El gobierno libertario materializó un nuevo y escandaloso pacto de impunidad con los tribunales federales. A través del decreto 589/2026, publicado en el Boletín Oficial, se oficializó la designación de Ana María Cristina Juan como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.
Este nombramiento representa una clara devolución de gentilezas hacia su esposo. El marido de la flamante magistrada es Marcelo Martínez de Giorgi. Este juez federal tiene a su cargo la causa que investiga la criptoestafa de la moneda $LIBRA. En dicho expediente el propio presidente Javier Milei y su hermana Karina se encuentran apuntados por la promoción de la maniobra fraudulenta que provocó pérdidas millonarias a múltiples inversores.
Hace apenas 12 días, Martínez de Giorgi emitió una resolución fundamental para blindar al mandatario. El magistrado decidió apartar a los querellantes que impulsaban la causa tras hacer lugar a un planteo del lobista investigado Mauricio Novelli. Con esa maniobra se excluyó del expediente a los damnificados. Esta decisión, casi que deja al caso en stand by al mantener como único acusador al fiscal Eduardo Taiano. Este funcionario acumula múltiples críticas por su extrema lentitud y su inacción para investigar la estafa desde el inicio del proceso. El Poder Ejecutivo tomó nota de este enorme favor judicial y premió al juez con el rápido ascenso de su esposa.
Un tribunal fantasma
La designación de Ana Juan expone, de manera obscena, la connivencia entre el poder político de turno y la corporación judicial. El Juzgado Federal de Hurlingham fue creado por ley con competencia en los partidos de Merlo e Ituzaingó. El dato más llamativo radica en que este tribunal todavía no cuenta con la habilitación formal de la Corte Suprema de Justicia. Esta irregularidad desnuda la brutal hipocresía del oficialismo a la hora de repartir los cargos. Hace apenas un mes el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, utilizó exactamente este mismo argumento administrativo para frenar otra designación.
El funcionario bloqueó el pliego de Ana María Micheli bajo la excusa de que su cargo correspondía a un tribunal sin habilitar. La verdadera razón detrás de ese freno responde a que Micheli es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Las investigaciones de este periodista han incomodado varias veces al presidente y a su hermana, cuando ha publicado sobre los casos de corrupción que los rodea. La inacción y las presiones lograron cajonear el trámite legislativo sobre el pliego de Micheli. Queda claro que las justificaciones de Mahiques, como la falta de un edificio o de mobiliario, son solo un obstáculo para los candidatos que no resultan afines al proyecto libertario. Esa misma traba burocrática desaparece mágicamente cuando se trata de pagar los favores recibidos por parte de un juez amigo.
Pactos a la vista
Los movimientos oscuros tras bambalinas trascienden el caso de la criptoestafa y conforman un andamiaje completo para proteger al gobierno. El avance de los acuerdos se evidencia en el letargo que empezó a envolver al caso del enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. Mientras el ex Jefe de Gabinete se encontraba en plenas funciones sufría filtraciones diarias que complicaban su situación judicial. A casi tres semanas de su salida de la Casa Rosada esa catarata de elementos acusatorios desapareció por completo para garantizarle un espeso manto de silencio protector. A la par de este encubrimiento el oficialismo acelera una serie de nombramientos diseñados a la medida de sus propias necesidades.
En el actual festival de pliegos sobran los ejemplos de guiños entre la presidencia y los magistrados más reaccionarios. El hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti se posicionó con un llamativo éxito en el primer lugar del orden de mérito de su concurso.
Otro capítulo bochornoso de esta saga tiene como protagonista al camarista Víctor Pesino. Apenas unas horas después de firmar un fallo que reactivaba la reforma laboral libertaria el gobierno inició un trámite exprés para extender su mandato por cinco años más al haber cumplido el límite de edad. El ministro Mahiques también inauguró su gestión con un regalo familiar al gestionarle a su propio padre la misma prórroga jubilatoria. Para consolidar este escudo protector el gobierno ya planea enviar los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para que integren la cámara encargada de tratar las futuras apelaciones de la causa $LIBRA.
Democratizar de raíz
La evidencia demuestra de manera abrumadora que el gobierno empieza a estructurar un Poder Judicial que le responda incondicionalmente a través de los oficios de sus principales funcionarios. Con exintegrantes del gabinete imputados por corrupción y el binomio presidencial apuntado por estafas resulta lógico que el oficialismo busque devolver favores para capear estas enormes tormentas políticas.
Esta urgencia de blindaje adquiere mucha más relevancia ante la terrible crisis económica que destruye los ingresos diarios de la clase trabajadora. El gobierno precisa armarse judicialmente para defender una catarata de reformas reaccionarias y utilizar a los nuevos jueces como un verdadero ejército de choque. Frente a este escenario de transas a espaldas del pueblo resulta evidente que el problema no se arregla con simples modificaciones superficiales. Para dejar de tener una Justicia adicta al poder de turno hay que romper de raíz con su lógica corporativa.
Ninguna medida cosmética cuestionará los privilegios de la casta judicial si no se avanza hacia la elección directa de todos los magistrados por medio del voto popular. Los mandatos deben dejar de ser vitalicios para pasar a tener un límite temporal muy estricto. Resulta indispensable eliminar todos los privilegios salariales de los magistrados y establecer la revocabilidad inmediata de sus cargos ante cualquier incumplimiento. Para democratizar verdaderamente el sistema es urgente implementar los juicios por jurados con participación vecinal en todas las provincias.
Este entramado de favores jamás investigará en forma imparcial los delitos cometidos por el poder empresarial y político. Por ese motivo es necesario conformar una comisión investigadora independiente integrada por personalidades intachables y referentes de los derechos humanos con plenos poderes de actuación.
Obviamente que todo este proceso debe pensarse como parte de una reforma política global en el marco de una transformación socialista del país. Esa representa la única manera de terminar con esta casta privilegiada y torcerle el brazo al gobierno ajustador mediante la movilización en las calles.
