El senador libertario Joaquín Benegas Lynch quedó en el centro de la polémica a horas del tratamiento de la reforma de la Ley de Tierras. La oposición denunció un conflicto de intereses porque integra una empresa dedicada a asesorar inversores extranjeros para la compra de campos en Argentina, mientras votaba un proyecto que flexibiliza las restricciones para ese tipo de operaciones. El episodio refleja con claridad a quién beneficia la agenda del gobierno de Javier Milei.
¿Juez y parte?
La reforma de la Ley de Tierras que se debatirá en el Senado dejó una imagen que resume buena parte del modelo impulsado por el oficialismo. El senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, quien votaría favor de un proyecto que elimina trabas a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros, pese a que fue denunciado por mantener vínculos con una empresa que desarrolla precisamente ese negocio.
Antes del inicio de la sesión, la senadora Juliana Di Tullio presentó una impugnación para que Benegas Lynch se abstuviera de intervenir. El argumento fue que el legislador forma parte de Glocal Terra, una firma dedicada a asesorar y facilitar inversiones extranjeras en tierras rurales argentinas. De acuerdo con la denuncia, la modificación de la ley podría beneficiar directamente la actividad económica vinculada a esa empresa.
Una ley para facilitar la extranjerización
El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei flexibiliza aspectos centrales de la Ley de Tierras sancionada en 2011, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca atraer inversiones y generar mayor dinamismo económico. Sin embargo, organizaciones sociales, especialistas y sectores de la oposición advierten que la medida facilitará la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de fondos de inversión y corporaciones internacionales, debilitando aún más los mecanismos de protección de un recurso estratégico para el país.
La soberanía en venta
El caso Benegas Lynch no constituye un hecho aislado sino una expresión de cómo funciona el gobierno de Milei. Empresarios, financistas y representantes directos de intereses privados participan de la elaboración y aprobación de normas que terminan beneficiando a los mismos sectores económicos de los que forman parte.
La discusión sobre la Ley de Tierras tampoco puede separarse del resto del programa libertario. La flexibilización de los límites a la propiedad extranjera se suma al RIGI, las privatizaciones, la desregulación económica y la apertura irrestricta al capital internacional, conformando una estrategia orientada a profundizar la dependencia económica y la entrega de recursos estratégicos.
La contradicción resulta evidente. Mientras el Gobierno utiliza un discurso de defensa de la soberanía cuando habla de las Islas Malvinas, impulsa medidas que facilitan el control extranjero sobre el territorio continental, los recursos naturales y la producción de alimentos.
Cuando legislan para sus propios negocios
La participación de Benegas Lynch deja una pregunta de fondo: ¿pueden quienes tienen intereses económicos directos decidir sobre leyes que afectan esos mismos negocios?
El episodio revela una forma de gobernar donde el Estado deja de actuar en función del interés público para transformarse en una herramienta al servicio de una minoría de grandes empresarios y terratenientes. La reforma de la Ley de Tierras no es solamente una modificación jurídica: representa un nuevo paso en la mercantilización del territorio argentino y en la cesión de soberanía a favor del gran capital, con legisladores que, en algunos casos, aparecen votando proyectos que podrían beneficiar sus propios intereses económicos.
