Súper RIGI y fondos buitre. El Gobierno acelera su agenda

Con la presencia del nuevo vocero presidencial Adrián Ravier para garantizar el quórum, el oficialismo busca avanzar en Diputados con dos proyectos centrales: un régimen de beneficios extraordinarios para grandes inversiones y el pago a fondos buitre por US$171 millones. Mientras Milei promete “libertad económica”, las iniciativas vuelven a poner en debate quiénes se benefician y quiénes pagan la crisis.

Una sesión clave para el modelo libertario

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión donde el Gobierno buscará aprobar dos proyectos considerados estratégicos para la administración de Javier Milei: el denominado Súper RIGI y el acuerdo para pagar a fondos buitre. Para garantizar el número necesario de legisladores, el oficialismo contará con la presencia de Adrián Ravier, flamante vocero presidencial, quien todavía conserva su banca por La Pampa.

La postal resume una de las prioridades de la Casa Rosada: mientras enfrenta cuestionamientos políticos por la situación de distintos funcionarios y una economía que sigue golpeando a sectores populares, busca avanzar con normas que prometen grandes beneficios a inversores y acreedores financieros.

El “Súper RIGI”: más privilegios para las grandes inversiones

El proyecto amplía el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), creado durante el primer tramo del gobierno libertario, pero orientado ahora a nuevas actividades vinculadas principalmente con industrias tecnológicas, infraestructura digital y sectores estratégicos.

La iniciativa apunta a otorgar beneficios fiscales y regulatorios por décadas para proyectos de inversión superiores a los mil millones de dólares. Entre los sectores alcanzados aparecen desarrollos tecnológicos, inteligencia artificial, centros de datos, energías renovables y otras actividades consideradas “de frontera”.

Desde el Gobierno lo presentan como una herramienta para atraer capitales y modernizar la economía. La discusión es otra: ¿por qué grandes empresas multinacionales recibirían estabilidad tributaria y ventajas especiales mientras el Estado reduce recursos destinados a salud, educación, ciencia y políticas sociales?

El modelo vuelve a apostar a la vieja receta de los beneficios hacia arriba bajo la promesa de que, en algún momento, esa riqueza “derramará” al resto de la sociedad.

La deuda eterna: pagar a los fondos buitre

El otro punto central del debate será la autorización del acuerdo para pagar US$171 millones a dos fondos buitre: Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund. El entendimiento busca cerrar reclamos judiciales derivados de acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda posteriores al default de 2001.

El Gobierno sostiene que cumplir con estos pagos permitirá despejar conflictos legales y mejorar la relación financiera internacional.

Sin embargo, la historia reciente de la Argentina muestra que los acuerdos con acreedores externos suelen tener un costo que termina trasladándose sobre las mayorías populares. La prioridad vuelve a estar puesta en garantizar el cumplimiento con los mercados mientras se mantiene el ajuste interno.

La bicicleta del poder: menos Estado para trabajadores, más garantías para inversores

La combinación de ambas iniciativas muestra con claridad la orientación económica del Gobierno.

Por un lado, se reduce el gasto público, se deterioran salarios y jubilaciones, y se limita la capacidad del Estado para intervenir en áreas estratégicas.

Por otro, se ofrecen condiciones excepcionales a grandes capitales y se destinan millones de dólares al pago de acreedores financieros.

La contradicción aparece en el centro del discurso libertario: mientras Milei denuncia privilegios, las nuevas leyes apuntan a construir un esquema donde las grandes empresas y los fondos de inversión tienen aseguradas reglas especiales.

Ravier y una señal política

La presencia de Adrián Ravier también tiene una lectura política. El economista, recientemente incorporado como vocero presidencial, será clave para que el oficialismo alcance el quórum necesario en una jornada donde busca mostrar fortaleza parlamentaria.

Su llegada ocurre además en un momento donde el Gobierno intenta recuperar iniciativa luego de semanas atravesadas por conflictos internos y cuestionamientos a figuras centrales del oficialismo.

La imagen es simbólica: un nuevo representante de la comunicación oficial bajando al recinto para sostener una agenda económica que mantiene el rumbo original del gobierno.

¿Inversión o entrega?

La discusión de fondo no es solamente legislativa. Es sobre el modelo de país. Mientras el Gobierno promete que los beneficios a las grandes inversiones traerán crecimiento, queda abierta una pregunta: ¿qué ocurre con los trabajadores  y los sectores populares que sostienen la economía cotidiana?

La experiencia argentina demuestra que los privilegios otorgados al gran capital no siempre se traducen en desarrollo social.

El debate por el Súper RIGI y el pago a fondos buitre vuelve a poner en escena dos proyectos enfrentados: uno que busca garantizar negocios para grandes grupos económicos y otro que reclama que los recursos del país estén orientados a las necesidades de la mayoría.

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