El último “staff report” del Fondo Monetario sobre la economía argentina expone una realidad que le saca la careta al Gobierno y a su discurso de supuesta estabilidad. Tras la aprobación de la segunda revisión del programa vigente, el organismo internacional no solo validó la continuidad del ajuste, sino que lanzó una luz de alerta sobre el crecimiento del crédito otorgado por las fintech y las billeteras virtuales.
Según el reporte, este sector ha ganado terreno rápidamente y hoy representa un 15% del total del crédito bancario. Lo que preocupa al Fondo es el alto nivel de morosidad en estos préstamos de consumo, un fenómeno que alcanza niveles no registrados en las últimas dos décadas y que refleja la desesperación de millones de familias.
La preocupación del organismo internacional no nace de una sensibilidad humanitaria hacia quienes se ven obligados a endeudarse para sobrevivir. Acá, la cuestión es que el FMI teme por la conexión cada vez más estrecha entre estas entidades no bancarias, los bancos tradicionales y los fondos comunes de inversión, advirtiendo sobre un posible riesgo de contagio sistémico.
Para el Fondo, la prioridad absoluta es resguardar la estabilidad financiera y proteger los activos del sector bancario. Por eso exige una supervisión mucho más estricta sobre las billeteras virtuales, sin cuestionar jamás las causas estructurales que empujan a los trabajadores a este laberinto financiero.
El negocio de la supervivencia y la trampa de las tasas
Es fundamental identificar qué es lo que realmente ocurre detrás de este crecimiento de la morosidad. La entrada de miles de trabajadores a estos sistemas de crédito es, hoy en día, una de las únicas herramientas de supervivencia forzada por la pulverización de los ingresos. Actualmente, millones de personas utilizan los préstamos de las billeteras virtuales para comprar alimentos o enfrentar gastos cotidianos básicos ante la imposibilidad de llegar a fin de mes. Una dinámica que no difiere demasiado del crédito bancario tradicional, donde el uso de las tarjetas de crédito para costear la comida se ha convertido en una moneda corriente.
Aunque el Gobierno se jacta de una supuesta inclusión financiera, la realidad muestra que para más de dos millones de argentinos las fintech son la única opción de financiamiento disponible, cargando con tasas de interés imposibles de sostener en un mercado interno destruido.
El FMI, al pedir una mejor supervisión, apunta a disciplinar este mercado para proteger sus intereses, pero ignora deliberadamente que el alto nivel de mora es la consecuencia directa de una economía que destruye sistemáticamente el salario real. Mientras el costo de vida escala, las billeteras virtuales ofrecen el salvavidas (de plomo) que mantiene a flote a miles de hogares, aunque los hunde en un espiral de deudas impagables.
La receta de siempre: más ajuste para los trabajadores
El señalamiento sobre las billeteras virtuales es apenas una parte de las nuevas exigencias que el organismo presidido por Kristalina Georgieva le impuso al gobierno de Javier Milei. En ese mismo informe, el Fondo volvió a insistir con una reforma tributaria ultra-regresiva. El pedido exige que se amplíe el universo de trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, retrotrayendo la situación a los niveles de 2019. Esto significaría que cerca de dos millones de asalariados, que hoy no tributan, vuelvan a ver cómo su sueldo es confiscado por el fisco, agravando aún más su precaria situación económica.
En paralelo, el FMI reclama eliminar el régimen del monotributo, empujando a millones de trabajadores informales y precarizados a enfrentar cargas impositivas y previsionales que resultan inalcanzables. Esta exigencia es profundamente violenta en un país donde la informalidad es la norma. Además, el organismo exige la eliminación de exenciones en el IVA, lo que encarecería directamente el precio de los alimentos y artículos básicos, golpeando con más fuerza a quienes menos tienen.
Como si esto fuera poco, el Fondo insiste en la necesidad de reducir las retenciones a las exportaciones agrarias. Este pedido deja en claro qué sectores protege la burocracia de Washington: mientras se pide exprimir a los trabajadores con Ganancias e IVA, se plantea aliviar la presión fiscal sobre los sectores más concentrados de la economía. Esta hoja de ruta es la misma de siempre, un modelo diseñado por el capital financiero internacional que solo ofrece miseria para las mayorías y privilegios para unos pocos.
La necesidad de romper con el FMI
La aprobación de esta revisión, junto con el giro de U$S 1.000 millones, confirma que el gobierno de La Libertad Avanza no tiene voluntad de torcer el rumbo. Esas divisas, tal como ingresan, salen de las arcas del Banco Central para satisfacer los vencimientos de una deuda usurera que este mismo gobierno decidió convalidar. La crisis de reservas y el estancamiento económico demuestran que el plan de Milei y Caputo ha fracasado en sus propios términos, ya que ni siquiera el Fondo confía plenamente en la solvencia del programa frente a los riesgos políticos y sociales que se avecinan.
La continuidad de las negociaciones con el FMI es la garantía de un ajuste más violento. Por toda esta situación, se vuelve urgente dar un giro de 180 grados. Todos los recursos que actualmente se destinan a pagar intereses de deuda deben redireccionarse de manera inmediata a las necesidades sociales de la población. La ruptura con el Fondo Monetario y el desconocimiento de los acuerdos de ajuste son condiciones indispensables para terminar con este modelo de saqueo. La única salida posible a esta crisis se construye tomando distancia de los organismos internacionales de crédito para poner la economía al servicio de la clase trabajadora y las mayorías populares.
