Uno de los primeros avances del gobierno fue desmantelar derechos conquistados con la sanción de la Ley Bases aprobada en junio del 2024. Esta ley, la 27.742, abrió las puertas para una inmensidad de temas polémicos que han sido motivo de discusiones, luchas y resistencias. En este caso, es la punta de lanza en la adjudicación de una empresa privada sobre AySA, la empresa pública de agua mas grande de Argentina y que sirve a mas de 15 millones de personas.
El primer impacto de la esta ley se vio en la quita de subsidios con facturas de agua que llegaron a aumentar hasta 1.500 %. Casi un año de sancionarse, el gobierno anunció la privatización de AySA considerándola como una empresa más de carácter comercial y justificando que el ente representa una carga financiera considerable para el Tesoro Nacional. Sin embargo, AySA generó ganancias durante el 2024.
El siguiente paso de Milei fue en julio del 2025 al lanzar el DNU 493 que modifica completamente las condiciones de acceso al agua potable y a las cloacas. Estas modificaciones son:
- Se habilita la suspensión del servicio por falta de pago de 60 dias.
- Fin de la obligación de expandirse en lugares sin cobertura, como villas, asentamientos o barrios populares.
- Las tarifas pueden ser actualizadas cada mes.
- Se baja la calidad del agua.
Actualmente 1 de cada 7 personas que habita la ciudad no accede al agua potable. Se estima que unas 400 mil personas están esperando la realización de obras de infraestructura obligandolas a recurrir a mangueras pinchadas, camiones aguateros, cámaras cloacales precarias y pozos ciegos. Además, cerca de 140 mil personas deben almacenar agua en baldes y tachos todos los dias.
Las primeras 3 modificaciones del DNU llegaron para profundizar esta crisis y son una violación al derecho humano de acceso al agua y saneamiento reconocido por nuestra Constituciòn y por las Naciones Unidas.
Por otro lado, para aquella gente afortunada a la que le sigue saliendo agua de su canilla, es posible que ya no le haga cosquillas… Es que ahora se permitirá que el agua potable tenga hasta 350mg/lt de Cloruros en vez del actual 250mg/lt, el máximo recomendado por la OMS. Tambien podrá contener hasta el doble de sulfatos que tenía antes (400mg/lt) y un 10% mas de Nitratos (50mg/lt). Ademas de esas modificaciones, se permitirá la vista gorda en análisis de calidad, por ejemplo, con la eliminación del monitoreo de cianuro.
El siguiente paso fue en mayo de este año, publicándose la Resolución 704/2026, donde figura el pliego para la venta de AySA y en donde se anuncia que la fecha límite para presentar las ofertas es el 27 de agosto. Según Maria Eva Koutsovitis, el gobierno espera obtener a cambio U$500 millones una cifra que estaría muy por debajo de lo estimado para una empresa de semejante envergadura, especialmente si se compara con la privatización que se llevó a cabo en el 2024 de la Empresa de agua y saneamiento de San Pablo (Brasil) Sabesp que fue de U$2.634 millones que, asignándole un coeficiente del 40% que considera las diferencias entre ambos territorios, se estima que Aysa podría valer cerca de U$1.000 millones, el doble de lo que se espera obtener.
Extraoficialmente se cree que los posibles grupos interesados son capitales nacionales como la familia Neuss y el grupo Roggio, y las empresas brasileñas Sabesp y Rio+Saneamiento.
Para no perder el tiempo, el gobierno ya se encargó de hacer más tentador el remate de AySA aprobando el nuevo contrato de concesión para la futura empresa privada, donde se presenta un proyecto que muestra un mínimo riesgo y garantiza su rentabilidad. Este contrato establece:
- Concesión por 30 años con posibilidad de prórroga.
- Las obras de infraestructura las pagan los usuarios.
- Aparece un coeficiente K de indexación trimestral de la factura.
- Se crean penalizaciones por atraso de paso y el corte del servicio si se superan los 60 dias de mora.
- Se habilita al CIADI (un ente arbitral internacional) para dirimir ante alguna diferencia entre el estado y la empresa.
La privatización de AySA no es el único factor que profundiza el malestar de algunos y amenaza el bienestar de otros. Actualmente el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) revelaron que los niveles de arsénico en el agua de diversas regiones del país son anormalmente altos, hasta 10 veces el límite que recomienda la OMS de 10 ppb. El Conicet ya había advertido sobre este tema en el 2015.
Existen diversas causas de este fenómeno: unas con origen natural como la erosion de rocas volcánicas y otras humano como la minería, agroquímicos y pesticidas, curtiembres y madereras. La ingesta abundante de arsénico provoca Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) que es la causa de serias enfermedades como cáncer de pulmón, vejiga y piel, daño hepático, enfermedades neurodegenerativas y fibrosis pulmonar.
Este problema no discrimina, ya que se encuentra en las provincias mas ricas como el 70% de Buenos Aires, el sur de Cordoba y Santa Fe, en Mendoza, Tucuman y Salta y en las más pobres como Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Se estima que 17 millones de habitantes hoy acceden a un agua con altos niveles de arsénico. Por lo tanto, se vuelve indispensable una inversión en el control y filtrado de esta sustancia, la cual es posible ya que la UNR ha especificado un método que consiste en un proceso de coagulación-adsorción en flóculos de hidróxido de aluminio, corrección de pH inicial y dos etapas de filtración: una primera de prefiltración gruesa ascendente en mantos de grava y luego una filtración rápida. En Buenos Aires hay 16 municipios en alerta roja, entre ellos Escobar, Lobos, Chivilcoy, Cañuelas, O`Higgins, San Miguel del Monte y Banderalá.
