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El Gobierno de la Ciudad presentó, en 2024, un nuevo plan educativo bajo el sesgado nombre de “Buenos Aires Aprende”. Lo presentó como una modernización necesaria de la escuela, capaz de responder a los desafíos del siglo XXI y mejorar los aprendizajes. Sin embargo, allí donde ha comenzado a implementarse encontró comunidades educativas que cuestionan sus fundamentos, rechazan sus consecuencias y se organizan para defender otra idea de educación.
El Ministerio de Educación comenzó a aplicarla fragmentariamente, porque carecía del consenso social suficiente para aplicarla de conjunto. Las experiencias de muchas escuelas lo demuestran. Porque no se trata de conflictos aislados, expresan una discusión más profunda sobre el sentido de la educación, el lugar del conocimiento, las condiciones de trabajo docente y el derecho de las comunidades educativas a decidir sobre las transformaciones que atraviesan sus escuelas.
Secundaria Aprende: un programa para bajar el nivel educativo
La reforma Secundaria Aprende que plantea el Gobierno, se enmarca en el “Plan Estratégico 2024-2027 BA Aprende”. El documento oficial plantea que la escuela debe orientarse al desarrollo de capacidades y competencias, fortalecer los llamados “aprendizajes fundacionales”, formar perfiles preparados para los desafíos del futuro y acompañar las demandas del desarrollo productivo. Bajo un lenguaje que habla permanentemente de innovación, autonomía, flexibilidad y habilidades para el siglo XXI, propone redefinir el sentido de la educación y el perfil de les estudiantes que egresan del sistema.
En Secundaria, esto se materializa a través de Secundaria Aprende. La reforma reorganiza el currículum alrededor de áreas y proyectos interdisciplinarios, prioriza Lengua, Matemática e Inglés como aprendizajes considerados centrales y modifica las formas de enseñar, evaluar y acreditar los saberes. Esa reorganización no es neutra: mientras algunos campos del conocimiento ganan centralidad, otros pierden presencia, autonomía y tiempo específico de enseñanza.
La organización por áreas y laboratorios también modifica la relación de les estudiantes con el conocimiento. Materias con tradiciones, métodos y objetos de estudio diferentes pasan a acreditarse de manera conjunta, dificultando muchas veces identificar con claridad qué contenidos fueron aprendidos, cuáles presentan dificultades y qué saberes necesitan recuperarse. En nombre de la integración curricular se debilita la especificidad disciplinar y se vuelve más difuso el derecho de les estudiantes a acceder a conocimientos sistemáticos en cada campo.
La reforma también redefine el perfil de estudiante que se busca formar. Bajo la idea de promover mayor autonomía, el énfasis se desplaza hacia la gestión individual de proyectos, trayectorias y actividades, mientras pierde peso la enseñanza sistemática como responsabilidad institucional. Del mismo modo, la Educación Sexual Integral, conquistada tras años de lucha como una política basada en derechos y en una perspectiva integral, queda relegada frente al creciente protagonismo de propuestas centradas en habilidades socioemocionales y estrategias de autorregulación individual.
Los cambios tampoco recaen únicamente sobre les estudiantes. Secundaria Aprende intensifica el trabajo docente mediante nuevas instancias de planificación colectiva, reuniones permanentes, elaboración de proyectos interdisciplinarios, evaluaciones colegiadas y seguimiento de trayectorias, sin que ello implique mejores condiciones laborales ni reconocimiento del tiempo efectivamente trabajado. Al mismo tiempo, la reorganización curricular y la reducción o fusión de espacios de enseñanza ponen en riesgo puestos de trabajo y generan una creciente incertidumbre para cientos de docentes.
No se trata, entonces, de una suma de modificaciones pedagógicas aisladas. Expresa una concepción de la educación que simple y llanamente rebaja el nivel educativo. No sorprende, por eso, que una reforma con estas características haya encontrado resistencia desde el mismo momento de su presentación.
Que la educación necesita una transformación, es innegable. Quienes sostenemos todos los días la educación pública conocemos sus problemas. La pregunta nunca fue si hacía falta una reforma, sino qué reforma, para qué proyecto de sociedad y quiénes tienen derecho a discutirla.
El fracaso de la estrategia de la fragmentación
Desde el comienzo, el Gobierno evitó avanzar con una implementación simultánea en todas las escuelas. La incorporación se realizó por etapas y fue presentada como una decisión de cada institución.
