A 70 años de lo sucedido, la Justicia Federal reconoció por primera vez en la historia que los fusilamientos de Suárez fueron un crimen de lesa humanidad, es decir, los reconoce como crímenes de Estado.
Por Sasha Lyardet
El 9 de junio de 1956, y durante la madrugada del día 10 del mismo mes, la dictadura de Aramburu ordenaba el fusilamiento de 12 personas civiles y 17 militares. Esto se dio en el marco del alzamiento militar por parte del teniente Valle; esta operación clandestina se llevó a cabo en los municipios de San Martín y Lanús.
En Suárez fueron fusiladas 12 personas: 5 murieron en el acto y 7 sobrevivieron para poder contar la historia. Años más tarde, Rodolfo Walsh lanzaba su libro Operación Masacre, que era nada más y nada menos que el primer informe periodístico de lo que había sucedido.

70 años de impunidad
Los días 17, 18 y 19 de junio de este año, empezó el juicio que buscaba que lo sucedido en el basural de Suárez hace 70 años fuera considerado como un crimen de lesa humanidad. En el Juzgado Federal N.° 2 de San Martín, los familiares de las víctimas, como parte de la querella, presentaron pruebas, testimonios y declaraciones, entendiendo que la impunidad biológica más el pacto de las instituciones burguesas de la democracia habían logrado de alguna forma la impunidad. Pero, de todas formas, era pertinente la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
El juicio finalmente fue trasladado al auditorio Hugo del Carril, ubicado en las inmediaciones de la masacre de Suárez. Y el 22 de junio, la jueza declaró como parte de la sentencia: “Declarar que Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Francisco Rojas, Juan Constantino Quaranta, Desiderio Fernández Suárez, Rodolfo Rodríguez Moreno y el personal a su cargo, resultan penalmente responsables de los hechos que di aquí por probados en el punto uno y calificados en el punto dos. Y establecer que la pena que les hubiera correspondido es la prisión perpetua”. Es decir, la impunidad biológica y judicial garantizó que al momento del juicio ninguno de los acusados pudiera cumplir de manera efectiva una pena.
Pese a este horror que sucede muchas veces cuando finalmente se llega a los juicios por los delitos cometidos, las familias, los sobrevivientes y la comunidad local finalmente lograron que se reconociera que fue un crimen de Estado.

