Mientras continúan los recortes en salud, educación, ciencia y programas sociales, el gobierno de Javier Milei avanza en una nueva apuesta para atraer capitales tecnológicos. A través de un artículo publicado en el Financial Times, el Presidente y Federico Sturzenegger plantearon la necesidad de crear un marco legal excepcional para las empresas de inteligencia artificial, con escasas regulaciones, beneficios especiales y hasta la posibilidad de reconocer “corporaciones no humanas” administradas por sistemas de IA. La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa un modelo basado en concesiones extraordinarias para las grandes empresas mientras se profundiza el ajuste sobre las mayorías populares.
Una invitación a Silicon Valley
En la columna publicada en el diario británico, Milei presentó a la Argentina como un destino ideal para el desarrollo de la inteligencia artificial. El eje central del planteo es evitar regulaciones estatales y ofrecer condiciones especialmente favorables para que las compañías tecnológicas se radiquen en el país. Entre las propuestas aparece la figura de las llamadas “corporaciones no humanas”, entidades gestionadas por agentes de inteligencia artificial que podrían operar bajo un marco jurídico propio.
El gobierno sostiene que la innovación tecnológica requiere libertad y baja intervención estatal. Según la visión libertaria, las regulaciones existentes en otras regiones del mundo estarían limitando el desarrollo de la inteligencia artificial, por lo que Argentina podría transformarse en un refugio para estas compañías ofreciendo reglas más laxas.
Beneficios para las corporaciones, riesgos para el país
La propuesta se inscribe en una orientación que el gobierno viene profundizando desde su llegada al poder: ofrecer regímenes de excepción a grandes inversores nacionales y extranjeros. El antecedente más cercano es el RIGI y sus variantes ampliadas, que garantizan beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante décadas para determinados sectores económicos.
La iniciativa podría convertir al país en una especie de “guarida tecnológica”, donde empresas globales encuentren ventajas fiscales y regulatorias que no poseen en otras jurisdicciones. La preocupación no pasa solamente por los impuestos, sino también por cuestiones vinculadas a la protección de datos, la responsabilidad legal de los sistemas automatizados, los derechos laborales y el control democrático sobre tecnologías cada vez más influyentes.
Tecnología sí, dependencia no
La discusión de fondo no es si la inteligencia artificial debe desarrollarse o no. La IA ya forma parte de transformaciones productivas, científicas y culturales que tendrán un enorme impacto durante las próximas décadas. El problema es bajo qué modelo se impulsa ese desarrollo.
Mientras países y bloques económicos debaten regulaciones para proteger derechos laborales, privacidad, transparencia algorítmica y soberanía tecnológica, el gobierno argentino parece dispuesto a recorrer el camino inverso: competir ofreciendo menos controles, menos impuestos y mayores facilidades para las corporaciones globales.
El país como laboratorio
La propuesta oficial también aparece en un contexto donde la inversión en ciencia y tecnología nacional continúa siendo golpeada por los recortes presupuestarios. Universidades, organismos de investigación y programas científicos enfrentan restricciones mientras el Ejecutivo busca atraer gigantes tecnológicos extranjeros con beneficios especiales.
La contradicción es evidente: se ajusta sobre investigadores, docentes y desarrolladores locales, pero se ofrecen ventajas extraordinarias a empresas multinacionales para que utilicen al país como plataforma de negocios. La apuesta no parece orientada a construir capacidades tecnológicas propias ni a desarrollar una industria nacional de inteligencia artificial, sino a convertir a la Argentina en un territorio atractivo para la acumulación privada de grandes corporaciones.
La discusión no debería plantearse entre regulación o libertad absoluta para las empresas, sino entre un modelo donde la tecnología quede subordinada a los intereses de los grandes capitales y otro donde el conocimiento científico, la innovación y la inteligencia artificial se desarrollen bajo control democrático, al servicio de las necesidades sociales y no de la rentabilidad de un puñado de tecnomagnates.