Esto no respondió únicamente a cuestiones organizativas. También cumplió una función política. Al fragmentar la implementación, el Gobierno buscó aislar los conflictos, impedir que las comunidades educativas se reconocieran como parte de una misma pelea y evitar que la resistencia adquiriera un carácter general. Es que no podía avanzar si las comunidades coordinaban de conjunto. La idea de que cada escuela debía resolver individualmente su situación dificultaba la construcción de respuestas colectivas.
Esa estrategia también contó con el silencio cómplice de la conducción Celeste de la UTE. Mientras numerosas comunidades educativas buscaban organizarse para impedir el avance de la reforma, el sindicato mayoritario no impulsó un plan de lucha unificado que enfrentara su implementación. Por el contrario, su intervención se orientó principalmente a acompañar las escuelas donde la reforma ya avanzaba, dejando librada a cada comunidad educativa la pelea por separado. Así, el Gobierno logró sostener durante más tiempo una implementación fragmentada y reducir el costo político de cada incorporación.
Sin embargo, esa estrategia comenzó a mostrar sus límites. Cada nueva escuela incorporada generaba nuevas preguntas y nuevas resistencias. Las experiencias empezaron a circular entre docentes, estudiantes y familias; los problemas observados en las escuelas que ya transitaban la reforma fortalecían los argumentos de quienes todavía discutían su implementación; y comunidades educativas que hasta entonces enfrentaban conflictos aislados comenzaron a reconocerse como parte de una misma disputa.
La reforma ya no aparecía como un conjunto de decisiones particulares. Comenzaba a discutirse como una política educativa integral que afectaba al conjunto de la escuela pública porteña.
La lucha y la organización develan la debilidad del Gobierno
En ese proceso, la experiencia del Rogelio Yrurtia marcó este año un punto de inflexión. Frente a la decisión del centro de estudiantes de ocupar la escuela, acompañada por docentes y familias, el Ministerio decidió intervenir directamente y firmó un acta comprometiéndose a que la institución no ingresaría a Secundaria Aprende.
Más allá de las particularidades de esa negociación, el hecho tuvo una enorme importancia política. El Gobierno se veía nuevamente obligado, ya lo había hecho años anteriores con otras escuelas, a retroceder frente a una comunidad educativa organizada. Quedaba demostrado que la implementación de la reforma no era un proceso inevitable y que la movilización podía modificar los planes oficiales.
Lejos de desactivar el conflicto, esa situación alentó nuevas expresiones de resistencia. Otras comunidades educativas comenzaron a discutir medidas similares y el rechazo a Secundaria Aprende adquirió una dimensión que el Ministerio ya no podía presentar como un problema aislado de una escuela determinada.
Ante esto, la respuesta del Gobierno fue desconocer el acta firmada con el Yrurtia. Y en las instituciones donde había sostenido durante años que era “voluntario”, pasó a decir que era “obligatorio”. Esa marcha atrás también tuvo un costo político: profundizó la desconfianza hacia el Ministerio y confirmó que las comunidades educativas tenían razones para dudar de sus compromisos.
Al mismo tiempo, el intento de avanzar sobre el Estatuto Docente buscó abrir un nuevo frente de conflicto y fragmentar nuevamente las resistencias. Frente a esa maniobra, el desafío vuelve a ser el mismo: unificar los reclamos de docentes, estudiantes y familias para enfrentar de manera conjunta un mismo proyecto de reforma.
Cuando la comunidad educativa pasa a la acción
La experiencia de la ESEA en Teatro “Niní Marshall” aporta otra enseñanza. Durante tres días, la toma impulsada por les estudiantes estuvo acompañada por un proceso mucho más profundo de construcción colectiva. Docentes, estudiantes y familias debatimos, intercambiamos posiciones, construimos acuerdos y sostuvimos democráticamente las decisiones adoptadas.
Lo más importante de esa experiencia no fue únicamente la medida de fuerza. Fue comprobar que la comunidad educativa puede dejar de ser una consigna para convertirse en un sujeto colectivo capaz de deliberar, organizarse y actuar.
En una reforma diseñada sin participación de quienes habitan cotidianamente las escuelas, esa construcción democrática adquirió un valor en sí mismo. Las decisiones ya no provenían exclusivamente del Ministerio: eran discutidas por quienes sostienen la escuela pública todos los días.
La organización como comunidad no sólo fortaleció la lucha. También anticipó la escuela democrática que defendemos frente a un modelo construido desde arriba.
Ninguna escuela empieza de cero
Si algo dejó este proceso es que ninguna comunidad educativa comienza hoy la discusión sobre Secundaria Aprende desde cero. Cada conflicto, cada asamblea, cada toma, cada reunión abierta y cada acción desarrollada durante estos dos años fue dejando aprendizajes que comenzaron a circular entre las escuelas.
