El presidente de YPF, Horacio Marín, adelantó que la petrolera avanza hacia un nuevo esquema de precios para los combustibles donde los consumidores deberán adaptarse a las necesidades de la empresa. Bajo el discurso de la “eficiencia” y la “modernización”, el gobierno de Javier Milei y la conducción de la petrolera estatal profundizan una lógica de mercado que descarga los costos sobre trabajadores y usuarios mientras garantizan rentabilidad para las empresas energéticas.
“El cliente tendrá que ayudar”
Durante una exposición reciente, Horacio Marín explicó que YPF analiza implementar un sistema de precios variables según horarios y franjas de demanda. Según el titular de la petrolera, “el cliente tendrá que ayudar” para lograr un esquema más eficiente de comercialización de combustibles.
La idea apunta a que cargar combustible deje de tener un precio relativamente uniforme y pase a funcionar bajo criterios similares a los utilizados por aplicaciones o servicios privados: tarifas dinámicas, horarios “más baratos” y precios más altos en momentos de mayor demanda. Detrás del lenguaje empresarial aparece un objetivo claro: trasladar aún más costos y riesgos al consumidor.
Flexibilidad para abajo, ganancias para arriba
El planteo encaja perfectamente con la orientación general del gobierno libertario. Mientras se habla de “libertad de mercado”, lo que avanza es una transferencia constante de costos hacia las mayorías trabajadoras.
Con salarios deteriorados y transporte cada vez más caro, ahora los usuarios también deberían organizar sus horarios según la conveniencia de las petroleras para conseguir precios menos prohibitivos.
La lógica es conocida: el mercado fija precios, las empresas aseguran rentabilidad, y la población debe adaptarse como pueda.
El problema es que los combustibles no son un consumo de lujo. Son un insumo básico que impacta sobre transporte, alimentos, logística y prácticamente toda la economía. Cada aumento termina trasladándose al conjunto de los precios.
YPF cada vez más lejos de una función social
Aunque YPF sigue siendo formalmente una empresa con participación estatal, la orientación actual se aleja cada vez más de cualquier idea de planificación energética al servicio de las necesidades sociales.
Bajo el gobierno de Milei, la petrolera profundizó una política centrada en rentabilidad empresaria, expansión exportadora, flexibilización de precios y negocios vinculados a Vaca Muerta.
La discusión sobre el acceso popular a la energía quedó completamente subordinada a criterios de mercado y valorización financiera.
Incluso los discursos oficiales empiezan a presentar como “natural” que la población modifique hábitos cotidianos para acomodarse a las exigencias empresariales.
La energía como negocio
El nuevo esquema también deja expuesto un problema de fondo: la mercantilización creciente de recursos estratégicos.
Mientras el gobierno impulsa privatizaciones, desregulación y beneficios para grandes corporaciones energéticas, los usuarios enfrentan:
- aumentos permanentes,
- caída del poder adquisitivo,
- y tarifas cada vez más difíciles de sostener.
En paralelo, las petroleras continúan acumulando ganancias extraordinarias ligadas a la exportación y la dolarización de precios internos.
La supuesta “modernización” del sistema energético termina significando algo bastante concreto para millones: pagar más o adaptar su vida cotidiana para intentar pagar un poco menos.
¿Quién debe “ayudar” a quién?
La frase de Marín sintetiza bastante bien la lógica del modelo libertario. En lugar de discutir cómo garantizar acceso accesible a servicios esenciales, el planteo oficial consiste en pedirle a la población que “ayude” a las empresas ajustando sus consumos y hábitos.
Pero mientras los usuarios deben reorganizar horarios para cargar nafta más barata, las petroleras mantienen beneficios impositivos, ventajas regulatorias y márgenes de ganancia millonarios.
La pregunta entonces no es solamente cómo funcionará el nuevo sistema de precios, sino quién termina pagando realmente la “eficiencia” del mercado energético.
Y una vez más, todo indica que el costo volverá a recaer sobre trabajadores, sectores populares y clases medias golpeadas por el ajuste.
