En Santa Cruz, trabajar en la universidad pública ya no garantiza escapar de la pobreza. El cuerpo docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), particularmente en la sede Río Gallegos, enfrenta una situación salarial asfixiante en una de las provincias más caras del país. Mientras el Gobierno nacional profundiza el recorte sobre el sistema universitario, los ingresos de los trabajadores siguen muy por debajo del costo real de vida.
Los números son elocuentes. Para una dedicación exclusiva (40 horas semanales), los haberes se estructuran de la siguiente manera:
Profesor titular: percibe un básico nacional de $ 1.456.091, que con el adicional por zona regional asciende a unos $ 2.620.000.
Profesor adjunto: cuenta con un básico de $ 1.135.896, alcanzando los $ 2.044.000 en la Patagonia.
Asistente (Jefe de trabajos prácticos): su básico es de $ 975.510, rondando los $ 1.755.000 con el adicional.
Ayudante (Auxiliar de primera): percibe $ 814.961 de básico, lo que se traduce en unos $ 1.466.000 finales.
A primera vista, estas cifras podrían parecer elevadas en comparación con otras regiones. Sin embargo, en el territorio santacruceño el problema no radica en el salario nominal, sino en su poder adquisitivo frente a una estructura de precios desfasada. Actualmente, una familia en la provincia necesita entre $ 2 millones y $ 2,3 millones solo para cubrir la Canasta Básica Total. Si se añade el costo del alquiler, el presupuesto mensual necesario trepa por encima de los $ 2,7 millones. En pocas palabras: incluso un cargo de dedicación exclusiva apenas permite sostener un nivel de vida digno, y solo en el mejor de los escenarios.
Esta precariedad se agrava al observar la composición real de la planta docente. La mayoría de los profesionales no cuentan con dedicación exclusiva; por el contrario, predominan los cargos simples y semiexclusivos. Sus ingresos, sensiblemente menores, empujan a miles de trabajadores al pluriempleo para llegar a fin de mes. Así, tener varios trabajos ha dejado de ser una excepción para convertirse en una norma impuesta por la degradación salarial.
Desde una perspectiva política, lo que ocurre en la UNPA no es un hecho aislado. Forma parte de un ataque sistémico contra la universidad pública, la investigación y las condiciones laborales. El ajuste presupuestario, la licuación de los sueldos y la negativa a recomponer ingresos al ritmo de la inflación configuran una estrategia que busca vaciar el sistema universitario desde adentro.
En la región, el golpe es doble: no solo se perciben haberes insuficientes, sino que se vive en un entorno de costos extraordinarios. El adicional por zona patagónica, una conquista histórica de los trabajadores del sur, ha sido absorbido por el aumento persistente de alimentos, alquileres y servicios. Lo que debería compensar las condiciones particulares de la zona termina siendo insuficiente frente al encarecimiento generalizado.
Las consecuencias son tangibles: cátedras sostenidas con sobrecarga de tareas, profesionales formados que abandonan la carrera académica y equipos de investigación que se desarman. El deterioro salarial no solo castiga el bolsillo del docente; también erosiona la calidad educativa y la continuidad de las trayectorias académicas.
En este escenario, la defensa de la universidad pública exige más que declaraciones de ocasión. Requiere una recomposición salarial inmediata, actualización automática por inflación y un presupuesto acorde a las necesidades del sistema. Sin salarios dignos, no existe universidad pública posible. La crisis en Santa Cruz expone una verdad que el ajuste intenta ocultar: la educación superior no se sostiene solo con vocación, se sostiene con un trabajo que hoy está empobrecido. Defender la universidad es, ante todo, defender el derecho de sus trabajadores a vivir con dignidad.
Alejandro Schweitzer
profesor adjunto de Geografia e investigador principal de CONICET
