Este 28 de junio se cumplen diez años desde que en nuestro país comenzamos a movilizarnos masivamente contra los travesticidios y transfemicidios. Una nueva jornada de lucha nos encuentra en las calles, organizades y defendiendo cada uno de nuestros derechos frente a una ofensiva reaccionaria internacional que busca hacer retroceder conquistas históricas de nuestro colectivo.
Por Agus Romero y Moni Aguirre
El ajuste y la ofensiva reaccionaria
Las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei profundizan un escenario de exclusión, discriminación y violencia para las mujeres y disidencias sexuales. El desmantelamiento de políticas públicas destinadas a mujeres y diversidades, los ataques permanentes a la identidad de género, el cuestionamiento de derechos conquistados y la estigmatización de la comunidad LGBTIQ+ generan condiciones para más discriminación y más violencia.
Pero la ofensiva de Milei no se limita solo a nosotres. Su gobierno se ajusta sobre toda la clase trabajadora y los sectores populares a las cuales también pertenecemos. Ataca salarios, jubilaciones, nuestra salud, la educación, derechos laborales y libertades democráticas. Es por eso que los discursos de odio cumplen una función política concreta: dividir a quienes sufren las consecuencias del ajuste y señalar enemigos entre los de abajo mientras se gobierna para los grandes empresarios y los sectores más concentrados del poder económico. Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en el gobierno nacional.
Los gobiernos provinciales y municipales, sean libertarios, radicales o peronistas aplican la misma receta, mantienen la deuda con el colectivo travesti-trans y mientras se llenan la boca hablando de inclusión, incumplen el cupo laboral travesti-trans, sostienen formas de contratación precarias y bloquean el avance de políticas de reparación histórica para quienes sobrevivieron décadas de persecución estatal.
Las consecuencias son brutales. Mientras la expectativa de vida promedio de las personas heterosexuales supera ampliamente los 70 años, la expectativa de vida de las personas travestis y trans continúa rondando apenas los 35 o 40 años. No es una casualidad. Es el resultado de décadas de exclusión, persecución y abandono estatal sostenidos por gobiernos de distintos colores políticos.
Los discursos de odio también matan
Tampoco es casual que, mientras se pelea por justicia para Sofía, existan intentos de eliminar la figura de travesticidio conquistada mediante años de lucha. Lo vemos en los ataques al fallo histórico por Diana Sacayán y en los intentos de borrar el carácter político y de odio hacia nuestras identidades de estos crímenes.
Nombrar los travesticidios y transfemicidios es señalar que existe una violencia específica contra las identidades travestis y trans. Por eso quieren borrar esa figura. Porque reconocerla implica señalar responsabilidades políticas concretas y reconocer que detrás de cada crimen existe una estructura estatal que empuja a nuestro colectivo a la exclusión, la violencia y la muerte.
Los discursos de odio no son solamente palabras. Funcionan como una herramienta política para legitimar la discriminación, justificar la violencia y dividir a quienes enfrentan las consecuencias del ajuste. Por eso afirmamos una vez más que el Estado siempre es responsable.
Sofí Fernández: una conquista arrancada a la impunidad
En vísperas de un nuevo 28J, la elevación a juicio de los diez policías responsables del travesticidio de Sofía Fernández constituye una conquista arrancada mediante años de movilización contra el encubrimiento policial, judicial, político y mediático.
Es una victoria parcial de quienes nunca dejamos de reclamar justicia. Pero también es una demostración de que frente a la impunidad estatal sólo la organización y la lucha permiten arrancar conquistas colectivas que marcan el camino.
La noticia llega después de más de tres años de lucha sostenida por su familia, por la Comisión de Justicia por Sofía Fernández, por organismos de derechos humanos y por organizaciones LGBTIQ+ que enfrentaron una pelea constante para impedir que el crimen quedara impune.
Vamos a decirlo claramente: no fue la voluntad de las instituciones la que permitió avanzar. De hecho, el propio juez Saettone actuó sistemáticamente para obstaculizar la causa. Fue la organización y la movilización las que impidieron que el caso terminará archivado como tantos otros crímenes contra las diversidades y los sectores populares.
A Sofía no solo la mataron. También la estigmatizaron, la revictimizaron y buscaron deslegitimar su historia. Por eso queremos honrar su memoria.
Sofi era una mujer trans de 39 años. Era solidaria, docente y soñaba con estudiar enfermería y tenía toda una vida por delante. El 10 de abril de 2023 fue detenida por la Policía Bonaerense y trasladada a la Comisaría 5ª de Presidente Derqui. Horas después apareció muerta bajo custodia policial.
