la respuesta tiene que ser organización y movilización para defender la soberanía, los bienes comunes y los derechos de las mayorías.