Gobernantes y políticas similares a los ’90 abundan y la administración del agua no es la excepción. Luego de la hiperinflación y la crisis de deuda con el FMI, se generó un deterioro del servicio que sembró las bases para la privatización a manos del gobierno de Menem. En ese momento lo que ocurrió es que luego de funcionar por casi 100 años, la empresa estatal Obras Sanitarias de la Nación fue comprada por la empresa francesa Suez y pasó a llamarse Aguas Argentinas. Por esa transacción el estado recibió el 10% de las acciones la empresa. Por un lado, con la complicidad de la dirigencia sindical, la empresa despidió a más de la mitad de su personal y por el otro, se aplicaron tarifazos, desinversiones, cortes de servicios y el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento.
Luego de años de reclamos de los usuarios y luchas comunitarias denunciando los abusos de la empresa, en 2006 el gobierno rescindió el contrato y creó AySA. También vale recordar que a pesar de sus incumplimientos y rentas extraordinarias, Suez inició un juicio en el CIADI que falló a favor de los franceses, lo que le costó al Estado unos 400 millones de dólares.
Con esta privatización el gobierno revalida su política de hacer plata todo lo que puede ser consumido y detrás se encuentran capitales extranjeros dispuestos a manejar todo recurso que manipule a la población, permeable a generar ganancias. En este caso, el principal proveedor de agua y saneamiento de Israel, Mekorot, conocida mundialmente como la empresa genocida por excelencia (denunciada por la ONU por “apartheid del agua” en Palestina) ya opera en 12 de las 23 provincias de Argentina y desde el 2024 trabaja asesorando a AySA. Recordar que Mekorot con su manejo “inteligente” del agua extrae del rio Jordania para brindar aproximadamente 300 litros de agua por dia a los habitantes de Israel y menos de 5 litros por dia a los de Palestina.
Siendo una empresa pública de Israel no se le permite quedarse con activos de otros países, pero sí crear acuerdos con las provincias como convenios de asesoramiento, de consultoría y, posteriormente, de diseño de los planes maestros de agua con el fin de crear luego un nuevo convenio de gestión o gobernanza del agua. Vale destacar también que la mayoría de estos negocios se han realizado a la sombra y se desconoce su contenido.
Si bien la mercantilización del agua es un fenómeno de este siglo (desde 2020 cotiza como un activo más en Wall Street), hay una parte de la sociedad que parece olvidar que el agua es el principal recurso que necesitan los seres humanos, los animales y las plantas para vivir, muy posiblemente porque también hay otra parte consciente de que este recurso es necesario en abundancia para realizar procesos extractivistas y se encarga de hacernos creer que eso es la máxima prioridad. No obstante, esta credibilidad está siendo cada vez menor gracias a la organización de los ciudadanos y la creación de varias agrupaciones sociales y campañas (por ejemplo, “No a la privatización de AySA”) que denuncian los hechos que van en contra del bien social y nos recuerdan lo que realmente es importante.
El agua no es un negocio: 100% pública y bajo control social
Pero no alcanza con frenar la privatización de AySA ni con volver a la situación anterior. El agua es un derecho humano y un bien común esencial para la vida: no puede quedar sometida ni a la rentabilidad de una empresa privada ni a los intereses de funcionarios que la administren a espaldas de la población.
Por eso nuestra perspectiva es una AySA 100% estatal, sin participación privada y fuera de toda lógica de lucro, bajo control democrático de sus trabajadores y de los usuarios. ¿Quiénes conocen mejor el servicio que quienes todos los días mantienen las plantas, reparan las redes, detectan las pérdidas y garantizan que el agua llegue a millones de hogares? ¿Y quiénes tienen más interés en que funcione bien que las propias comunidades que dependen de ella para vivir?
La gestión debe estar en manos de representantes electos y revocables de los trabajadores del sector y de los usuarios, junto a especialistas de las universidades públicas y organismos científicos, con cuentas abiertas y acceso público a toda la información.
Un servicio de agua verdaderamente público debería tener como prioridades garantizar el acceso universal, impedir los cortes por falta de pago, extender las redes de agua y cloacas a todos los barrios, recuperar la calidad del agua y poner en marcha un plan nacional urgente de obras, control y filtrado frente a la contaminación con arsénico.
¿De dónde sacar los recursos? No de nuevos tarifazos ni cargando el costo de las obras sobre las familias trabajadoras. Hay que establecer un impuesto permanente y progresivo a las grandes fortunas y a los grandes patrimonios, para financiar un plan nacional de agua potable y saneamiento que garantice este derecho en todo el país.
Mientras un puñado de multimillonarios acumula fortunas cada vez mayores, millones de personas todavía no tienen agua potable, cloacas o consumen agua contaminada. Que paguen los que más tienen para garantizar un derecho elemental de toda la población.
Ni el agua como negocio privado ni una empresa pública manejada desde arriba. AySA 100% estatal, bajo control de sus trabajadores y usuarios, y un plan nacional de agua y saneamiento financiado con un impuesto permanente a las grandes fortunas.
Coco Mangiatutto y Paula Kaeser
