El gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo a su política de desregulación. Esta vez, el blanco es la Ley de Defensa de la Actividad Librera y otros marcos normativos que regulan la producción y comercialización de libros. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, despertó el rechazo de librerías, editoriales, autores y organizaciones del sector, que advierten que la medida pondría en riesgo la diversidad editorial y abriría la puerta a una mayor concentración del mercado en manos de grandes cadenas y plataformas.
Un mercado sin reglas favorece a los más grandes
La Ley 25.542, sancionada en 2001, establece el precio único del libro, fijado por la editorial o el importador. El objetivo es impedir prácticas de competencia desleal que permitan a grandes cadenas comerciales o plataformas vender a pérdida para expulsar del mercado a librerías independientes y pequeños comercios. Una vez eliminada esa competencia, los grandes actores quedan en condiciones de imponer precios y concentrar el negocio.
Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) alertaron que la derogación de esta normativa no implicaría una baja sostenida de los precios para los lectores, sino un escenario donde sobrevivirían únicamente los actores con mayor espalda financiera.
La ley fue producto del consenso de toda la cadena del libro —editoriales, librerías grandes y pequeñas, autores e ilustradores— precisamente para garantizar condiciones equitativas de competencia y preservar la diversidad cultural.
La lógica del mercado también llega a la cultura
La ofensiva contra la Ley del Libro no aparece de manera aislada. Se inscribe en una política más amplia de desregulación que ya alcanzó organismos culturales, programas de fomento, el Instituto Nacional del Teatro, el cine nacional, las bibliotecas populares y distintos espacios de producción artística.
El discurso oficial sostiene que eliminar regulaciones favorece la competencia. Sin embargo, en sectores donde existen fuertes asimetrías económicas, la ausencia de reglas suele traducirse en una mayor concentración del mercado.
En este caso, la consecuencia podría ser el cierre de librerías independientes, especialmente en ciudades del interior, donde muchas cumplen además una función social y cultural como espacios de encuentro, presentación de autores y promoción de la lectura.
Cultura convertida en mercancía
El proyecto vuelve a mostrar que el gobierno entiende la cultura exclusivamente como un negocio. Bajo la bandera de la “libertad de mercado”, elimina herramientas que buscan garantizar el acceso federal al libro y proteger a quienes producen y difunden conocimiento frente al poder económico de grandes grupos comerciales.
No es casual que esta iniciativa llegue de la mano de Federico Sturzenegger, uno de los principales arquitectos del programa de desregulación impulsado por el oficialismo. La lógica es la misma que ya se aplicó sobre empresas públicas, derechos laborales y políticas sociales: retirar al Estado para que el mercado decida quién sobrevive y quién desaparece.
Defender el libro es defender el acceso a la cultura
La discusión excede el precio de un libro. Lo que está en juego es quién controla la circulación del conocimiento y qué lugar ocupan las expresiones culturales que no responden a la lógica de la rentabilidad inmediata.
Mientras el Gobierno presenta la derogación como una modernización del mercado, libreros, editoriales y trabajadores de la cultura advierten que el verdadero resultado puede ser una oferta más concentrada, menos diversidad editorial y el cierre de cientos de librerías que hoy sostienen el tejido cultural en todo el país.
En un contexto de ajuste sobre la educación, las universidades, las bibliotecas y el sistema científico, la ofensiva contra la Ley del Libro constituye un nuevo paso en una política que reduce la cultura a una mercancía y deja su desarrollo librado a los intereses de los grandes actores del mercado.