El Lengüitas mostró que la implementación de la reforma no clausura el conflicto. Por el contrario, permitió conocer desde la práctica cotidiana muchas de las consecuencias que docentes y estudiantes advertían al leer los documentos oficiales. La reorganización curricular, las dificultades para sostener la especificidad disciplinar, los problemas en la acreditación por áreas y la creciente sobrecarga laboral docente dejaron de ser hipótesis para convertirse en una experiencia concreta.
El Yrurtia demostró que una comunidad educativa organizada podía obligar al Ministerio a modificar su estrategia y responder públicamente frente al conflicto. Aunque luego el Gobierno desconociera el acta firmada, esa experiencia rompió la idea de que la implementación era un proceso irreversible y abrió nuevas perspectivas para otras escuelas.
La experiencia de la ESEA en Teatro “Niní Marshall” mostró, a su vez, la fuerza que adquiere una lucha cuando docentes, estudiantes y familias construyen colectivamente sus decisiones. La defensa de la escuela pública dejó de ser una consigna abstracta para transformarse en una práctica democrática cotidiana.
Cada una de esas experiencias fortaleció a las que vinieron después. La circulación de documentos, materiales, balances y formas de organización permitió que las comunidades educativas dejaran de enfrentar la reforma de manera aislada. Allí donde el Gobierno había buscado fragmentar la implementación, comenzó a construirse una comprensión compartida del conflicto y una coordinación cada vez mayor entre escuelas.
Una tarea para la etapa que comienza
Las vacaciones de invierno interrumpen el calendario escolar, pero no cierran el conflicto abierto por Secundaria Aprende.
La etapa que comienza plantea un desafío diferente al de los últimos dos años. Ya no alcanza con que cada escuela acumule su propia experiencia. Es necesario transformar esa experiencia en una fuerza común capaz de enfrentar una política educativa que afecta al conjunto de la escuela pública porteña.
Si el Gobierno avanzó fragmentando la implementación de la reforma, la respuesta más potente consiste en recorrer el camino inverso: fortalecer la coordinación entre docentes, estudiantes y familias de las distintas escuelas, incluyendo aquellas donde Secundaria Aprende ya fue implementada. Esa articulación también exige reclamar a la conducción de UTE que abandone su política de acompañar la implementación de la reforma y convoque un verdadero plan de lucha para derrotarla.
En ese camino, el papel de Ademys fue importante, impulsando la coordinación entre las distintas escuelas en lucha y acompañando las acciones resueltas por las comunidades educativas. Pero la experiencia de estos dos años también muestra la necesidad de tener una política más clara para : fortalecer mucho más esos espacios de articulación, ampliándolos a docentes, estudiantes y familias de todas las escuelas, para construir una respuesta común frente a una reforma que el Gobierno impulsa para el conjunto de la educación pública.
La oposición que hoy expresa una parte importante de la escuela pública tampoco es un fenómeno aislado. Incluso instituciones privadas con proyectos pedagógicos consolidados manifestaron cuestionamientos a distintos aspectos de la reforma. Lejos de representar un consenso, Secundaria Aprende encuentra crecientes resistencias allí donde sus consecuencias comienzan a hacerse visibles.
Pero esta pelea también vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo. No alcanza con rechazar una reforma. Es necesario debatir qué educación necesita nuestro pueblo, qué conocimientos debe garantizar la escuela pública y qué condiciones materiales hacen posible enseñar y aprender.
Desde Alternativa Docente sostenemos que esas definiciones no pueden seguir tomándose entre funcionarios, consultoras y organismos internacionales. Deben ser discutidas por quienes sostienen todos los días la educación pública. Por eso proponemos convocar a un verdadero Congreso Pedagógico, democrático y resolutivo, donde docentes, estudiantes, familias y especialistas puedan debatir el sentido de la educación, los contenidos curriculares y las condiciones necesarias para garantizar el derecho social al conocimiento.
En pocos días volveremos a encontrarnos en las escuelas. La experiencia de estos dos años demuestra que el Gobierno no es invencible. Cada escuela que se organizó modificó, en mayor o menor medida, sus planes. El desafío ahora es transformar esas luchas en una fuerza común capaz de derrotar definitivamente Secundaria Aprende y abrir el camino para construir otra educación pública, democrática, científica, artística, con perspectiva de género, y al servicio del debate de qué educación para qué país queremos.