Desde el primer momento intentaron instalar mentiras. Hablaron de muerte natural. Hablaron de suicidio. Borraron pruebas, manipularon la escena y buscaron cerrar la causa para garantizar la impunidad. Sin embargo, las pericias demostraron otra realidad. Sofía murió por asfixia mecánica. Su cuerpo presentaba lesiones, fracturas y signos de violencia incompatibles con la versión policial. La investigación estuvo atravesada por innumerables irregularidades que dejaron al descubierto el funcionamiento del encubrimiento estatal.
La detuvieron viva y apareció muerta bajo la misma custodia policial. Con el mismo modus operandi que utiliza el aparato represivo cuando asesina: ocultar la verdad, manipular pruebas y garantizar la impunidad.
No es un caso aislado
Cuando exigimos justicia por Sofía no hablamos solamente de diez policías. Hablamos de una toda una institución formada, que persigue, hostiga, tortura, mata y después encubre. Como se gritó una y otra vez en las calles de Pilar: no es un policía, es toda la institución. A Sofía no la mató solamente una patrulla. La mató una red de impunidad policial, judicial, política y mediática que intentó garantizar que su asesinato quedara sin castigo.
Por eso este 28J nuestras banderas estarán más altas que nunca. El caso de Sofía no es un hecho aislado. Forma parte de una larga historia de violencia estatal contra las identidades travestis y trans y contra los sectores populares. Así como lo demuestran los asesinatos de Treinti y de Samu Tobares en Córdoba, donde nuevamente las fuerzas represivas aparecen como responsables.
La violencia institucional no es un exceso individual ni un error aislado. Es una política sostenida por gobiernos de distintos signos políticos y ejecutada por fuerzas de seguridad que continúan actuando con amplios márgenes de impunidad que se les brinda desde arriba.
Por eso no alcanza solo con señalar a los ejecutores materiales. Es necesario denunciar a quienes garantizan impunidad desde el poder político, judicial y mediático.
Luchar hasta vencer
Ante un escenario político, económico y social cada vez más violento, también crece la resistencia. Así como Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, Martha Ferro, Carlos Jáuregui, “el Vasco” y tantas otras referencias de nuestro movimiento nos marcaron el camino para enfrentar la persecución y la violencia estatal, hoy retomamos esas banderas para organizarnos frente a una nueva ofensiva reaccionaria.
Porque nuestro movimiento LGBTIQ+ fue protagonista de algunas de las respuestas más importantes contra las políticas del gobierno nacional. Las masivas jornadas del 1F y del 7F demostraron que existe una enorme fuerza dispuesta a enfrentar el ajuste, la represión y los discursos de odio.
Y el eje central de esas jornadas fue que mostraron un camino: el de la unidad entre las diversidades, la clase trabajadora, el movimiento estudiantil, las mujeres, los jubilados y todos los sectores que enfrentan el ajuste, para vencer.
Coordinar las luchas hasta que el mundo sea como lo soñamos
La historia de nuestro movimiento demuestra que ningún derecho fue un regalo. Desde Stonewall hasta las movilizaciones del 1F y del 7F, cada conquista fue arrancada mediante la organización colectiva y la lucha en las calles. Porque la pelea contra la violencia institucional es la misma pelea contra el ajuste, contra los discursos de odio, por trabajo, educación, salud y vivienda. Porque la pelea por justicia para Sofía es también la pelea por transformar de raíz un sistema que forma una sociedad construida sobre la exclusión, la explotación y la opresión.
Por eso, desde libre diversidad que también confirmamosa la Comisión de Justicia por Sofía Fernández reafirmamos que vamos a seguir peleando hasta el final. Vamos por juicio y castigo a los diez policías asesinos de Sofía. Vamos por justicia para Treinti, para Samu Tobares y para todas las víctimas de la violencia institucional y los crímenes de odio.
Este 28J tenemos una tarea: unir todas las luchas que enfrentan el ajuste, la represión y los discursos de odio. Coordinar y construir una alternativa que unifique a las travas, travos, tortas, maricas, bisexuales, no binaries, al movimiento feminista junto a trabajadorxs, estudiantes, jubilados, y sectores populares para derrotar estas políticas de Milei y sus lacayos.
- Porque la pelea por Sofía es la pelea por todas.
- Porque no vamos a abandonar ninguna lucha.
- Porque hoy más que nunca la organización colectiva es la salida.
- Porque seguiremos luchando hasta que el mundo sea como lo soñamos.
- Justicia por sofía fernández.
- Justicia por “Treinti”.
- Justicia por Samu Tobares.
- Juicio y castigo a los policías asesinos.
- Cupo laboral travesti-trans sin precarización.
- Reparación histórica para el colectivo travesti-trans.
- Abajo el aparato represivo
