La administración de Javier Milei anunció un proyecto de inversión privada por 1.200 millones de dólares para construir un nuevo reactor nuclear modular en el complejo Atucha. Presentado como un ejemplo del “nuevo modelo” energético, el plan profundiza una orientación que desplaza al Estado de un área estratégica y abre nuevos negocios para grandes grupos económicos, mientras el sistema científico y tecnológico atraviesa recortes históricos.
Un reactor privado para el negocio energético
El Gobierno presentó oficialmente una iniciativa impulsada por la empresa Meitner Energy Latam para construir un reactor modular pequeño (SMR) de aproximadamente 300 MW en el predio de Atucha, con una inversión estimada en 1.200 millones de dólares financiada íntegramente por capitales privados. El proyecto fue anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a funcionarios del área nuclear como parte del nuevo esquema energético impulsado por la administración libertaria.
Según la información oficial, la empresa prevé crear alrededor de 2.000 puestos de trabajo durante las distintas etapas de construcción y operación, además de desarrollar un reactor de tecnología de Generación III+, orientado tanto al abastecimiento eléctrico como a futuras exportaciones.
Sin embargo, detrás del anuncio aparece una discusión mucho más profunda: quién controla un sector estratégico como la energía nuclear y en función de qué intereses se desarrolla.
De una política de Estado a un negocio privado
Argentina construyó durante décadas un complejo nuclear reconocido internacionalmente, apoyado en organismos públicos como la Comisión Nacional de Energía Atómica, Nucleoeléctrica Argentina, INVAP y cientos de empresas proveedoras nacionales.
Ese desarrollo permitió formar recursos humanos altamente especializados, fabricar tecnología propia y sostener una política científica que convirtió al país en uno de los pocos capaces de diseñar reactores nucleares.
Pero el gobierno de Milei viene avanzando en sentido contrario. Mientras anuncia inversiones privadas, también impulsa la reestructuración y eventual privatización de áreas estratégicas del sector nuclear, reduce el papel del Estado y promueve una lógica donde las decisiones quedan subordinadas a la rentabilidad empresarial antes que a una planificación energética nacional. Además otorga beneficios con los distintos tipos de RIGI casi como si financiamos a los privados.
Ajuste para la ciencia, negocios para los privados
Mientras universidades, organismos científicos y centros tecnológicos sufren despidos, pérdida salarial y recortes presupuestarios, el Ejecutivo presenta como un éxito la llegada de grandes inversores privados para desarrollar infraestructura estratégica.
El mismo gobierno que paralizó o ralentizó proyectos tecnológicos nacionales sostiene que el futuro del sector pasa por atraer capitales privados. La discusión central es quién controla una actividad estratégica como la generación de energía y para quién se produce.
Cuando las decisiones quedan en manos del mercado, las prioridades dejan de ser las necesidades sociales para responder a la rentabilidad de los inversores.
Una discusión estratégica
La energía constituye uno de los pilares de cualquier proyecto de desarrollo. Por eso, en prácticamente todas las grandes potencias, el sector nuclear continúa fuertemente regulado, planificado o directamente gestionado por el Estado, aun cuando existan asociaciones con capital privado.
En Argentina, la industria nuclear permitió durante décadas desarrollar tecnología propia, exportar conocimiento y sostener miles de puestos de trabajo altamente calificados.
La orientación del gobierno libertario apunta, en cambio, a convertir ese entramado en un nuevo espacio de negocios para grandes grupos empresarios.
¿Desarrollo o privatización encubierta?
El oficialismo presenta el anuncio como una muestra de confianza internacional y un paso hacia la modernización del sistema energético. Sin embargo, el proyecto aparece en el marco de una política mucho más amplia que incluye privatizaciones, reducción del rol estatal y apertura de sectores estratégicos al capital privado.
Mientras el Gobierno celebra nuevos negocios privados, el sistema científico pierde financiamiento, los salarios de investigadores continúan deteriorándose y el conocimiento desarrollado durante décadas con recursos públicos queda cada vez más subordinado a intereses empresariales.
La discusión pasa por otro camino: defender el desarrollo científico nacional, fortalecer las empresas públicas estratégicas y colocar la energía bajo control estatal y social, al servicio de las necesidades populares y no de la rentabilidad de un puñado de inversores.
