El flamante jefe de Gabinete debutó en el Senado con una misión clara: conseguir los votos para aprobar el proyecto que reduce el régimen de Zona Fría y elimina subsidios al gas para millones de hogares. Mientras el Gobierno habla de “eficiencia” y “equilibrio fiscal”, la iniciativa implicaría nuevos tarifazos en pleno invierno para amplias regiones del país.
El primer objetivo de Santilli: ajustar las tarifas
Apenas instalado como jefe de Gabinete tras la salida de Manuel Adorni, Diego Santilli desembarcó en el Senado para encabezar personalmente las negociaciones con los bloques aliados y dialoguistas. Su prioridad no fue anunciar medidas para enfrentar la crisis económica ni aliviar la situación de los trabajadores, sino destrabar la aprobación del proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y reduce los subsidios al gas.
El oficialismo ya consiguió la media sanción en Diputados gracias al respaldo del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. Ahora busca repetir esa mayoría en una Cámara donde los gobernadores tienen mayor capacidad de presión y donde todavía existen resistencias por el fuerte impacto que tendría la medida sobre millones de usuarios.
La elección de Santilli para encabezar estas negociaciones tampoco resulta casual. Su llegada a la Jefatura de Gabinete expresa el intento del Gobierno de recomponer puentes con los sectores tradicionales de la política luego de la crisis desatada por el escándalo patrimonial que terminó con la salida de Manuel Adorni. Ahora, ese capital político se pone al servicio de avanzar con una nueva etapa del ajuste.
Menos subsidios, más tarifazos
El proyecto impulsado por el Gobierno elimina la incorporación de alrededor de un centenar de localidades que habían sido incluidas en el régimen de Zona Fría en 2021 y concentra los beneficios casi exclusivamente en la Patagonia, Malargüe, la Puna y determinados usuarios considerados vulnerables. Además, modifica la forma de calcular el beneficio, aplicándolo únicamente sobre el consumo y no sobre la totalidad de la factura, lo que implica un aumento incluso para quienes continúen dentro del régimen.
De aprobarse definitivamente, millones de hogares de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan y otras regiones perderían parcial o totalmente el descuento que reciben actualmente para afrontar el costo de la calefacción durante el invierno. Mientras tanto, el Gobierno justifica la iniciativa con el argumento del “equilibrio fiscal” y sostiene que el esquema vigente resulta demasiado costoso para el Estado.
El ajuste siempre cae sobre los mismos
El discurso oficial insiste en que eliminar subsidios constituye una medida de “eficiencia”. Sin embargo, detrás de esa definición técnica existe una decisión política muy concreta: trasladar el costo de la crisis a los usuarios mientras se preservan los beneficios de los grandes grupos económicos.
La reducción de subsidios al gas se suma al incremento de las tarifas de electricidad, transporte, combustibles y servicios públicos que vienen deteriorando el poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y sectores populares. Para millones de familias, el problema no pasa por consumir más energía de la necesaria, sino por poder calefaccionar sus hogares durante los meses más fríos sin que la factura represente una parte cada vez mayor de sus ingresos.
Gobernadores, negociaciones y la política del intercambio
La discusión en el Senado también expone el funcionamiento de las alianzas parlamentarias del oficialismo. Según trascendió, el Gobierno negocia apoyos ofreciendo compensaciones energéticas a provincias de zonas cálidas y otros beneficios específicos para destrabar los votos necesarios. Varios gobernadores reclaman excepciones para sus distritos o mayores compensaciones antes de acompañar el proyecto.
Más allá de las diferencias regionales, la discusión vuelve a mostrar cómo el oficialismo consigue sostener su agenda gracias al respaldo de sectores del PRO, parte de la UCR y distintos bloques provinciales, incluido el peronismo, que terminan facilitando la aprobación de medidas que luego impactan directamente sobre la población.
La energía como derecho, no como negocio
La ofensiva sobre el régimen de Zona Fría forma parte de una orientación más amplia del gobierno de Javier Milei: reducir el papel del Estado en el sistema energético, avanzar en la desregulación del sector y descargar los costos sobre los usuarios.
El acceso al gas y a la energía no puede depender exclusivamente de la lógica del mercado ni del equilibrio contable que reclama el Ministerio de Economía. Calefaccionarse durante el invierno no constituye un privilegio, sino una necesidad básica.
Mientras Santilli intenta reunir los votos para convertir el proyecto en ley, la discusión trasciende el debate parlamentario. Lo que está en juego es quién paga el ajuste: si continúan haciéndolo las mayorías populares mediante nuevos tarifazos o si la crisis comienza a recaer sobre quienes concentran la riqueza y obtienen ganancias extraordinarias del negocio energético.
