La sesión en la Cámara alta comenzó con una importante derrota del oficialismo: el retiro del capítulo que modificaba la Ley de Tierras. La decisión no fue un gesto de moderación, sino el resultado de semanas de rechazo social y de la movilización que volvió a rodear el Congreso. Durante la sesión también tuvieron que retirar el capítulo que modificada la Ley de Manejo del Fuego para lograr los votos.
Una apertura complicada
Cuando el Senado abrió la sesión para debatir la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobierno ya había sufrido una derrota política. El capítulo que eliminaba las restricciones a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros fue retirado del proyecto luego de semanas de un profundo cuestionamiento social, además de las dificultades del oficialismo para reunir los votos necesarios.
No fue una concesión voluntaria. La presión social logró instalar el debate sobre la soberanía territorial y obligó al Gobierno a retroceder en algunos de los puntos más cuestionados de la iniciativa. Las movilizaciones realizadas durante los días previos, sumadas a la multitudinaria protesta convocada frente al Congreso durante la sesión, demostraron que la resistencia popular puede alterar los planes de un oficialismo acostumbrado a gobernar a fuerza de decretos y mayorías circunstanciales.
La represión como respuestaSi el retiro del capítulo sobre tierras fue una consecuencia de la presión popular, la otra cara de la jornada fue la decisión del Gobierno de volver a responder con violencia.
Como ya ocurrió en otras movilizaciones contra el ajuste, el Ministerio de Seguridad desplegó un enorme operativo policial para impedir que la protesta se acercara al Congreso. Gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y detenciones volvieron a formar parte del paisaje de una administración que parece haber convertido la represión en su principal herramienta de gobierno. Aún así, el gobierno no logró derrotar a la movilización que estuvo hasta altas horas de la noche.
La escena ya no sorprende. Cada vez que sectores populares salen a rechazar despidos, jubilaciones de miseria, privatizaciones o leyes regresivas, la respuesta oficial consiste en criminalizar la protesta antes que escuchar los reclamos. Repudiamos dicha represión y exigimos libertad inmediata a todos los detenidos.
Retroceso del gobierno
Aunque el Gobierno se vio obligado en un principio a retirar el capítulo referido a la Ley de Tierras y posteriormente el del manejo de fuego, eso no significa que el proyecto haya dejado de representar un ataque contra derechos conquistados.
La iniciativa mantiene modificaciones que agilizan los desalojos y restringen aún más las expropiaciones. El retiro de los otros capítulos constituye una victoria de la movilización, pero no modifica el sentido general del proyecto: fortalecer los derechos de la gran propiedad mientras se debilitan las herramientas de protección del patrimonio común.
Las grietas del oficialismo
La sesión también volvió a dejar al descubierto la crisis política que atraviesa el gobierno libertario.
La decisión de Javier Milei de evitar que Victoria Villarruel presidiera el debate, para impedir que la vicepresidenta pudiera definir una eventual votación empatada, reflejó el nivel de desconfianza existente dentro de la propia coalición gobernante.
La disputa entre ambos ya dejó de ser un rumor para transformarse en una crisis abierta. Sin embargo, esas diferencias no alteran el programa de fondo: tanto el Presidente como la vicepresidenta integran un proyecto político que impulsa privatizaciones, desregulación y un permanente avance sobre derechos laborales, sociales y ambientales.
Una lucha que continúa
Con las complicidades de siempre, el gobierno logró aprobar el proyecto por 37 votos a favor contra 33 votos por la negativa. Al retirarse, Bullrich responsabilizó a la situación de denuncias de corrupción y la posible interpelación a Adorni como elemento que hizo que el debate del proyecto se pospusiera y se termine eliminando una parte significativa de su contenido.
Las modificaciones en el proyecto fueron fruto de la presión social que marca el camino de cómo tenemos que responder como sociedad ante un futuro tratamiento en Diputados. Es con la lucha y la organización que debemos prepararnos para continuar esta pelea, que se puede ganar.
